Alfredo Ignacio Astiz volvió a quedar detenido. De este arresto sólo podrá librarse si la Corte Suprema de Justicia decide convalidar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y aun así, correría riesgo de ser extraditado a Francia. El juez federal Sergio Torres ordenó ayer el encarcelamiento de El Angel Rubio y otros catorce represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la causa que se reabrió después de que el Congreso anulara las normas de impunidad. Los acusados ya están en condiciones de ser sometidos a un juicio oral.
Los represores que Torres mandó a detener a través del Ministerio de Defensa, además de Astiz, son: Jorge Eduardo Acosta, Juan Antonio Azic, Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Héctor Antonio Febres, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, Humberto José Barbuzzi, Carlos Raúl Carella, José Antonio Suppicich y Luis Nicolás D’Imperio. Los últimos cuatro están muertos. Febres y Acosta ya están presos en otras causas judiciales. El magistrado también renovó la captura de Jorge Raúl Vildoza, quien está prófugo desde hace años. Las Abuelas de Plaza de Mayo lo buscan por la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas.
No sólo Torres quiso encerrar ayer a Astiz. El juez federal de Bahía Blanca Alcides Alvarez Canale también pidió su captura, en este caso debido a la solicitud de extradición de Francia, donde El Cuervo fue juzgado por los secuestros y asesinatos de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. El magistrado bahiense se comunicó cerca del mediodía con Torres, quien le informó que tenía entendido que el ex marino ya se había presentado en el edificio Libertad. El reclamo francés perdería validez si el represor es juzgado en Argentina. Pero para que esto se cumpla acabadamente aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Ayer por la noche, además de Febres y Acosta, estaban presos Azic –el prefecto que se pegó un tiro cuando se ordenó su detención a solicitud de Baltasar Garzón– y Astiz. El Angel Rubio dormirá en el Edificio Libertad, ya que, aunque no tiene grado militar, es tratado como un oficial retirado. Fue echado de la Armada en 1998, después de que dijo a la revista trespuntos que era el “hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista”. El resto de los acusados (menos Vildoza) fue ubicado por la Marina y, según aseguraron fuentes judiciales, estaría en condiciones de presentarse hoy ante el magistrado y el secretario Diego Slupski. “Esperamos que Astiz sea alojado en un lugar ajeno a la Armada, tal como tenía previsto el juez aquí, donde iba a quedar preso en una sede de Prefectura”, afirmó el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón.
La causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA fue reabierta por la Cámara Federal porteña en pleno después de que el Congreso declarara “insanablemente nulas” las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tal como anticipó Página/12, el expediente avanzó esta semana, después de que la medida legislativa entrara en vigencia el viernes pasado.
Torres consideró que correspondía “retrotraer” la situación de los acusados a la que tenían antes de la sanción de la ley de Obediencia Debida y por eso dispuso el arresto de los quince represores y los embargó por sumas entre tres y treinta y dos millones de pesos. De los 300 delitos que están denunciados en la causa, 180 aún tienen que ser investigados. Hay 23 casos que deben ser emprolijados, ya que los marinos fueron interrogados por ellos pero no procesados o, al contrario, procesados sin ser indagados. En esa situación está la desaparición de las monjas francesas. Pero hay 80 crímenes por los que los ex miembros del grupo de tareas de la ESMA ya tienen su “situación procesal resuelta”, es decir, que están en condiciones de ser sometidos a un juicio oral. El juez pedirá que tanto el fiscal Eduardo Taiano como los querellantes se expidan sobre este tema.
Respecto de los casos que deben ser investigados de cero, Torres solicitó que el resto de los juzgados le informen si tramitan o tramitaron denuncias relacionadas con ellos. También pidió que los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos le comuniquen los antecedentes que tengan sobre las víctimas y “toda documentación relacionada con los actos de las Juntas Militares que gobernaron el país en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 referida a la aprobación o supervisión de los planes operacionales para las acciones represivas y órdenes impartidas para el cumplimiento de tales operaciones a los mandos superiores orgánicos de la Armada”. También reclamó que le entregaran papeles donde consten “decisiones adoptadas con respecto a la detención, alojamiento, trato y registro de los detenidos”.
Por su infiltración en los organismos de derechos humanos, Astiz se convirtió en una de las caras más visibles y simbólicas de la última dictadura. La operación que terminó con el secuestro de las religiosas francesas y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, entre otros familiares de desaparecidos, hizo que las facciones de eterno niño del represor quedaran grabadas en la memoria de las víctimas.
Con su condena en ausencia en Francia, El Cuervo tuvo el privilegio de convertirse en el primer represor que no pudo salir del país. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fue arrestado a pedido de la Justicia italiana y en la gestión de Eduardo Duhalde, estuvo detenido por un reclamo de Suecia, que lo quiere juzgar por la muerte de Dagmar Hagelin. Hace apenas semanas salió en libertad después de estar, junto con sus compañeros, 40 días preso por orden de Garzón. En Argentina sólo recibió una condena menor por apología del delito. El que se llevó a cabo ayer aparenta convertirse en su encierro más duradero.