Después de mucho batallar y luego de superar prejuicios y vencer a los intereses corporativos que intentaban poner palos en la rueda, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó hace unos meses la Ley de Promoción del derecho sustentable a la vivienda y a un hábitat digno. Si bien la ley marcó un hito para que millones de bonaerenses pudieran encontrar un camino para el techo, esta batalla todavía no fue ganada. Seguimos peleando.

Hasta el día de hoy, su puesta en marcha es una incógnita: el Poder Ejecutivo provincial no produjo su reglamentación, dejando así la asignatura pendiente. Un documento que libró el organismo bonaerense de viviendas, basado en el último censo del año 2010, indicó que en la provincia de Buenos Aires hay un déficit de 1.085.865 casas, lo que significa que cerca de cuatro millones de bonaerenses sufren este flagelo. Teniendo en cuenta que la población es de 15.594.428 habitantes, cerca del 25 por ciento convive con esta problemática habitacional. Según la información oficial, 859.015 casos responden a viviendas recuperables u hogares en condiciones de hacinamiento por cuarto. El resto, 226.850, son viviendas que deben ser reemplazadas por nuevas unidades habitacionales. Por eso insistimos con la consigna: Vivienda para el que necesita, tierra para el que trabaja. Esta legislación cajoneada es, sin lugar a dudas, un freno para el desarrollo democrático en el territorio bonaerense.

Nadie ignora los intereses y lobbies de empresarios y poseedores de grandes extensiones de tierra, para impedir que todos los habitantes de la provincia puedan acceder a suelo y vivienda propia. Porque cuando esta ley se reglamente va a llevar más equidad, más inclusión social, y va a brindar posibilidades concretas. Desde su planificación, los principales objetivos de esta norma fueron paliar el déficit habitacional, promover la construcción de nuevas viviendas y urbanizar las villas y asentamientos. Esta ley puso fin a la ley vigente 8912/77, dictada por la última dictadura militar que sólo beneficiaba los intereses de las corporaciones.

El principal problema que viene a resolver esta nueva legislación es el acceso más igualitario a la tenencia de la tierra. El apoyo de los bloques del Frente para la Victoria se dio porque estamos convencidos de que esta legislación realmente puede contribuir a mejorar la vida a la gente. En la provincia de Buenos Aires, una cuestión prioritaria y pendiente que nadie ignora es la problemática de la tierra. Por eso, nuestra insistencia en exigir la reglamentación de esta ley.

El dictamen generado en la Cámara de Diputados de la provincia cuestiona aspectos importantes y es una oportunidad para dar más calidad a la democracia y hacerla más inclusiva. Pese a algunas voces vinculadas con los que defienden la concentración, la norma no viola el derecho a la propiedad, no promueve la expropiación del terreno familiar ni va a generar mayor carga impositiva. Los peronistas, históricamente, reivindicamos el acceso para todos a una vivienda digna. Esta concepción es prioritaria y está basada en el convencimiento de que la propiedad no debe dejar de cumplir una función social. Estoy convencido de que si a esta ley no se la reglamenta y se la cajonea, como todo indica, es porque hay sectores concentrados que, cada vez que se tocan intereses de las corporaciones, hablan de ataque a la propiedad privada.

Tampoco se puede dejar de mencionar que algunos dirigentes políticos reflejan, sin dudas, el punto de vista de los desa-rrolladores inmobiliarios y que buscan la restauración conservadora, sin registrar que algunas cosas ya no vuelven para atrás. La norma no generará ninguna zozobra en el mercado. Los únicos que tienen zozobras son todos los bonaerenses, que todavía no tienen viviendas, viven hacinados o en condiciones precarias y nosotros estamos en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para avanzar sobre las asignaturas pendientes.

Además, la potestad expropiatoria del Estado existe hace más de 50 años y proviene tanto de la Constitución nacional como de las provinciales y desde lo político a los que se dicen peronistas –es muy bueno siempre–, releer la Constitución del ’49 que, en su artículo 38, declara expresamente: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”.

* Senador provincial del Frente para la Victoria. Dirigente del Movimiento Evita.