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Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y Robert Goldman, relator de ese organismo para la Argentina, estuvieron en el país una semana. Mantuvieron entrevistas con autoridades nacionales y visitaron Santiago del Estero, donde quedaron impactados por la situación crítica, que, aseguraron, representa un “profundo deterioro del estado de derecho”. Mientras estaban allí, tuvieron que echar a un policía de civil que se había infiltrado en una reunión con Organizaciones No Gubernamentales. También siguieron de cerca los avatares de las leyes de impunidad, sobre las que el organismo internacional dijo hace más de diez años que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos creen que el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Barrios Altos, en Perú, que rechaza las leyes de amnistía, es un precedente que la Corte Suprema argentina no puede pasar por alto. Y aunque evitaron pronunciarse directamente sobre la actitud del gobierno español, que no reclamó a los 40 represores pedidos por el juez Baltasar Garzón, Cantón señaló que “la no extradición no puede ser utilizada como una excusa para perpetuar la impunidad”.
–La semana pasada se manifestaron a favor de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Santiago Cantón: –Dijimos que apoyamos la política del Gobierno de acabar con la impunidad.
–¿Cómo analizan el rechazo de España a los pedidos de extradiciones?
S.C.: –Eso escapa a nuestro mandato. Para nosotros las leyes de amnistía y punto final son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto las de la Argentina, como las de El Salvador u otros países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho en el caso Barrios Altos de Perú y ésa es nuestra posición. La no extradición no puede ser utilizada como una excusa para perpetuar la impunidad. No puede haber impunidad.
Robert Goldman: –No quisiera formular comentarios sobre lo que hacen los españoles, pero a mi juicio siempre es, en principio, mejor que se juzgue a las personas en el lugar donde acontecieron los hechos. Es mejor para la Justicia, para romper con el pasado, aparte de que es donde están todos los testigos. Creo que la decisión de España no va a complicar la situación.
–Pero aún falta el fallo de la Corte Suprema sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
R.G.: –Obviamente la Corte tiene el caso en el que falló el juez Gabriel Cavallo. Creo que ha habido muestras importantes de la dirección, en el fallo sobre (Jorge Rafael) Videla (en el que se resolvió que las apropiaciones de bebés no eran cosa juzgada). Creo que es inevitable que haya una renovación en la Corte, es un proceso que está encaminado en este momento. No es un secreto que llegaron a la Comisión muchas denuncias sobre la calidad de justicia y en particular sobre una Corte que fue bastante adicta al oficialismo. Pero creo que esto está en un proceso de cambio. No tengo información sobre lo que va a hacer la Corte en relación con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero cuando la Corte Suprema falló ratificando la constitucionalidad de las leyes, la situación no era la misma. Ahora tenemos una decisión de Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las leyes de amnistía en el caso Barrios Altos, que consolidó la jurisprudencia que desarrolló la Comisión durante años y que es un elemento nuevo que la Corte Suprema tiene que considerar. Esto va a tener un impacto. Y la coyuntura política también cambió.
–¿Se reunieron con algún miembro de la Corte?
S.C.: –Nos reunimos con (Juan Carlos) Maqueda. Discutimos distintos aspectos sobre el seguimiento de casos y el informe de la Comisión del año 1992 (en relación con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final). Elexpresó su amplio conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos y de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana. Como dijimos, hay que tener en cuenta que, de la última decisión de la Corte Suprema en relación con las leyes de amnistía a la fecha ha habido un cambio con el caso Barrios Altos y también está el valor que le dio la Constitución argentina al Pacto de San José de Costa Rica y consecuentemente al sistema interamericano de derechos humanos.
–¿A Santiago del Estero fueron por algún tema puntual?
S.C.: –Fuimos por informaciones que indicaban que la situación era compleja desde el punto de vista del Poder Judicial. Realmente lo que vimos es muy terrible. Como dijimos en la conferencia de prensa, falta de independencia del Poder Judicial, demora injustificada, denegación de justicia, falta de debido proceso, abuso policial, existencia de grupos armados al margen de la ley, limitaciones a la libertad expresión, falta de transparencia en la administración pública, impunidad, dificultad de acceso a la Justicia, nombramiento de jueces con procedimientos que plantean serias dudas sobre su independencia. Todo eso ha llevado a un profundo deterioro del estado de derecho, afectando seriamente la vigencia y protección de los derechos humanos de los habitantes de Santiago del Estero. La Comisión insta a las autoridades a que de manera inmediata tomen acciones concretas. Hay grupos parapoliciales o como se los llame que están desplazando a la gente de las tierras. La situación es increíblemente grave.
R.G: –Es la situación más dramática que he visto en las provincias. Después de veinte años del retorno de la democracia la gente de toda clase tiene miedo de hablar y criticar. Es inaceptable.
–¿Cómo se interiorizaron en la situación? ¿Recogieron testimonios?
S.C.: –Tuvimos varias reuniones con académicos, entidades civiles, colegio de abogados. En la reunión con las ONG había un policía, que estaba infiltrado. Yo les dije a todos los presentes: “Señores, tengan tranquilidad que esta reunión es en absoluta confidencialidad”, como es el mecanismo habitual de la Comisión. Y una de las personas que estaba allí dijo “entonces díganle al policía ese que está ahí si se puede retirar”. Cuando todo el mundo lo miró, el policía se levantó y se fue.
–¿Vieron a los familiares de las dos chicas asesinadas?
S.C.: –Estuvimos con el padre de una de las chicas del doble crimen y es desgarrador las cosas que cuenta. Les han sacado al juez, el juez de la causa no es el juez natural, no avanzan nada. Es terrible.
–El ministro de Justicia habló de la posibilidad de intervenir el Poder Judicial provincial.
S.C.: –Hablamos de eso con las autoridades nacionales pero eso no es competencia nuestra. Nosotros simplemente estamos diciendo que la situación es gravísima, que el Poder Judicial no es independiente, hay abuso policial, hay de todo.
–Pero es un problema que excede al Poder Judicial y que involucra al gobierno provincial, que lo controla.
S.C.: –Obviamente. El tema es que el Poder Ejecutivo tiene control absoluto sobre el Judicial y el empleo en esta provincia es meramente público, por lo tanto, quien quiere hacer algo distinto es echado del trabajo y no tiene posibilidad de conseguir otro. Hay gente que nos decía “hoy estoy declarando ante ustedes y no sé si mañana voy a tener trabajo”.
–Goldman fue relator para la Argentina durante ocho años y ésta es seguramente su última visita en esa función ya que se vence su mandato. ¿Cuáles fueron los cambios que vio en este período en la Argentina?
R.G: –Cuando llegué, en 1996, todavía la mayoría de los casos se trataba de causas relacionadas con la dictadura y la violencia de la policía en las provincias. Paulatinamente están llegando, con la consolidación de la democracia, casos más sofisticados, sobre el debidoproceso, acceso a la Justicia, calidad de la Justicia, celeridad de la Justicia. Aunque también siguen situaciones dramáticas como las que vimos en Santiago. Con la democracia ha habido una actitud de gran cooperación de todos los gobiernos para con la Comisión. Hicimos soluciones amistosas muy difíciles. Ha sido, hasta cierto punto, el Estado en el hemisferio que más ha buscado la cooperación.