Un cartel cruzaba ayer la fachada de la Casa Rosada. Decía: “Las leyes son nulas e inconstitucionales”. El cartel, una escenografía nunca vista en un edificio oficial, reveló en una simple imagen el nuevo objetivo que se fijó el Gobierno: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, un fallo que debería ser resuelto por la Corte Suprema. Con ese fin, el Ejecutivo lanzó una serie de mensajes dirigidos al tribunal, como una frase del ministro de Justicia Gustavo Beliz (“que la Justicia trabaje con celeridad”), y unas declaraciones de Néstor Kirchner durante una visita a Entre Ríos. “Los argentinos podamos enorgullecernos de que hemos recuperado la justicia y se ha terminado la impunidad”, dijo el Presidente en el Salón Blanco de la gobernación, en Paraná.
La sucesión de señales coincidió con la difusión en este diario de las confesiones de varios jefes militares de la dictadura, como Albano Harguindeguy, Reynaldo Bignone y Ramón Díaz Bessone. Ante esas declaraciones, el Gobierno estudió la posibilidad de implementar sanciones (ver página 5), al mismo tiempo que la Cámara Federal porteña reabría las causas sobre los centros clandestinos del Primer Cuerpo de Ejército y la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Pero el avance definitivo de los juicios depende de que la Corte habilite el enjuiciamiento de los represores liberados por la Obediencia Debida y el Punto Final.
El Gobierno, mientras tanto, se muestra interesado en que el proceso llegue al final. Lo que implicaría que la Corte declare la inconstitucionalidad de las leyes. No pareció casual, en ese marco, que Beliz dijera que “en los países serios” las sentencias judiciales “no se demoran eternamente”. Fue una referencia implícita a la discusión legal sobre la Obediencia Debida y el Punto Final, cuyo debate está pendiente en el máximo tribunal desde hace dos años pero que los ministros no quieren tratar hasta que el organismo tenga completo su staff. En otras palabras, esperan que asuma Eugenio Raúl Zaffaroni y que se resuelva el proceso de juicio político contra Eduardo Moliné O’Connor.
En la Casa Rosada saben que la Corte quiere ganar tiempo: por eso iniciaron una campaña para apurar la definición. A las declaraciones de Beliz –el más directo en esa línea–, se sumó el propio Kirchner quien festejó la anulación de las leyes durante un acto en Paraná, Entre Ríos. “En Argentina tiene que haber justicia y memoria. Ahora con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se da la posibilidad de restaurar la justicia en el país”, dijo. Aunque en su discurso no había hablado del tema, se explayó sin freno cuando le preguntaron por la reapertura de los juicios en la Cámara Federal porteña: “Definitivamente vamos a terminar de saber qué pasó en ese capítulo negro de la Argentina”, afirmó. “En un país que no tiene memoria y que no tiene justicia es muy difícil construir su futuro”, agregó.
Mientras Kirchner hacía estas declaraciones en Entre Ríos, donde volvió a romper el protocolo para saludar a un grupo de aviadores de la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa José Pampuro se encargó de atenuar el eventual conflicto y de repetir que “las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político”. Durante una recorrida por el barrio militar de Villa Martelli, Pampuro pidió que la revisión judicial del terrorismo de Estado “se abra y se cierre lo antes posible”. “Si se abre como se debe abrir, por la Justicia, que se cierre definitivamente, porque es una constante que la sociedad argentina necesita zanjar y terminar, para poder encarar todos juntos el futuro del país”, dijo. Aunque en la misma línea que el resto del Gobierno, Pampuro demostró también que conoce bien las preocupaciones de los jefes militares.
Unas horas antes, el ministro había manifestado ciertas dudas sobre la evolución de los juicios. “Es un tema que complica, no hay duda que es un proceso y no se sabe cómo se va a terminar”, dijo Pampuro. Otro que reconoció que “mira expectante” las causas de la Cámara Federal fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Claro que enseguida aclaró que el Gobierno “en este caso no participa en nada”. Sin embargo, fue Beliz quien mejor expresó el interés del Ejecutivo en los juicios reabiertos por la Cámara y la discusión inconclusa en la Corte. “En algún punto tienen que evaluarse y pronunciarse –dijo sobre las resoluciones pendientes en la Justicia, como la constitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final– así que nosotros esperamos que eso ocurra de un modo natural y normal”.