La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avanza en la elaboración de un proyecto consensuado por las principales bancadas para reglamentar las protestas sociales callejeras. El texto de la iniciativa redactada hasta ahora –que recoge propuestas de once proyectos diferentes– ratifica el derecho “a la protesta social pacífica” que habilite al menos un canal para la libre circulación de vehículos y personas, crea una comisión de mediación en el ámbito del Ministerio de Justicia que actuará de oficio en territorio nacional o a pedido de las provincias afectadas, además de la obligación de los medios de comunicación estatales de difundir los motivos del conflicto. Habrá un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, que no podrán estar provistas de armas de fuego, y solo habrá desalojo si media una resolución judicial en ese sentido. La propuesta del oficialismo es que el mismo proyecto contenga una amnistía para todos los procesados y condenados por protestas sociales hasta la sanción de la nueva ley.

De todas maneras, la comisión que preside la kirchnerista Diana Conti aún debe atravesar varias discusiones para alcanzar un “consenso mayoritario”, sin el cual el oficialismo no insistirá en avanzar solo con la iniciativa para regular las protestas sociales. La idea del Frente para la Victoria es tratar de alcanzar ese “consenso” inmediatamente tras el receso parlamentario de invierno en la Comisión de Asuntos Constitucionales (que luego deberá abordar la de Seguridad Interior) o pondrá en stand by la iniciativa hasta lograrlo. Pero ya no estará entre sus prioridades en lo que resta del año legislativo, ya que pondrá el esfuerzo en su propia agenda con debates sobre temas en los que existen grandes diferencias con la oposición parlamentaria.

Para la primera semana de agosto, los asesores de la comisión tendrían pulido el texto tentativo de una futura ley para regular las protestas sociales, que recoge propuestas de once proyectos diferentes presentados por varios diputados del oficialismo y del resto del arco opositor. Hasta ahora, dentro del Frente para la Victoria existe un amplio abanico de diputados que respalda los ejes que el oficialismo no resignaría en la búsqueda de acuerdos con otras bancadas, donde avanzan las coincidencias con la UCR y el PRO, aunque tampoco hay acuerdos cerrados.

Entre las definiciones que tendrá la propuesta inicial figura la “ratificación” del derecho a las protestas sociales “pacíficas”, en las que no haya comisión de delitos como daño a personas y bienes materiales. Las protestas callejeras tampoco deberán poner en riesgo la prestación de servicios y deberán garantizar al menos un espacio para la circulación de vehículos y personas, y especialmente a los sectores “socialmente vulnerables”: niños, ancianos o enfermos.

Aunque en este último punto, no habrá una normativa tan estricta como el proyecto que discute la Legislatura porteña con el mismo objetivo de regular las protestas callejeras en la ciudad. Allí, el proyecto presentado por los legisladores de Unen apunta a garantizar el derecho a la protesta siempre y cuando se habilite “la libre circulación en dos carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores del sistema de metrobus, carriles y contracarriles exclusivos, y en un carril en las demás vías públicas para su utilización por el transporte público de pasajeros, las ambulancias, autobombas y vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad”.

La propuesta que discutirá el Congreso, en cambio, crea una Comisión de Mediación en el ámbito del Ministerio de Justicia, que actuará “de oficio” en caso de que las mismas se den en territorio nacional y a solicitud de las provincias si las protestas se realizaran en su propio territorio. Los manifestantes designarán a sus delegados para que el mediador busque acercar posiciones con la contraparte que motive la protesta y se incluiría la obligación de los medios de comunicación estatales de difundir el origen del conflicto.

También habrá un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante este tipo de protestas, que sería el mismo protocolo aprobado en 2011 por el Consejo de Seguridad Interior. Allí, entre otras medidas, se establece que los integrantes de las fuerzas de seguridad que actúen en esas situaciones no podrán portar armas de fuego. El proyecto aclara que la “disolución” de la protesta solo se realizará si los manifestantes cometen acciones que violen el Código Penal y que exista una instrucción judicial fehaciente en ese sentido.

El oficialismo quiere que el texto final del proyecto incluya una amnistía para las personas procesadas y condenadas por participar en protestas sociales, que según relevamientos de distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales estiman en más de cuatro mil. El texto original no tiene por ahora una fecha retroactiva precisa que pueda dejar afuera de la amnistía situaciones que datan desde la etapa menemista, sin embargo deja en claro que no podrán acogerse a la misma quienes hayan sido procesados en hechos donde hubo “homicidios, o lesiones graves o violencia física contra personas”.

En el kirchnerismo no quieren que la regulación de la protesta social y la amnistía de quienes hasta ahora fueron procesados y condenados por ese motivo vayan por cuerdas separadas –como habían planteado desde distintas bancadas opositoras– y propone que un posible acuerdo alcance ambos temas y en un mismo proyecto. Aunque en las conversaciones entre oficialistas y opositores no aparece este tema como eje central del debate, la inclusión de la amnistía sería uno de los escollos más difíciles de sortear. Si el oficialismo no logra este objetivo, no está dispuesto a avanzar y dejaría la iniciativa en suspenso. “Solo vamos a continuar con esta iniciativa si al menos se alcanza un consenso mayoritario”, sentenciaron ante la consulta de Página/12.