La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la Cámara de Casación debe analizar un recurso contra el sobreseimiento del general Alfredo Manuel Arrillaga, imputado por la ejecución de dos militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que habían tomado el cuartel de La Tablada en 1999. La Sala I de la Cámara Federal de San Martín había declarado prescripta la acción penal y sobreseyó a Arrillaga como autor de los homicidios de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. Gils Carbó consideró que el tribunal actuó de forma “arbitraria” al declarar “inadmisible” el recurso de apelación, ya que no hizo referencia a la jurisprudencia interamericana citada por la querella. La jefa de los fiscales recordó que “los tribunales nacionales deben también hacer el máximo esfuerzo por cumplir la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos encargados del control de aquellos instrumentos”. Los hechos ocurrieron entre el 23 y el 24 de enero de 1989, cuando un grupo del MTP ocupó el cuartel del Regimiento de Infantería de La Tablada. Personal militar comandado por Arrillaga inició la recuperación de la unidad y, tras más de 30 horas de enfrentamiento, logró su cometido. Ruiz y Díaz fueron ejecutados en el interior del regimiento, luego de ser detenidos por hombres que seguían las órdenes de Arrillaga, quien tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura.