Desde Chile

Argentinos y chilenos hemos vivido historias paralelas. Conocimos dictaduras tenebrosas que censuraron la prensa, clausuraron medios y desaparecieron periodistas. Hoy estamos llevando a la justicia a esos criminales fanáticos, imbuidos de doctrinas y métodos foráneos (por decirlo en una prosa que hasta ellos puedan comprender). Pero la supervivencia de algunos de los valores y leyes de entonces hace que los respectivos procesos de transición a la democracia sean interminables. Además, la concentración de la propiedad de los empresas periodísticas y, sobre todo, su colusión espuria con intereses políticos y económicos contradicen el interés general y el bien común. Por eso no sirven como debieran al único fin que justifica los medios.
Avances y retrocesos
La gran prensa argentina fue acrítica y reverente hacia la dictadura. Su actitud osciló entre el miedo y la complicidad. Sólo medios alternativos reflejaron lo que sucedía. El centenar de periodistas asesinados o desaparecidos entre 1976 y 1983 constituye uno de los contingentes profesionales más nutridos de aquella espantosa contabilidad. La supresión de toda voz discordante procuraba sumir a la sociedad en el silencio o en el aturdimiento de las celebraciones deportivas.
Poco después del golpe de 1976, Rodolfo Walsh escribió: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”. En esas pocas palabras cabe una teoría de la comunicación. Quienes hacíamos esa humilde y artesanal Cadena Informativa no llegábamos a diez personas. No éramos semiólogos sino periodistas y militantes. Pero ese era un medio interactivo y queríamos que cada receptor fuera a su vez un emisor. Aunque Jefferson no era una de las lecturas más populares de aquella época, como él preferíamos periódicos sin gobierno a gobierno sin periódicos. Sospecho que, igual que Jefferson, hubiéramos cambiado de idea en distintas circunstancias históricas.
Con la restauración democrática la prensa se fue animando en forma gradual a ocupar los espacios que la dictadura había abandonado al derrumbarse. La creación de una cultura democrática fue lenta y sufrió graves retrocesos. El histórico proceso a los ex Comandantes permitió sospechar que la justicia para todos no era una utopía, pero con las leyes de punto final y de obediencia debida regresaron la sensación de impunidad de los poderosos y la retórica sobre la reconciliación y la búsqueda de consensos con poderes y sobre cuestiones inaceptables. Desde la confesión del capitán Adolfo Scilingo la justicia volvió a ponerse en marcha. Los juicios por la verdad, los procesos iniciados en España por argentinos residentes allí, a los que luego se sumó el chileno con acento catalán Joan Garcés, la detención de Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón, implicaron saltos hacia adelante.
Nacido ayer
En la Argentina se aceleraron los procesos por el robo de bebés y de bienes de los desaparecidos (que las leyes de impunidad nunca habían amparado). En Chile, el candidato de la derecha Joaquín Lavín aprovechó la distancia física para tomar también distancia política del dictador en desgracia y puso en peligro la victoria electoral de Lagos. La Concertación imaginó entonces el regreso de Pinochet como tabla de salvación. Ex jefe de editoriales del diario ultraderechista El Mercurio, diez años antes Lavín alertaba contra el riesgo de que la dictadura terminara siendo sólo un paréntesis e instaba a privatizar la política para continuar con métodos gerenciales lo que llamó “la obra de Pinochet”. El razonamiento de la Concertación fue que con el ex dictador en el país Lavín no podría seguir presentándose como un hombre sin pasado, nacido de un repollo a sus 46 años y el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle gestionó ante el gobierno británico la denominada “salida humanitaria”, que culminó con el bochornoso Milagro de Pudahuel. Esa actitud demente tuvo precios que la Concertación está pagando hoy. La senilidad de Pinochet parece haberse contagiado al sistema político, que él dejó bien amarrado y consensuado. Esto a su vez prepara el camino para que los ex ministros y tecnócratas de la dictadura, convertidos en propietarios de las empresas públicas privatizadas, se camuflen como la ansiada renovación de la política.
Pero bajo el impacto de la detención de Pinochet, la justicia chilena reinterpretó la ley de amnistía, estableciendo que su beneficio no podía ser previo a una investigación de cada caso. En ambos países se declaró la desaparición forzada como un delito permanente que se sigue cometiendo, como una línea que se cruza en el infinito con el padecimiento de quienes no conocen el destino del cuerpo amado y anhelado. En marzo de 2001, a solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales, el juez argentino Gabriel Cavallo pronunció la nulidad insanable de las leyes de impunidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso peruano de Barrios Altos que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser amnistiadas ni su persecución cesa por el paso del tiempo. Desde entonces diversos tribunales argentinos se pronunciaron en el mismo sentido y hace pocos días el Congreso que había sancionado esas leyes bajo la presión de los fusiles ametralladores, las declaró nulas. Es improbable que esto hubiera ocurrido sin la labor de periodistas que continuaron en democracia investigaciones comenzadas al mismo tiempo que ocurrían los hechos que hoy son caracterizados con toda exactitud como crímenes de lesa humanidad. Pienso al decirlo en mi admirada colega chilena Mónica González Mujica.
Desacatados
En los mismos años, las batallas por la libertad de expresión llegaron a ser episodios significativos de una lucha más vasta por la gobernabilidad democrática. A raíz de una denuncia que presenté en 1992 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino derogó el artículo del Código Penal que se empleaba para que una justicia adicta al gobierno persiguiera por desacato a los periodistas que incomodaban al gobierno. Para mí es un motivo de orgullo que ese precedente haya sido usado por ciudadanos de otros países para obtener resultados similares. En Chile, la derogación de la censura previa, la supresión del desacato en la ley de seguridad del Estado y la promesa oficial de eliminarlo también del Código Penal y de los códigos militares, son ejemplos de ello, igual que la eliminación del desacato en Costa Rica y Paraguay. Esa lucha continúa. En cuanto se derogó el desacato, las autoridades recurrieron a juicios por calumnias e injurias para lograr el mismo fin. En un nuevo compromiso con la Asociación Periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino prometió despenalizar esos delitos cuando sus víctimas son funcionarios públicos. Nadie arriesgará su libertad por cualquier cosa que diga o escriba. Sólo serán admisibles juicios civiles y en ellos se invertirá la carga de la prueba. Hasta ahora el Congreso no votó la ley acordada con el Poder Ejecutivo.
Un cambio de cultura
Hace cinco años, cuando sesionó en Santiago la cumbre presidencial de las Américas, la asociación Periodistas abogaba por la creación de una Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión. Junto con un grupo de entidades internacionales como la SIP y el Comité de Nueva York para la Protección de Periodistas alquilamos una sala en la sede de la Conferencia de Presidentes e invitamos a personalidades de diez países en apoyo de la Relatoría. Con el público ya ubicado en las sillas nos desalojaron: el presidente Frei utilizaría la sala para firmar un acuerdo con mandatarios centroamericanos. Recién tres horas más tarde pude contar a la audiencia este episodio, que demostraba el verdadero aprecio del presidente Frei por la libertad de expresión. Al concluir el seminario varios colegas chilenos me recriminaron. “¿Cómo dices eso? Es el presidente. Necesitaba la sala”. Entendí que el problema no estaba sólo en el gobierno y que nada significarán las reformas constitucionales o legales sin una sociedad civil movilizada y activa que concrete un cambio cultural imprescindible. La Relatoría se creó. El primer Relator, Santiago Cantón, consiguió que se aprobara una Declaración de Principios, que debería estudiarse en todas las escuelas y no sólo en las de periodismo. Afirma que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad que el resto de los ciudadanos. El actual Relator, Eduardo Bertoni, realiza un trabajo espléndido, proponiendo en cada país la derogación de las leyes de desacato y la despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios.
Democracias de mercado
Toda América vive la crisis de gobernabilidad de las democracias de mercado. La única crítica bien vista a ese modelo es la de los recursos perdidos en el sumidero de la corrupción, que podrían aplicarse a paliar las penurias sociales. Concluida la guerra fría ni el gran capital ni las postergadas necesidades populares soportan el sobreprecio de la corrupción sobre el sistema político. Esto explica la favorable percepción de la prensa que en distintos lugares del mundo expresan los ciudadanos. Pero ¿quién disfrutaría de los beneficios si se llegara a eliminar el sobreprecio de la corrupción? En la Argentina vemos hoy cómo vuelven a dividirse las aguas: por un lado los mayores grupos económicos, asociados con las empresas transnacionales y respaldados por los organismos multilaterales; por otro, las organizaciones populares, pugnan por distintas aplicaciones para esos recursos que, con un gobierno limpio, podrán recuperarse.
En todo el continente la prensa se ha especializado en el seguimiento de los políticos corruptos, pero se interesa menos por el poder económico que los corrompe y por la corrupción estructural que le da marco: la tupacamarización de las empresas públicas, que no ha traído desregulación y competencia sino monopolios privados donde antes había monopolios públicos, la devastación del sistema público de salud y educación, la inequidad absoluta como principio ordenador de la convivencia social. Peor aún, cuando un gobierno reacciona contra ese esquema, de la prensa tradicional surgen no sólo legítimas críticas editoriales sino también una deliberada distorsión informativa, sin excluir ni siquiera operaciones políticas de chantaje, como la que el nuevo gobierno de la Argentina padeció aun antes de asumir si no cumplía un escandaloso pliego de condiciones. Los partidos populares son puestos así frente a la alternativa de legitimar el desguace del Estado a precio vil y la monstruosa concentración económica que se impuso como salida a la primera fase de la irresuelta crisis de la deuda pública o ser víctimas de los alevosos golpes de mercado, capaces de licuar en horas el poder de un gobierno electo. Es alentador que en todos nuestros países la nostalgia por la mano fuerte no haya pasado de porcentajes mínimos de la población. El proceso argentino de los últimos años prueba que muchos ven las democracias de mercado como un lujo de ricos pero pocos consideran mejor la dictadura. Esto permitió recuperar las instituciones y la esperanza, pese a que se prolonga la penosa transición del hambre a las ganas de comer.
Sobre la libertad
Hace dos siglos John Stuart Mill sostuvo en su obra clásica Sobre la Libertad que toda censura conspira contra el conocimiento de la verdad, proceso contradictorio al que contribuyen también las opiniones erróneas. Es decir que hay un valor social deseable que se obtiene mediante el ejercicio del derecho individual de cada uno. Es difícil que hoy se sostenga la idea de Mill de una verdad única, que entre todos debe ser descubierta, como la voluntad general en la que creía Rousseau. Pero fallos históricos de distintos tribunales nacionales e internacionales fundaron el resguardo de la libertad de expresión en la necesidad de garantizar el más vivo debate entre ideas opuestas, con el fin de ilustrar sobre cada tema a la sociedad, que es la que debe decidir. El derecho de cada uno a expresarse confluye en el derecho de los pueblos a ser informados, imprescindible para el autogobierno. Así lo establecen la jurisprudencia y la doctrina de los sistemas europeo e interamericano. Desde los pobladores de un asentamiento precario que luchan por un techo propio o los trabajadores de un hospital desmantelado en función de políticas de ajuste, hasta los travestis que no soportan la extorsión policial, los vecinos que reclaman por la falta de semáforos o los obreros de una fábrica cerrada, saben que la presencia de una libreta de apuntes, un grabador o una cámara apuntala sus demandas. La consideración de la que gozan medios y periodistas deposita en ellos lo que en realidad constituye una valoración de la sociedad respecto de su propio proceso de aprendizaje de la democracia y la libertad.
Prensa y sociedad
El admirable periodismo crítico que floreció en Chile durante la dictadura languideció al iniciarse la transición a la democracia. Los medios independientes expresaron al movimiento popular de oposición a Pinochet, que culminó con la derrota de la dictadura. No puede analizarse lo que ocurrió con aquella prensa al margen de lo que sucedió con la sociedad que la engendró. Cuando la clase política aceptó las condiciones de la transición (la Constitución falangista de Jaime Guzmán, las leyes de amarre, el sistema binominal, los senadores biónicos, la autonomía política y financiera de las Fuerzas Armadas, la tutela institucionalizada del dictador sobre los gobiernos que lo sucederían), y sobre todo cuando la sociedad civil no encontró la forma de romper esa trampa, aquella prensa perdió su razón de ser.
En la Argentina no surgió una prensa antidictatorial equivalente, porque la resistencia de la sociedad no alcanzó la intensidad de la chilena. Salvo una revista humorística y un programa radial no hubo una prensa legal de oposición y libertad a la Junta Militar que se derrumbó de modo fulminante a raíz de la derrota en la guerra insensata en que se embarcó en las Malvinas contra los mismos miembros de la coalición que este año asoló Irak, por suerte para nosotros combinados en otras proporciones.
Nuevas acechanzas
En mi libro Un mundo sin Periodistas advertí, hace cinco años, que no se mantendría en forma indefinida la contradicción entre la más amplia e irrestricta libertad de expresión y la grave devaluación institucional. Era previsible que se resolviera en uno u otro sentido. Luego de meses sombríos, se diría que el peor escenario ha podido evitarse. Pero la vertiginosa carrera por la adquisición de medios gráficos y audiovisuales desatada entre holdings que manejan recursos milmillonarios de origen oscuro y en los que asumen posiciones sugestivas algunos ex ministros que han dejado el gabinete nacional en medio de grandes escándalos de corrupción ya sugería entonces que las próximas acechanzas serían menos burdas, pero no menos eficaces. Así fue. No es que los medios tradicionales tengan una trayectoria intachable. Durante la dictadura se asociaron al Estado en la primera fábrica productora de papel prensa, ocultaron la masacre en sus páginas informativas, la justificaron en sus editoriales y durante años reclamaron indulgencia para sus responsables. La gran prensa no ha sido mejor que las clases dominantes. En toda América el aporte de periodistas y escritores al proceso político y cultural ha sido mayor que el de los grandes medios, que antepusieron a cualquier otra consideración sus intereses económicos.
Tráfico ilegal
Desde el siglo XIX la información es una mercancía. Pero el mercado era al mismo tiempo la sociedad civil, cuyos intereses y gustos no podían ser ignorados por quienes buscaban venderle su producto con ganancia. Esos límites fueron desbordados y los grupos económicos propietarios de medios hoy pueden realizar mayores ganancias en otros mercados y usar la información como un eficaz gestor de sus otros negocios, ruidoso o discreto según convenga. Si esos intereses particulares dependen de decisiones de los poderes públicos, el riesgo de la subordinación de las decisiones editoriales a esa conjunción es imposible de exagerar. Es lo que ocurre con los consorcios que prestan o aspiran a prestar servicios concedidos por el Estado y/o con aquellos cuyo paquete de control es de identidad desconocida, con domicilio en una casilla de correo de algún paraíso fiscal donde se lavan los dineros sucios de la corrupción. Como los medios de comunicación son servicios públicos de gestión privada, la sociedad política debe establecer formas admisibles de propiedad que preserven la libertad, de cada uno a expresarse y de todos a ser informados. Como en cualquier otra actividad la concentración no es mala de por sí, siempre que estén garantizados la competencia y el pluralismo. Como en ninguna otra actividad es esencial asegurar que la venta del producto que se ofrece sea un fin en sí mismo y no apenas un medio para transar ventajas en otros escenarios. En la Argentina nos preguntamos cuánta fuerza social y organizada de qué modo deberá oponerse de ahora en más para impedir que los fabulosos beneficios económicos del desguace del Estado, concentrados en pocas manos, en asociación con los sectores políticos que condujeron aquel proceso y con poderes ocultos, bajen la palanca e incomuniquen al país, lo priven de los ojos, los oídos y la palabra, suplanten por su propia única voz la polifonía de las demás voces, tal como ya ocurrió en Chile. Estoy seguro que nadie puede entenderme mejor que ustedes.