El Diálogo Argentino concluyó el pasado jueves su primer mes y medio de trabajo después de haber entrevistado a más de mil personas y un centenar de organizaciones en pos de encontrar propuestas y consensos, emitiendo un documento que, bajo el título “Construir la transición”, no se limita a consideraciones generales sino que aterriza sobre una serie de propuestas de acción especialmente en el campo socio-laboral-productivo, pero también en educación, salud, justicia y reforma política. Arribar a sugerencias concretas fue el propósito que se trazaron con toda claridad los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Staffolani para que la iniciativa no quedara apenas en tanteos y acercamientos, sino que impulsara de manera decidida hacia la solución de los problemas que enfrenta el país. En esta estrategia también estuvieron de acuerdo el representante de Naciones Unidas, Carmelo Angulo, como los delegados del gobierno en la Mesa, Antonio y Juan Pablo Cafiero, y el diputado José María Díaz Bancalari.
El jueves el documento estuvo en manos del presidente Eduardo Duhalde. Al día siguiente el mandatario hizo suyos buena parte de los argumentos expresados en el texto de la Mesa del Diálogo para alimentar su propio discurso ante el Congreso. Esta ha sido hasta el momento la estrategia de Duhalde ante la Mesa del Diálogo y frente a los obispos. Acepta de buen grado todo lo que se le plantea, lo agradece y hasta incorpora a su propia argumentación lo que se le señala como fruto del consenso que se va obteniendo en el diálogo. Sin embargo, también aquí –como en otros aspectos de la gestión– el Gobierno sigue mostrando incapacidad para traducir esas demandas en decisiones ejecutivas. “Nosotros podemos llegar hasta aquí”, confió una fuente cercana a los obispos, para señalar que no le corresponde ni a la Mesa del Diálogo ni a la Iglesia avanzar más allá de las propuestas que han hecho. El propio texto difundido el jueves así lo señala al decir que la Mesa “espera que los acuerdos alcanzados sean instrumentados con urgencia a través de las medidas correspondientes en los ámbitos de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, y los poderes descentralizados que correspondan”.
Que las propuestas más concretas y prácticas hayan surgido en el ámbito socio-laboral-productivo guarda una estrecha relación con el diálogo fluido que Alfredo Atanasof mantiene con los obispos y los técnicos y con el compromiso que el ministro de Trabajo pone en ese frente. La disposición de los otros ministros ha sido ciertamente menor y las mayores dificultades se encuentran para encauzar la reforma política, donde se hace muy difícil salir de los principios generales y los buenos propósitos.
Entre los representantes de la Iglesia produjo mucha satisfacción la promesa de los sectores exportadores del campo de hacer un aporte voluntario de aproximadamente el 5 por ciento de las exportaciones, para que sea volcado a planes sociales. “Estos son los gestos que esperamos”, aseguró una fuente eclesial. Se estima que la contribución alcanzaría a 1500 millones de pesos que no serían entregados al Estado, sino que se constituiría probablemente un fondo fiduciario para administrarlo con participación de representantes de la sociedad civil. Este es uno de los resultados concretos importantes del Diálogo, pero para obtenerlo trabajaron intensamente los propios integrantes de la Mesa, incluidos los obispos, y bastante menos el Gobierno.
La misma Mesa está avanzando ahora en la implementación de un acuerdo con los bancos para la puesta en marcha de subsidios mediante la utilización de tarjetas magnéticas que permitan una distribución racional y controlada. Para completar la primera etapa de la emergencia, dicen, se necesitan aproximadamente 2500 millones de pesos. El saldo debería venir de las retenciones a las exportaciones de petróleo. Hasta aquí la Mesa cerró un primer capítulo, elevó propuestas concretas y movilizó incluso acciones ejecutivas. Los obispos ratificaron su decisión de continuar trabajando, pero también han dejado en claro que para producir cambios es necesario que todos asuman “la propia responsabilidad”, un mayor compromiso de todos los actores, incluido el Gobierno, para traducir lo que se avanza en políticas públicas, políticas de Estado y en medidas ejecutivas. De los contrario, todo lo realizado no será más que otro buen documento.