Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo criticaron el accionar de la Justicia de Estados Unidos a favor de los fondos buitre, advirtieron que el caso “refleja un problema global con impacto en los derechos humanos” y exigieron una reforma del sistema financiero internacional para restringir “la actividad predatoria de los fondos acreedores”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Colombiana de Juristas, la Ligue de Droits de L’Homme, Conectas Direitos Humanos, entre otros cien organismos de diversos orígenes, enumeraron reglas del derecho internacional tendientes a restringir las prácticas abusivas de acreedores, destacaron “la arbitrariedad e inconsistencia en la interpretación de cláusulas contractuales” por parte de la Justicia estadounidense y reclamaron una “urgente acción colectiva” para que los Estados deudores limiten las prórrogas de jurisdicción y para que se cree “un mecanismo internacional imparcial e independiente” que resuelva controversias sobre deudas soberanas “basado en la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos”.

El documento que también firman el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el European Network on Debt and Development (Eurodad) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) repasa el rechazo de la Corte norteamericana al recurso presentado por la Argentina y destaca que no es un caso aislado, porque existían ya en 2010 más de 50 demandas similares contra países endeudados. “Se trata de un conflicto entre unos pocos acreedores que se apoyan en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero y la capacidad de los Estados de alcanzar acuerdos con la mayoría de sus acreedores y garantizar los Derechos Económicos, Sociales y culturales (DESC) de la población”, explican.

Desde inicios de los ’90, el Comité de DESC de Naciones Unidas manifestó su preocupación por “el efecto negativo de la carga de la deuda y de las medidas consiguientes de ajuste sobre el disfrute de los DESC”, recuerdan los organismos. En 2012, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los “Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos”. El octavo estableció que “toda estrategia de deuda externa debe concebirse de forma que no obstaculice el mejoramiento de las condiciones que garantizan el disfrute de los derechos humanos”. Estas normas fueron dejadas de lado por la Justicia norteamericana, que abrió un escenario que “incrementa los incentivos para que en situaciones futuras de crisis de deuda soberana los acreedores se nieguen a negociar, lo que dificultará o volverá casi imposibles las reestructuraciones de deuda”, alertaron.

También el derecho internacional público estableció mecanismos de resolución de conflictos para restringir prácticas abusivas. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2012, hizo públicos los “Principios internacionales sobre la toma y otorgamiento de préstamos soberanos”. “Todos los prestamistas tienen el deber de actuar de buena fe y con espíritu de cooperación”, establece el 7. Cuando la reestructuración de deudas soberanas es inevitable, se debe abordar “de manera pronta, eficiente y justa”, señala el 15. También el reglamento de la Corte Internacional de Justicia incluye entre sus principios las reglas de la buena fe y de uso no abusivo del derecho. “La decisión de la Justicia de Estados Unidos evidencia la arbitrariedad e inconsistencia en la interpretación de cláusulas contractuales –destacan los organismos– y tiene como resultado una merma en la capacidad de los Estados de satisfacer sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos.”

Como los fondos buitre son “una de las tantas expresiones de la naturaleza injusta del sistema financiero global”, las medidas para combatirlos reclaman una “acción colectiva” y citan tres objetivos:

1. Promulgar en todos los Estados, en particular en Estados Unidos y las jurisdicciones donde se han presentado demandas, leyes que restringan la actividad predatoria de los fondos acreedores.

2. Instaurar reglas para limitar las prórrogas de jurisdicción.

3. Crear un mecanismo imparcial e independiente para resolver las controversias sobre deuda soberana basado en la obligación de respetar los derechos humanos. El mecanismo debe incluir la determinación de qué nivel de deuda es sostenible y proveer “instancias para la participación, rendición de cuentas y transparencia hacia la población del país deudor”. Entre los firmantes se destacan también Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México), Hábitat International Coalition (HIC), Jubilee USA Network, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Arab Organization for Human Rights in Syria, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y Corporación Humanas.