El 29 de mayo será una fecha clave para dos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Ese día se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy en la causa que se sigue contra dos ex militares y cuatro ex guardiacárceles por detenciones ilegales, tortura y homicidio contra siete detenidos de-

saparecidos. En tanto, en Tucumán se dará a conocer la sentencia por el secuestro y homicidio en 1978 del militante cordobés Osvaldo Sigifredo De Benedetti.

El juicio contra seis imputados en Jujuy, el segundo en la provincia por delitos de lesa humanidad, comenzó el 4 de septiembre del año pasado y tiene como acusados a los ex guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez. También están enjuiciados el ex sargento del Ejército, César Darío Díaz, y el ex oficial Antonio Orlando Vargas, quien ya fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio en mayo de 2013.

La causa busca establecer la responsabilidad de los seis acusados en torno de los hechos ocurridos entre fines de mayo y el 10 de junio de 1976, entre los que se encuentran los delitos de detenciones, torturas y homicidio. Las víctimas de lo ocurrido son los detenidos desaparecidos Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.

Alvarez de Scurta fue la única cuyo cuerpo fue hallado, inhumado como NN, en el cementerio de Yala. Su cadáver fue reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

El tribunal escuchó ayer las últimas declaraciones de cinco de los seis imputados, quienes negaron su participación en los hechos investigados. Luego de la audiencia, la querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo, explicó que los cinco acusados “reafirmaron el pacto de silencio” en torno del paradero de las víctimas. “La expectativa era que hablen y digan dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos luego de casi 40 años, eso era”, señaló.

Esas expectativas no encontraron una respuesta. Uno de los acusados incluso pidió que, de ser condenado, la cárcel quede cerca de sus familiares. En ese sentido, la querellante Paula Alvarez Carrera indicó que los imputados “se victimizaron” y que “lo único que hicieron algunos fue hacer referencia a la religión, frente a la contundencia de las pruebas que se produjeron en el juicio”.

Desde la prisión de Ezeiza, donde se encuentra, Vargas insistió mediante videoconferencia en que las víctimas de la dictadura “no pasan de ocho mil hombres”, incluyendo las muertes producidas antes del 24 de marzo de 1976, mientras que Carlos Ortiz sostuvo: “Pongo mi vida al servicio del Señor”.

En tanto, Zárate pidió a los jueces “que sean justos en el veredicto” y, en la misma línea, Gutiérrez solicitó que “se haga justicia”. Finalmente, Díaz aseguró: “No tengo nada que ver con esto”. El próximo 29, antes de que se conozca la sentencia, Orlando Ortiz tendrá la oportunidad también de decir sus últimas palabras.

En el caso del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, ayer se escucharon las últimas declaraciones testimoniales y los alegatos. Allí son juzgados, por el asesinato de De Benedetti, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro, Alberto Carlos Lucena, Ariel Rolando Valdiviezo y Camilo Angel Colotti.

El 3 de julio de 1978, el militante cordobés del PRT-ERP habría sido trasladado desde Córdoba a San Miguel de Tucumán, según aparece en la causa. Allí fue ingresado vivo en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza de la capital provincial. Sin éxito, sus padres intentaron conseguir información sobre él hasta que les informaron que había sido asesinado en un supuesto enfrentamiento durante un presunto intento de fuga.