Después del robo de cables de teléfono, de postes de luz, de placas de bronce y de tapas para las bocas de tormenta llega una nueva estrella: el robo de kilómetros de vías. Lo insólito es que, si se comprueba una acusación del Estado a la que tuvo acceso exclusivo Página/12, el robo fue cometido por concesionarios que debían explotar el ferrocarril en lugar de desguazarlo.
La denuncia partió del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), que se encarga de cuidar las propiedades del Estado nacional. El Onabe centraliza los bienes que quedaron en manos del Estado luego de la privatización de los ramales ferroviarios y la totalidad de los bienes fiscales en desuso o con necesidad de un aprovechamiento más racional o un proceso de venta transparente y ventajoso para el Tesoro.
Cuando se hizo cargo del Onabe su nuevo director ejecutivo, Fernando Suárez, a quien acompaña en la gestión Carlos Lorges, decidió observar detalle por detalle cómo era cada una de las operaciones, según explicaron ayer funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio de Vido.
Lo que seguramente no imaginaron era que el despiece del Estado que comenzó con las privatizaciones de los años ‘90 no era solo un modelo sino una labor permanente y concreta que llega hasta el último rincón de la Argentina.
Así surge de la denuncia hecha por el Onabe, con firma de su gerente de Asuntos Jurídicos Rafael Enrique Llorens, ante el juez federal de Paraná Aníbal Ríos.
El 23 de julio, la policía entrerriana descubrió que un camión transportaba 75 rieles de seis metros de largo como promedio levantados de la Estación Belgrano, en Santa Fe. Cuatro personas fueron detenidas. Luego, funcionarios del Onabe constataron que en María Grande, Entre Ríos, grupos que aparentemente no tenían contacto con el gobernador estaban levantando vías y durmientes en nombre de la empresa Servicios Ferroviarios de Chaco (Sefecha). La Gendarmería detuvo a un camión cargado de material ferroviario en el puente Victoria-Rosario, la construcción nueva sobre el río Paraná. Para sorpresa de los gendarmes, el chofer exhibió un remito primitivo, como si transportara cartón usado en lugar de rieles. Y para sorpresa del Onabe cuando conoció la noticia, el material no viajaba al interior para ser utilizado en otro ramal sino a una chatarrería de la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con un contrato al que tuvo acceso Página/12, Sefecha, representada por Manuel Emilio Vecchi, y la cordobesa Ferrocarriles Mediterráneos, Femed, de Julio Leónidas Badra, firmaron un acuerdo por el que Femed fue autorizada ilegalmente a levantar un ramal entero, que en la jerga ferroviaria se llama “El Pingo-Crespo”, para entregarles la piezas a Sefecha.
La sospecha apareció cuando el organismo constató que había diferencias entre el material levantado del ramal y el material efectivamente trasladado a Fontana, Chaco, sede de Sefecha. Cuando Daniel Pires, coordinador de Resguardo y Seguridad del Onabe, investigó la existencia de un posible desvío, registró que la mayoría del material era trasladado a Buenos Aires. Solo una pequeña parte iba al Chaco.
Un funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó a este diario la proporción. Cuando se descubrió la irregularidad los autores del robo habían levantado ya 12 kilómetros sobre 40 totales. Cargaron el material y mandaron solo cinco al Chaco, mientras 12 camiones llegaron a dos chatarrerías de la Capital Federal.
El negocio es interesante porque los rieles que llegaron a las chatarrerías no estaban en desuso. Se trata de rieles de última generación, de acero, colocados hace alrededor de 20 años y, según lostécnicos, con poco más de un año de uso real porque el ramal dejó de funcionar. La secuencia del robo, el blanqueo y el reciclado del material era así:
- El ladrón vendía el material a 125 pesos la tonelada de chatarra.
- Un kilómetro de vía pesa 74 toneladas.
- Un kilómetro podía venderse a 9250 pesos.
- Cuarenta kilómetros representaban un valor de 370 mil pesos.
- Cuando el Onabe cortó el robo ya se habían vendido 12 kilómetros por un valor de 111 mil pesos.
- Un kilómetro de riel instalado, incluidos los durmientes, cuesta 100 mil pesos, casi diez veces más que el kilómetro a precio de chatarra.
- El Onabe aún no estableció el valor real de un riel casi nuevo. Con situarlo a mitad de camino entre el valor de chatarra y el del riel instalado se estaría llegando a un precio de 50 mil pesos el kilómetro, dos millones de pesos para los 40 kilómetros.
- La Justicia busca determinar ahora si de las chatarrerías el material, como casi no tenía uso, seguía su marcha hacia alguna de las grandes acerías, de donde a su vez podía ser reciclado o revendido a un concesionario de otra región del país.
“Autores y copartícipes prima facie de la maniobra resultan tanto los directivos de la empresa Sefecha SA como los de la empresa Femed SA”, dice la denuncia judicial del Onabe ante Ríos.
Llorens afirma en su presentación que llegó a esa conclusión porque entre las dos empresas “se habría suscripto un convenio privado en virtud del cual la primera autoriza a la segunda a retirar la cantidad de 6200 toneladas de material de descarte como pago del servicio de levantamiento que efectuaba”. Ese es el acuerdo ya mencionado entre Sefecha y Femed. Llorens puso que “se habría suscripto” porque, según su escrito, el Onabe recién se enteró del arreglo cuando la policía dijo haber investigado su existencia. La fotocopia entregada por la policía entrerriana forma parte del sumario que instruye Ríos.
El abogado del Onabe dijo al juez que “el material no utilizable es de propiedad del Estado nacional” y que “solo puede considerarse material de rezago una vez realizada la pericia correspondiente por parte del personal del Onabe conforme lo establece la normativa vigente”.
El material lo compró una chatarrería que habitualmente participa en remates del Onabe.
Llorens pidió la prisión preventiva de los sospechosos por el artículo 167, inciso primero, del Código Penal, que pena con cárcel de tres a diez años el robo en despoblado, y el 174, inciso quinto, que pena con prisión de dos a seis años a los culpables de defraudación a la administración pública.
La sospecha del Onabe es que la operación no pudo hacerse sin conocimiento de funcionarios provinciales y empresas ligadas con la comercialización de material ferroviario. Se trata nada menos que de 17 camiones, cada uno de ellos cargado con rieles por un peso de entre 20 y 30 mil toneladas. Los técnicos del Onabe aseguraron a Página/12 que no se trata de una carga habitual ni de un volumen corriente en las rutas del litoral del país.