La Sala I de la Cámara Federal entró en la cuenta regresiva para definir si Mauricio Macri debe ir o no a juicio oral por las escuchas telefónicas que afectaron, entre otros, al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, y a su cuñado, Daniel Leonardo. Mientras el jefe de Gobierno porteño ayer estaba de gira por San Juan, en una audiencia oral de 15 minutos sus abogados le pidieron al tribunal que confirmara una resolución del juez Sebastián Casanello que decía que todavía no se agotó la investigación como para dar por probada su participación en la red de espionaje. “No hubo ni hay ninguna prueba en su contra”, enfatizó el defensor Ricardo Rosental.

Los mismos jueces que tendrán que resolver el planteo de Macri (Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) son los que a mediados de 2010 confirmaron su procesamiento como parte de una asociación ilícita dedicada a pinchar teléfonos (desde la estructura del gobierno porteño) en la que tenían un papel fundamental el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el espía Ciro James, y en la que luego terminó también implicado el ex ministro de Educación Mariano Narodowski. Los tres, junto con el ex juez de Misiones José Rey (destituido por este caso), su secretaria Mónica González y cinco policías de esa misma provincia, ya están –a diferencia del líder de PRO– encaminados hacia el juicio oral. Según Casanello, en el caso de ellos las pruebas bastaban; en el de Macri sostuvo que no eran suficientes y que no había evidencias que lo involucraran de manera directa con las pinchaduras.

Por la apelación del fiscal Jorge Di Lello y de Burstein, la discusión llegó a la Cámara. El primero dijo que está “hartamente probada la relación directa de Macri con Palacios, aún más allá de sus respectivas funciones” y que la decisión de Casanello había sido “antojadiza”. El abogado de Burstein, Roberto Boico, también planteó que la resolución del juez (quien anuló la acusación y cierre de la investigación respecto de Macri) no encuadraba en ninguna norma legal y que no podía seguir pidiendo pruebas cuando estaba cerrada la instrucción. El fiscal de Cámara Germán Moldes apoyó la postura de que el jefe de Gobierno fuera a juicio con el resto de los implicados. Para todos ellos existe un grado de sospecha suficiente como para que el dirigente PRO vaya a juicio.

La audiencia de ayer transcurrió en una sala pequeña de la Cámara Federal, donde únicamente habló el abogado Rosental. “Desde siempre sostuvimos que no hubo ninguna prueba” respecto de Macri, dijo. “Estamos igual que cuatro años atrás”, señaló. Todo lo que a su entender hay en el expedientes son “conjeturas”, pero no “hechos” puntuales que se le puedan adjudicar al jefe de Gobierno, como reuniones con otros implicados o llamados telefónicos. Sólo existen, se quejó, “conjeturas” y “sospechas” de que podía tener “interés” en escuchar a Leonardo y a Burstein. “Se habla de asociación ilícita en el seno de la (policía) Metropolitana que ni siquiera existía en ese momento, sino hasta después de seis meses o un año”, dijo Rosental. Y explicó que cuando el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, declaró, aseguró que “Macri no tuvo injerencia en el armado de la Policía Metropolitana”. “Hay una acusación sin fundamentos”, insistió. Pidió, de este modo, que se confirme la resolución de Casanello, aunque dijo que su apuesta de máxima es el sobreseimiento.

La trama del espionaje se conoció en octubre de 2009, cuando fue revelada por Página/12, unos días después de que la hija de Burstein recibiera en su casa un llamado en el que le advertían que a su papá lo estaba escuchando el Fino Palacios. Burstein se oponía desde hacía tiempo a la designación de Palacios al frente de la policía porteña, porque lo vinculaba con el encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que terminó procesado. La Metropolitana recién estaba empezando a funcionar, pero en la causa se constató que su armado había comenzado el año previo, y coincidía temporalmente con el desarrollo de varias escuchas, entre ellas las de Leonardo. El juez Norberto Oyarbide, que hizo la investigación cuando era subrogante, dio por probado que había un circuito para realizar las escuchas utilizando a la propia SIDE. Se armaban causas judiciales truchas, donde por ejemplo Burstein aparecía vinculado en una causa de homicidio y le pinchaban el teléfono. Las grabaciones las retiraba James de la Secretaría de Inteligencia y sistemáticamente se comunicaba con Palacios en medio de esas diligencias. James también tenía más de medio centenar de llamadas con Narodowski, quien lo había designado como asesor en la cartera educativa (donde no hay registros de algún trabajo suyo) a modo de pantalla. Casanello dijo que restaban hacer algunas medidas de prueba y por eso le tomó declaración a Montenegro, quien dijo que él se ocupó de la Policía Metropolitana y las designaciones. También quiso investigar quién monitoreaba a Leonardo (ex marido de Sandra Macri), ya que Franco Macri, el padre de Mauricio, dijo que él lo había mandado a vigilar a través de una empresa norteamericana, con lo cual desligaba en parte a su hijo. Como estas medidas son recientes, es posible que la Cámara no las analice. Los jueces Farah y Ballestero escucharon y grabaron la audiencia, que podrá ahora ser escuchada por Freiler, que faltó con parte de enfermo. La resolución podría ser firmada la semana que viene.