A una semana de las condenas a Luciano Menéndez y Luis Fernando Estrella por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, los gobiernos de la Nación y de la provincia de La Rioja anunciaron que impulsarán una investigación judicial sobre la participación de civiles y de otros militares en el homicidio. El ex sacerdote Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, dijo haber acordado con su par de la Nación, Martín Fresneda, para “dar instrucciones a los abogados de ambas instituciones para trabajar conjuntamente” en la investigación.

Ambas secretarías fueron querellantes en el juicio por el asesinato del ex obispo de La Rioja, el 4 de agosto de 1976. A partir de los datos surgidos en el proceso, el Tribunal Oral de La Rioja envió al juzgado de primera instancia y a los fiscales todas las pruebas recolectadas para que se investigue a otras personas vinculadas con el crimen, con la persecución previa y con los asesinatos que investigaba el propio Angelelli.

“La sociedad riojana sabe que hubo responsables civiles en el hostigamiento, difamación y posterior asesinato de monseñor Angelelli, con cuya investigación, todavía pendiente, contribuirán de manera conjunta las dos secretarías”, remarcó Brizuela. La investigación “podría incriminar tanto a militares como a civiles que estuvieron involucrados”, agregó.

A partir de la reapertura de los juicios “se acuñó el concepto, notablemente más preciso, de dictadura cívico-militar para describir un proceso de exterminio que, entre sus múltiples objetivos, tuvo el de favorecer económicamente a los sectores más conservadores de la sociedad civil”, destacó Brizuela. “Los militares fueron solamente un engranaje de esa maquinaria que tuvo como sustrato ideológico la destrucción de la economía, la aniquilación de sectores populares opositores y la acumulación de riquezas a expensas de un fantástico endeudamiento que terminó con la catástrofe económica y social de 2001”, explicó.