Las decisiones adoptadas por el senador bonaerense Eduardo Duhalde implican una transferencia de ingresos de 13 mil millones de dólares en favor de los sectores del poder económico más concentrado. Los principales favorecidos han sido los conglomerados extranjeros con intereses en el país, que se apropiaron de casi un tercio de esos beneficios extraordinarios. Luego, las empresas transnacionales, con algo más de una cuarta parte. Siguen los grupos económicos locales con un quinto. Con un séptimo del total fueron agraciadas las asociaciones entre los anteriores, creadas para la explotación de los servicios públicos privatizados. Quienes pagan esta nueva vuelta de la fiesta interminable son los ciudadanos acorralados, cuyos ahorros fueron convertidos en papel pintado, y el resto de los contribuyentes, incluyendo a aquellos que sólo pueden comprar una bolsa de leche o un paquete de yerba. A esto se reduce la declamada alianza con la producción, cuando se pasa de la retórica a los hechos. Esa cuantiosa masa de recursos transferidos a los ganadores del denostado “modelo económico” equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto y bastaría para que ni un solo hogar quedara por debajo de la línea estadística de pobreza.
El bando de Aguas
El cálculo es de mínima. El conjunto de los grupos locales tienen activos financieros en el exterior que duplican la deuda externa privada total, que se valorizaron en el mismo porcentaje en que el peso se depreció, y la mitad de la deuda que declaran los grupos extranjeros son autopréstamos de sus propias casas matrices. Así lo consigna una investigación del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, que se presentó ayer a la Asamblea celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por el Frente Nacional contra la Pobreza, por la Producción y el Trabajo para impulsar su propuesta de un shock redistributivo. Para los economistas de la CTA Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, la devaluación incentivó la disputa entre las distintas fracciones del bloque dominante. En vez de arbitrar entre ellas el gobierno potenció el conflicto, al concederle a cada una lo que reclamaba, siempre a expensas de los ingresos populares, dado el traslado de esta puja a los precios, mientras los salarios siguen congelados.
A la cúpula de los grupos empresarios locales y extranjeros les otorgó la devaluación, la pesificación de sus deudas en divisas con el sistema financiero local y la omisión de impuestos; al FMI, el régimen de flotación cambiaria, que hace depender al país del financiamiento externo y obliga a profundizar el círculo vicioso de ajuste y recesión; a los bancos, la estatización de la deuda privada pesificada y el mantenimiento de la administración privada del sistema jubilatorio. Y aún faltan las negociaciones con los prestadores privados de servicios públicos, que no sólo exigen un ajuste hacia arriba de sus tarifas sino también otro hacia abajo de sus compromisos de inversión y, sobre todo, el endoso al estado de las deudas que “dicen mantener con el exterior”. El presidente de la empresa que sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, Juan Carlos Cassagne, lo escribió con la prosa sutil de un bando militar: “El Banco Central de la República Argentina entregará a Aguas Argentinas U$S contra $ con la tasa de Cambio 1 U$S = 1$ para asegurar en los plazos previstos el servicio de las deudas de corto y largo plazo”. La deuda declarada por Aguas es de 600 millones de dólares y a la delegación que visitó a las autoridades para impulsar esa demanda se sumó el embajador Paul Dijoud, ex jefe del gobierno francés en el principado de Mónaco, donde desarrolló su método para tratar con figuras locales pintorescas, más dadas al placer que al deber. Europa, y dentro de ella Francia, son el principal aliado para eludir la absoluta dependencia de los Estados Unidos. Su utilidad sedesvanece si se pone en la cola para exigir su cuota en el reparto de subsidios.
Los 27 ganadores
El complejo análisis de los economistas se ciñe a los primeros 80 exportadores, cuyos ingresos en pesos se duplicaron con la devaluación; a los 80 primeros deudores del sistema financiero local, cuyos pasivos monetarios se redujeron a la mitad; y a los primeros 80 emisores de obligaciones negociables colocadas en el exterior. Entre exportaciones y deudas, esas empresas representan un tercio del Producto Interno Bruto. Una vez eliminadas las superposiciones, ya que un centenar de empresas figuran en dos o incluso los tres rubros, el cuadro se reduce a 139 empresas que, en total, capturan el subsidio de 13 mil millones. Luego las reagruparon según los grupos económicos locales o los conglomerados extranjeros a los que pertenecen. Entre los 27 nombres de esa selecta lista de ganadores no hay sorpresas. Ellos son: Repsol, Techint, Pérez Companc, Fate, Ford, Arcor, Fiat, Pescarmona, Renault, Garovaglio, Acindar, Bridas, Soldati, Yoma, Telefónica, Telecom, Roggio, Roemmers, Macri, Fortabat (Loma Negra), La Nación, Eurnekián, Cartellone, Backchellian y Clarín.
Atendido por sus dueños
Uno de los favorecidos por el senador Duhalde es el grupo Socma, que redujo a la mitad una deuda de 400 millones de dólares. El heredero del grupo, Mauricio Macri, se ilusiona con recoger parte de los despojos del movimiento fundado en 1946 por Juan D. Perón. El lunes, en compañía del ideólogo de la ultraderecha prodictatorial, Vicente Massot, Macri almorzó en la Fragata Sarmiento con el jefe de Estado Mayor de la Armada, Joaquín Stella, quien fantasea con que las cacerolas suenen a la puerta de su casa para reclamarle que imponga el orden. Los visitantes le expusieron su “Visión 2010”. El “documento confidencial” (sic), de una puerilidad estremecedora, fue elaborado en forma conjunta por la Fundación Creer y Crecer (que dirige el empresario Francisco de Narváez) y por la consultora estadounidense Booz, Allen & Hamilton. Contiene 60 cuadros en el programa Power Point, que como un organigrama castrense o una presentación de negocios propone construir “Un país normal para todos”. El apuro fue tan grande, que ni siquiera supervisaron la traducción al castellano. Por eso, se habla de “clusters” de empresas (por racimos) y al estado de derecho se lo llama “Reino de la ley” (transcripción macarrónica del Rule of Law anglosajón). De la catarata de generalidades y buenos propósitos de la Visión de Macri sólo sobresale el propósito de “desarrollar al menos diez grandes empresas argentinas que puedan competir con las mejores” y duplicar las exportaciones, de 30 a 60.000 millones de dólares, para lo que el grupo como es natural solicitará nuevos subsidios. Ya en tierra firme, Macri siguió distribuyendo su opus magna en el Banco Hipotecario, propiedad de otro de los impulsores de su carrera política, Eduardo Elsztain. Entre los asistentes estuvo Alejandro McFarlane, yerno de Hugo Anzorreguy, cuya designación en el directorio de Repsol es testimonio viviente de la corrupción y la impudicia que acompañó la transferencia de YPF a los españoles. Es verdad que el peronismo se cae a pedazos, pero de ahí al proyecto de un país atendido por sus dueños hay un tramo que el presidente de Boca nunca podrá recorrer.
Los chorrillos
Duhalde comenzó la semana en Tucumán, donde se recluyó a descansar en la estancia Los Chorrillos, propiedad del Grupo Peirano, que estaba al borde de la quiebra hace dos décadas, hasta que estableció en Asunción la agencia Cambios Guaraní, bajo protección de los sucesivos dictadores Alfredo Stroessner y Andrés Rodríguez. La dictadura oriental había encarcelado por unos días a su fundador, Jorge Peirano Facio, acusándolo por el vaciamiento del Banco Mercantil, que fue expropiado. Esto provocóla emigración a Buenos Aires de la familia, de origen genovés. Luego de un fallo judicial favorable, el primer gobierno de Julio María Sanguinetti lo indemnizó. Esa reparación y los negocios con la dictadura paraguaya fueron los puntos de partida de una compleja trama financiera y comercial que incluye al Banco Velox y los supermercados Disco en la Argentina; al banco Alemán en Asunción; al banco de Montevideo en el Uruguay; a los supermercados Santa Isabel en Chile, Perú, Paraguay y Ecuador; al redundante Trade & Commerce Bank en las islas Caimán y Uruguay; a Velox Investments en las Caimán; a Finanbras y Banlatin en Brasil; a Velox Servicios Financieros, Velox Inversiones y Banlatin en Chile; a Velox Casa de Cambios en Estados Unidos. En Uruguay está asociado con Bank Boston y Citibank para administrar las jubilaciones privatizadas. También participa en la terminal de ómnibus del Montevideo, en el Consorcio de Aeropuertos Internacionales y en la transportista de cargas Aerosur. Es decir, tiene todo lo que hay que tener para hacer lo que haya que hacer.
La jefatura del grupo la ejerce el abogado Juan Peirano Basso, de 52 años, graduado en Harvard. Su primo Ricardo, dirige el diario “El Observador”, vocero oficioso de la prelatura del Opus Dei de los sectores recalcitrantes de las Fuerzas Armadas orientales. Juan Peirano es socio de Techint en Siderar y fue uno de los pocos asistentes a la ceremonia privada con que fue sepultado Agostino Rocca II. El grupo también tiene una participación en Casa Piana. Hace tres meses la Comisión Nacional de Valores sancionó al Banco Velox con un apercibimiento por no presentar en tiempo sus balances.
La Comisión parlamentaria sobre el lavado de dinero le dedicó un capítulo y también hay abierta una causa judicial en la que personal del Banco de Montevideo reveló bajo condición de anonimato que la estructura financiera del Grupo Peirano fue utilizada para las operaciones de contrabando de armas a Ecuador y Croacia y de lavado de dinero y cobro de reintegros con las falsas exportaciones de oro a los Estados Unidos. El banco Velox era uno de los proveedores del oro y en el de Montevideo recibía las comisiones ilegales por las armas el teniente coronel Diego Palleros. Una línea punto a punto conectaba al Banco de Montevideo con el Banco Baires, por la que se ordenaban tanto las transferencias blancas como las negras, que luego seguían viaje a Nueva York.
En 1999 la inspección del Banco Central a Banco Velox había detectado sobre una muestra al azar que en la mitad de los casos “no se especificaba el concepto por el cual se producía la transferencia” de fondos al exterior. En cuatro de cada diez no se hallaron las instrucciones de los presuntos clientes para efectuar los giros. El expediente ya tiene 18 cuerpos, analiza operaciones sospechosas por casi diez mil millones de dólares en tres años y contiene un documento reciente de una agencia estadounidense de breve sigla, sobre el que se ha sentado, sin aliento, el director duhaldista, Ricardo Branda.
Los Peirano se especializan también en el lavado de imagen. En agosto de 2001, invitarona veinte ejecutivos de compañías agroindustriales y financieras a participar en un plan para la provisión de un millón de raciones diarias de comida a los pobres. El ideólogo de la devaluación, José Ignacio de Mendicurren, sugería que la distribución se hiciera a través de la red de Caritas. “Estamos hartos de las políticas liberales que crean pobres para que después la Iglesia los atienda”, replicó un semestre después el cardenal Jorge Bergoglio. Peirano volvió a presentar la idea al nuevo gobierno, con la invariable intención de substituir por un gesto de caridad el abominado pago de impuestos. En cuanto el ministro de Economía habló de aplicar retenciones a la comercialización externa de cereales, Peirano & Cia replicaron con el ofrecimiento de una contribución voluntaria, bendecida por la Mesa del Diálogo Argentino, de la que no participa Bergoglio sino su hermano Jorge Casaretto. Que Duhalde se dejehacer la cama por Peirano, nada menos que en la estancia Los Chorrillos, es toda una declaración de principios. Y un vaticinio de sus consecuencias: si el Estado no captura por medio de las retenciones al menos una parte de las rentas extraordinarias de la devaluación, el desfinanciamiento fiscal y la suba de precios desembocarán en la hiperinflación y el caos.
Fin de raza
Tan difícil de ocultar es este alineamiento oficial con el poder económico, que no alcanzó el aparato justicialista del conurbano bonaerense para darle algún calor a la presencia del presidente provisional ante la asamblea legislativa. El generoso cálculo de la Policía Federal, a cargo del hombre de confianza del canciller Carlos Rückauf, el Dandy Roberto Giacomino, indicó que diez mil fieles se habían congregado frente al Congreso y el gobierno pesificó esas cifras reales a 1,40. Aunque más carteles y banderas que gente intentaran disimularlo, es ostensible que esta política no atrae más que a los socios y a su clientela cautiva. Los convocantes fueron los mismos intendentes del conurbano que en diciembre le dieron el soplido de gracia a Fernando De la Rúa. Entre los señoríos bonaerenses se destacaron los que rigen Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Mario Ishii (quien desalojó a tiros a su antecesor en el municipio de José C. Paz), Aldo Rico (San Miguel), Hugo Curto (UOM-Tres de Febrero), Manuel Quindimil (Lanús), Hugo Guaux y Raúl Otahacehe (Merlo), Julio Pereyra (Florencio Varela), Adalberto del Negro (Ensenada), Néstor Juzwa (Berisso) y Alberto Balestrini (La Matanza). El factotum, entonces y ahora, fue Oscar Rodríguez, un ex colaborador de Victorio Calabró en la Legislatura bonaerense. Ex prefecto naval, era socio de un country en el que Duhalde jugaba al poker. Ese vínculo le abrió el camino hacia la intendencia de San Vicente, cuyo edificio reconstruyó con la estética de un shopping, para contento de su esposa, la senadora Mabel Muller, quien sentenció: “Le entra la luz como al Patio Bullrich”. Muy flaco, alto y cuidadoso de la estructura militante de su partido, Rodríguez es un hombre de pocas pero sentenciosas palabras, lo cual lo ayuda a manejar su contradicción principal. En los términos esquemáticos de un compañero suyo: “Es facho pero viene de familia judía”. Su designación en la SIDE, como segundo del hombre de José Manzano en el Comahue, Carlos Soria, lo ha dotado de recursos para llevar a la práctica algunas fantasías que ambos personajes imaginan idóneas para desactivar la movilización popular que exige cambios de fondo. Una fue el rugido de ratón del Congreso el viernes; otra, las versiones acerca de levantamientos militares y temibles golpes de Estado.
Los demócratas
Mientras la Unidad Básica 25 de Mayo prepara esas campañas, Raúl Alfonsín recita su letanía acerca de la inminencia del caos, que haría inconveniente confrontar con la alianza bonaerense a cargo del gobierno. Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del martes, sugirió que las organizaciones no gubernamentales interesadas en la reforma de la justicia fueran recibidas por la presidencia de la Comisión y los senadores que lo desearan y que sus propuestas se presentaran por escrito. “Eso sería suficiente como para no tener que recibir a todos”, dijo, según la versión taquigráfica. El plenario de la Comisión no puede recibir “a cuanta organización quiera venir a exponer”, coincidió el senador Eduardo Menem, preocupado por “no sentar un precedente”. “Esto se puede transformar en un show que no tiene nada que ver con la participación”, agregó Alfonsín. “Si vamos a hacer una manifestación de éstas en todas las comisiones para conocer lo que pretenden seguramente cientos de organizaciones que serían recibidas, no vamos a poder trabajar. Debemos ser eficaces.” La presidenta de la Comisión, Cristina Fernández de Kirchner comenzó a responderle. Dice la versión taquigráfica: “No sealcanzan a percibir las palabras del señor senador Alfonsín, quien habla fuera de micrófono.
Sra. Presidenta. . Es imposible no concederle la interrupción a usted, porque sigue hablando aunque no se la dé”.
Alfonsín dijo que estaría dispuesto a que “un día vengan todas las organizaciones, estamos reunidos tres horas y se acabó”. Al terminar la sesión tanto Menem cuanto Alfonsín se declararon preocupados de que algún diario publicara que se habían opuesto a la participación, justo ellos, los padres de la Constitución de Olivos.
En la sesión del Senado del lunes 21, Alfonsín ya había formulado graves acusaciones a periodistas y medios de comunicación. Como no los identificó, sus diatribas caen sobre toda la actividad. Les atribuyó una “prédica falaz y canallesca contra la política” y se pronunció en favor de un código de ética profesional en la prensa para “castigar a estos sinvergüenzas que incitan al odio, a la violencia”, dicen “mentiras” y son “canallas”. Con citas de Benito Mussolini (previas a la toma del poder) solicitó que el derecho de expresión y el de reunión fueran limitados y acusó de “sedición” a quienes manifiestan en las calles contra la degradación de la política.
El Mayor Peligro
Estas palabras, sumadas a las agresiones por matones armados contra las asambleas de vecinos en el conurbano, obligan a una distinción cuidadosa entre los riesgos reales de involución autoritaria y los fantasmas impulsados desde el propio gobierno para intimidar la movilización popular. De la Rúa, Ramón Puerta y Duhalde consultaron al Ejército acerca de la posibilidad de control castrense del conflicto social. Sólo es posible defender al presidente en caso de un ataque a la Casa Rosada o el Polideportivo de Olivos, fue la respuesta. El general Ricardo Brinzoni dijo en una arenga en el aniversario de Caseros que el Ejército “no tiene misión ni vocación ni medios ni entrenamiento para reemplazar a la policía”. En un reportaje con el diario La Nación agregó que “hoy no existe el partido militar. Los problemas del país los tienen que resolver los políticos que son los llamados a esa responsabilidad”. Acerca de las reiteradas alusiones de Duhalde a disolución o guerra civil, dijo que “todos deberíamos ser más cuidadosos en el uso de las palabras para no sembrar pánico cuando no existe la posibilidad de esas cuestiones”. Un analista militar que habló con reserva de su nombre dijo que la verdadera preocupación castrense es cómo actuar si en algún momento una manifestación desarmada intenta tomar un cuartel, evento de alta improbabilidad. La pregunta de qué hacer en ese caso fue formulada en diciembre por personal de la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo a su entonces director, el ahora general Roberto Adrián Brinzoni, hermano menor del Jefe de Estado Mayor. La respuesta fue: sólo abren fuego si voltean el alambrado e ingresan.
De 1930 en adelante nunca hubo una intervención castrense sin fuerte apoyo no sólo del poder económico, sino también de vastos sectores de la sociedad. La punta de lanza fue en todos los casos la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la organización internacional que con admirable habilidad logró hacer pasar sus propios intereses e ideología por los de la Nación y emplear a su servicio a las Fuerzas Armadas como espada sin cabeza. Nada de eso ocurre hoy, cuando el Episcopado se desgasta en una operación de rescate institucional y sólo marginales como el carapintada coronel retirado José Bilbao Richter insisten en la vieja obsesión dictatorial. El verdadero peligro no es un golpe militar, sino las tentaciones de una clase política que, como Alfonsín y Menem, no quiere sentar el precedente de escuchar a la sociedad. En definitiva, una noche es suficiente para que el Poder Legislativo reforme las leyes de defensa nacional y seguridad interior y declare el estado de sitio, y el PoderEjecutivo ordene a las Fuerzas Armadas que hagan aquello para lo cual hoy no tienen ni vocación ni medios. Las conducciones castrenses que ensangrentaron el país están en retiro y, su cúpula, bajo arresto. En cambio siguen en actividad, clamando contra el derecho de reunión y la libertad de expresión, los mismos que en 1985 ordenaron arrestos sin declarar el estado de sitio y en 1989 incluyeron a las Fuerzas Armadas en un Consejo de Seguridad y les encomendaron realizar inteligencia interior, ambas actividades prohibidas por la ya vigente ley de defensa. Allí está el Mayor Peligro.