Tres son las instancias decisivas por las que debe atravesar la Argentina para dejar atrás su actual condición de país no pagador, al que por tanto nadie financia voluntariamente. El jueves se cumplió sólo la primera, al estrechar la diestra del Fondo Monetario, acto por el cual se consiguió refinanciar más de 21 mil millones de dólares. Lo real es que a la postre el organismo se conformó con poco, pero tampoco dio mucho. La segunda prueba a superar será la reprogramación de la porción de deuda que no se sirve, una masa aún imprecisa que oscilaría en unos 100 mil millones de dólares. Esa pulseada, extremadamente compleja, insumirá unos nueve meses, según algunas estimaciones, y no anticipa un desenlace asegurado. El tercer desafío consistirá en lograr la renovación de los bonos que irán venciendo a partir de 2005, reto que sólo podrá remontarse si los mercados financieros se reabren para el país y a tasas que éste pueda afrontar. Por tanto, el stand by concedido por el FMI por tres años despeja sólo parcialmente el manto de bruma que envuelve a la economía argentina, altamente vulnerable por el fardo de endeudamiento que arrastra.
El brote de optimismo que siguió a la fumata blanca responde, más que nada, a la sensación de que la meta de 3 por ciento de superávit fiscal primario consolidado para 2004 es fácil de cumplir. Esta previsión se apoya en dos elementos: la performance fiscal del presente año (el presidente Kirchner predijo un superávit de 2,9 por ciento) y la alta tasa actual y prevista de crecimiento (o repunte) de la economía, por más que se desacelere el año próximo.
Aun en estas condiciones favorables, el ahorro primario (no computando intereses) del sector público se obtiene a condición de limitar severamente el papel que debería cumplir el Estado en la atenuación de la gravísima crisis social gestada como mínimo desde 1998. Aunque el gasto público primario vino recomponiéndose, en términos reales será en 2004 un 30 por ciento inferior al de 2001, según calcula Ecolatina, la consultora que creó y condujo Roberto Lavagna. Hay que recordar que la inversión en obra pública está incluida dentro de ese encogido gasto primario.
¿Existía una opción diferente? Probablemente no, salvo desentendiéndose de la deuda, cuestionando su legitimidad y exigiendo –sin grandes chances de éxito– que los organismos multilaterales admitan su responsabilidad en la crisis argentina y compartan los costos a través de una condonación parcial. Dentro de las reglas de juego que la Argentina ha resuelto aceptar, a pesar de sus reparos, el ajuste fiscal comprometido es escaso para la magnitud de la deuda, pero aun así expresa una elección conservadora, conformista. Nadie está pateando ningún tablero.
El objetivo central de la renegociación con los bonistas defolteados radica en conseguir que sólo una pequeña minoría de acreedores puedan mostrarse irreductibles, rechacen el canje por ninguno de los nuevos papeles que se les ofrezcan y opten por la vía judicial. Es obvio que el menú y los platos que lo compongan deberán concitar un alto consenso, que siempre es más fácil de generar si se ofrece como cebo un pago inicial en metálico.
Punto a favor del país: los tenedores saben que tienen pocas chances de cobrar vía tribunales. Es algo para agradecerle a Carlos Menem, Domingo Cavallo y Roque Fernández, ya que al liquidar masivamente los activos del Estado no dejaron nada por embargar. (Esto fue genuinamente celebrado días pasados por Daniel Artana, economista de FIEL y lopezmurphista, en una entrevista televisiva.) Punto a favor de los acreedores: no se les oculta que la Argentina (tanto el Gobierno como el establishment y ciertas franjas sociales) quiere salir del default y teme que la prolongación de éste “malvinice” la economía.
La pregunta al respecto es cuál será el precio que las empresas y los estratos de mayores ingresos estarán dispuestos a pagar para que se establezca una economía capitalista normal, según proclama el slogan oficial. La respuesta provendrá de los resultados que obtenga el planantievasión y de la reforma tributaria que eventualmente se impulse. Más allá de los tremendos problemas de corrupción e ineficiencia, lo que distingue al Estado argentino no es que gasta mucho sino que recauda poco.
Meta sustancial es que pueda reprogramarse la deuda sin necesidad de elevar el superávit primario para 2005 y 2006, compromiso que se negociará con el Fondo dentro de un año, aproximadamente. Se supone que una prioridad argentina será colocar títulos con un amplio período de gracia, que dé tiempo para que la economía crezca y se licue el pasivo en términos del Producto, las exportaciones, la paridad real del peso y la recaudación impositiva. Vista en esta perspectiva, la carga de la deuda parece menos aplastante.
En cuanto a la refinanciación de los vencimientos de capital, lo que cuenta es bajar drásticamente el riesgo país desde los 4723 puntos actuales. Para la Fundación Mediterránea, recién por debajo de los 700 podría considerarse “sustentable” la deuda. Esto replantea una polémica clásica sobre cuál es el camino para reducir la sobretasa que los prestamistas le demandarán a la Argentina una vez que le reabran el crédito. ¿Serán las recetas ortodoxas, el desprestigiado Consenso de Washington o el vago “cambio de modelo” que se pregona en oposición al paradigma neoliberal?
En algo, al menos, tienen razón los mediterráneos: la Argentina sólo podría salvarse de un doloroso ajuste fiscal si le cargasen la tasa de interés que paga Suiza o creciera como China. No siendo ni China ni Suiza, deberá resignarse a comprar más caro cada préstamo y a desarrugarse más despacio.