La mayoría de los 40 represores que fueron detenidos por pedido del juez español Baltasar Garzón pueden caminar libremente por la calle. Pero tal vez no será por mucho tiempo. Como consecuencia de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Congreso, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de dos grandes causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar: las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo de Ejército, que abarcó la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
Tal como anticipó Página/12, la Cámara Federal porteña tomó esta decisión en un plenario, es decir, con la participación de los miembros de las dos salas que la integran. Los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun firmaron ayer dos resoluciones en las que dispusieron que las investigaciones fueran impulsadas por jueces de primera instancia. Realizados los sorteos respectivos: el expediente de la ESMA quedó a cargo de María Servini de Cubría, y el del Primer Cuerpo, de Sergio Torres.
Ambas causas fueron interrumpidas cuando se sancionaron las leyes de impunidad. En ese momento, en la investigación sobre la ESMA había 19 represores procesados, entre ellos Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Juan Antonio Azic y Antonio Pernías. El expediente tenía 78 cuerpos y estaba casi listo para ser elevado a juicio, por lo tanto, según estimaron funcionarios judiciales, en un corto plazo se podrían ordenar las detenciones de los acusados.
La lista de los potenciales presos no se termina en los señalados en la década del ’80. Después del cierre del caso, fueron identificados muchos otros marinos que pasaron por ese centro. En un trabajo realizado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que fue presentado en el juicio que lleva adelante el juez Baltasar Garzón figuran 120 represores de la ESMA.
Para ordenar alguna medida, la jueza –que está familiarizada con los crímenes cometidos en la ESMA a raíz de las investigaciones sobre los nacimientos clandestinos en ese campo de concentración– deberá esperar la designación de un nuevo fiscal, ya que Jorge Di Lello se excusó ayer de intervenir en este caso.
En la causa del Primer Cuerpo, antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, estaban involucrados 60 represores con Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason a la cabeza. Pero ahora los acusados también serían más. Este expediente, en el que interviene el fiscal Eduardo Freiler, tiene 40 cuerpos y abarca los delitos cometidos, entre otros, en los centros clandestinos Club Atlético, El Olimpo, Automotores Orletti, Garaje Azopardo, Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Banco. El teniente coronel Luis Enrique Baraldini, el coronel Roberto Roualdés, el médico policial Jorge Antonio Bergés, el coronel Alberto Durán Sáenz y el agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti son algunos de los acusados. El dictador Antonio Domingo Bussi también debería verse implicado, ya que fue comandante del Primer Cuerpo entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981.
Luego del retorno de la democracia, las denuncias sobre los crímenes cometidos por los militares fueron derivadas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las cámaras federales de todo el país actuaron como tribunales de avocación. En los hechos, fueron ellas las que investigaron y juzgaron, ya que la Justicia castrense no demostró interés en realizar esta tarea. Por eso la Cámara Federal porteña condenó a los ex comandantes y tenía bajo su esfera las causas sobre la ESMA y el Primer Cuerpo. Ayer, Vigliani, Cavallo, Cattani, Irurzun y Luraschi señalaron que, de acuerdo a antecedentes de ese mismo tribunal, de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema, se debe desechar la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Además, recordaron que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que “los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción espacial, en particular la militar”.
De acuerdo con la resolución del pleno de la Cámara, los secuestros, desapariciones y torturas cometidos por los militares de la última dictadura deben investigarse con las reglas del nuevo Código de Procedimiento. Esto permitirá que los acusados gocen de la garantía de la doble instancia y que sean sometidos a un juicio oral y público.
Los camaristas basaron la reapertura de las causas en la anulación de las leyes de impunidad por el Congreso, pero no se pronunciaron sobre la validez de esa medida, ya que en un futuro el tribunal deberá intervenir en estos mismos expedientes ante las quejas de los acusados.
Los jueces tenían previsto impulsar las investigaciones una vez que la anulación fuera publicada en el Boletín Oficial pero decidieron que, luego de que el presidente Néstor Kirchner anunciara que había firmado la promulgación de la medida legislativa, ya estaban dadas las condiciones para que los represores pudieran volver a la cárcel. No pasó inadvertido tampoco que ayer el juez Rodolfo Canicoba Corral fuera a liberar a quienes figuraban en el pedido de detención de Garzón. La reapertura de los expedientes podría haber provocado que algunos represores no salieran en libertad. Aunque eso no ocurrió, la Cámara dio una señal clara de que pretende que la Argentina haga uso de su capacidad para juzgar a sus criminales. Ese fue uno de los argumentos del gobierno español para no reclamar las extradiciones de los 39 militares y un civil procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas.
La Corte Suprema sigue siendo un actor necesario pero aún prescindente en el avance de los juicios contra los militares de la última dictadura. Aunque convalidó el procesamiento por robo de bebés contra Jorge Rafael Videla, demora su decisión sobre las leyes de impunidad. Si los jueces de primera instancia siguen encerrando acusados, la Corte tendrá que evaluar que un fallo a favor de la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida implicaría la liberación de cada vez más represores.