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Las defensas de los imputados en el caso Ciccone empezaron a preparar ayer las apelaciones, pese a que algunos no habían recibido la notificación de los procesamientos. De todas maneras, los letrados coincidieron en que presentarán las apelaciones el viernes próximo y las líneas de defensa parecen cantadas. Un punto clave es que habrá que ver cómo toma la Cámara Federal el hecho de que el juez Ariel Lijo no haya avanzado en la llamada ruta del dinero, es decir de dónde salieron los 50 millones de dólares que se usaron para rescatar a Ciccone de la quiebra.

Ayer, Lijo ordenó avanzar en una pericia contable sobre la evolución patrimonial de Amado Boudou. La medida había sido pedida por el vicepresidente ya en 2012.

Según coinciden las defensas, el plazo de presentación de las apelaciones vence el lunes que viene. Sin embargo, todos adelantaron que presentarán los escritos el viernes.

Como se sabe, el juez argumenta que la familia Ciccone, viendo que estaban a punto de perder la empresa por la quiebra, contactaron a un funcionario de alto nivel (Boudou) para que salvara la imprenta. A cambio le dieron una coima consistente en el 70 por ciento de las acciones de la firma. Las proporciones llaman la atención por lo inhabituales. Para Lijo, en primer lugar, la ruta del dinero no le resulta decisiva para configurar el delito: él considera que el grupo de Boudou y sus amigos se quedó con Ciccone y no tiene tanta relevancia saber de dónde salió la plata. En segundo lugar, el magistrado sugiere –no lo dice en forma taxativa– que los fondos salieron del propio Boudou, algo que no le será fácil de probar.

De lado del vicepresidente, sus defensores Diego Pirota, Eduardo Durañona y Débora Lichtman razonan que para saber de quién es una empresa, un elemento decisivo es saber quién puso el dinero. En ese marco afirman que los fondos fueron aportados por el financista Raúl Moneta y –tal vez– también por el banquero Jorge Brito. Y subrayan que Ciccone pasó a ser gerenciada por Máximo Lanusse, un hombre que provenía del Banco Macro y de confianza de Brito. Al apuntar hacia ese lado, Boudou no marca ningún delito. Simplemente que esos empresarios legítimamente quisieron hacer un negocio prestándoles dinero a los Ciccone para rescatar la empresa y, en caso de que no les devolvieran los fondos, quedarse con la imprenta.

La apelación irá por este camino, aunque también señalarán –según la defensa– que los cruces telefónicos no indican lo que el juez quiere demostrar y que los testigos no dijeron lo que Lijo pone en el procesamiento.

La familia Ciccone, por su parte, volverá a la versión de que firmaron los papeles del acuerdo con Alejandro Vandenbroele, para que éste se hiciera cargo de Ciccone y de The Old Fund, el fondo que rescató a la calcográfica. Firmaron –dicen– porque estaban amenazados.

Ayer hasta se hizo correr la versión de que hubo un ataque contra el edificio en el que vive Nicolás Ciccone. Según le dijo la Policía Federal a este diario, es falso que se haya estado investigando un ataque y consignaron que no hubo denuncia y ni siquiera un llamado al 911 (ver aparte, Un episodio muy dudoso).