Pasado mañana se cumple la fecha límite para que los bonistas que ingresaron al canje cobren los créditos vencidos un mes atrás. Si no hay novedades para entonces, comenzará otra disputa para ver cómo calificar esta situación inédita en la historia financiera mundial. Algunos analistas y voceros del sistema financiero ya adelantaron que si eso ocurre Argentina ingresará en default, pero el Gobierno insiste con que realizó el pago en tiempo y forma, siendo el juez Thomas Griesa quien bloquea el cobro del dinero. El magistrado podría destrabar la situación si restablece la medida cautelar que suspende el cumplimiento de su propio fallo, al menos momentáneamente, pero en la audiencia del martes pasado dejó en claro que no está dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, la única chance es que el Gobierno se ponga de acuerdo con los fondos buitre sobre cómo cumplir con esa sentencia que lo obliga a pagarles unos 1500 millones de dólares en efectivo. Esa posibilidad también es remota, porque Cristina Fernández de Kirchner ya dejó en claro que no quiere dar lugar a que una negociación con los buitres gatille la cláusula RUFO, exponiendo al país a reclamos millonarios de los bonistas que sí entraron al canje. Igual nadie quiere dar por concluida la negociación antes de tiempo. De hecho, en Economía informaron a este diario que hoy no está previsto un encuentro con el mediador Daniel Pollack, pero no descartaron que pueda haber llamados telefónicos.

La disputa con los bonistas viene desde el default de 2001, pero los tiempos se aceleraron a partir de febrero de 2012, cuando el juez Griesa emitió un fallo en el que le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelios, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló a la cámara con el argumento de que esa medida discriminaba a los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó el fallo de Griesa y le ordenó al juez que definiera con más precisión cómo hacer efectiva su resolución.

El 22 de noviembre de 2012 Griesa ordenó que se les pagara a los buitres 1330 millones de dólares en efectivo el 15 de diciembre de ese año. Incluso exigió que la Argentina depositara esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del cupón del PBI. Cuando parecía que la Argentina se encaminaba a un default técnico, la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo y fijó un cronograma de presentaciones de ambas partes. En esas audiencias, la Argentina flexibilizó su postura y propuso reabrir el canje. Los buitres respondieron entonces que no aceptarían quita y el 23 de agosto de 2013 la Cámara ratificó su postura inicial. La Argentina apeló a la Corte y el 16 de junio pasado el máximo tribunal estadounidense informó que decidió no intervenir en el caso, dejando firme la sentencia de Griesa.

La Cámara reaccionó levantando la cautelar que evitaba embargos. Entonces, el Gobierno se apresuró a depositar en el Banco de Nueva York (Bony) el dinero destinado a afrontar el vencimiento de deuda previsto para el 30 de junio, pero Griesa intimó al Bony a no pagarles a los bonistas, y los inversores hasta el momento no recibieron el dinero. La situación que se presenta es inédita, porque si no cobran antes del miércoles Argentina podría ser considerada en default técnico con quienes sí entraron al canje, pese a que ya desembolsó el dinero correspondiente.

El Gobierno les pidió en reiteradas ocasiones a Griesa y al mediador Pollack que se reestablezca la cautelar para que los bonistas puedan cobrar y generar al mismo tiempo las condiciones para negociar con los buitres sin tener una espada de Damocles en la cabeza. La cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers, que significa derechos respecto de futuras ofertas) es uno de los problemas por resolver. Esa cláusula vence el 31 de diciembre. Por lo tanto, Argentina no puede mejorar la oferta antes de esa fecha sin que toda la reestructuración naufrague y se sucedan reclamos de quienes sí ingresaron al canje. Por eso, el reestablecimiento de la cautelar y un período de al menos seis meses para negociar podría ofrecer una salida. Sin embargo, los buitres ya manifestaron su negativa ante esa posibilidad y dicen que Argentina busca alternativas para no negociar. El Gobierno, por su parte, respondió que los que no quieren negociar son los buitres, ya que lo único que buscan es que se cumpla la sentencia tal cual la dictó Griesa y eso no es negociar. Sin embargo, Griesa hace lo que los fondos buitre piden y desde entonces no ha habido cambios en su postura.

Si en los próximos dos días no hay sorpresas, lo más probable es que los bonistas no cobren. En ese caso, habrá que seguir con atención cómo reaccionan los mercados y qué impacto podría tener la situación sobre la economía argentina. El horizonte que se abre es inédito, y por lo tanto las consecuencias no están del todo claras. Lo único seguro es que el escenario está lejos de parecerse al default de 2001, porque en aquella ocasión los bonistas no cobraron porque Argentina no tenía con qué pagar. Ahora, en cambio, Argentina pagó y también está en condiciones de desembolsar los próximos pagos. Por lo tanto, los bonistas que ingresaron al canje saben que aun si no hubiese solución ahora, luego del 31 de diciembre, cuando vence la cláusula RUFO, podrán renegociar los pagos sin quita y en condiciones similares a las actuales. En ese caso, el Gobierno deberá concentrarse ahora en capear las consecuencias de un eventual default técnico tratando de que la economía real no sea más afectada de lo que ya está. Por el lado financiero, el dólar blue parece la principal amenaza. Si la brecha con la cotización oficial se amplía, recrudecerán las presiones para que el Gobierno devalúe, lo que también impactará de lleno en el poder adquisitivo de los salarios.