Por A. M.

La anulación de las leyes de impunidad empieza a tener efectos concretos en las causas más emblemáticas sobre violaciones a los derechos humanos. Los abogados querellantes en la investigación sobre la sustracción sistemática de bebés pidieron que los once represores imputados sean también procesados por la desaparición, el secuestro y la tortura de sus madres desaparecidas. Si el juez federal Jorge Urso accede a la solicitud, Jorge Videla, Emilio Massera y los demás acusados verían agravada su situación procesal y recibirían una pena mayor cuando se sienten en el banquillo del juicio oral. Sin embargo, esa instancia sigue demorada.
Esta causa se inició en 1996 por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que pidieron que la Justicia investigue la apropiación sistemática de menores. Videla, Massera, Cristino Nicolaides, Juan Bautista Sasiaiñ, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Febres y Antonio Vañek ya están procesados, con la confirmación de la Cámara Federal, como autores mediatos de ese delito en más de treinta casos.
La Justicia comprobó cada uno de esos hechos cometidos contra los menores. Pero también fueron víctimas las madres secuestradas mientras estaban embarazadas, conducidas a centros clandestinos de detención, torturadas en forma física y psíquica y desaparecidas luego de dar a luz. “Este crimen es más grave que el cometido contra sus hijos”, explicaron los abogados David Baigún, Alberto Pedroncini y Marcelo Mónaco en el escrito que presentaron ayer en el juzgado de Urso. “En el expediente están las pruebas completas de todos estos delitos cometidos mediante el uso de un sistema de poder, pero los cometidos contra las madres no eran investigados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, agregaron. Por lo tanto, los letrados pidieron que, a partir de la anulación de esas normas por el Congreso, sean ampliadas las declaraciones indagatorias.
En tal sentido, los abogados sostuvieron que “no existe diferencia entre los delitos de sustracción de menor y de privación ilegal de la libertad de sus madres en cuanto a su capacidad para ser el núcleo de una práctica sistemática en su comisión. Entre otras razones, ambos son delitos contra la libertad cometidos en cada caso en forma parcial o totalmente simultánea por los mismos autores mediatos”. Y agregaron que la tortura psíquica contra las embarazadas consistía en “estar a merced de su secuestrador/torturador, en saber que su hijo nacería en el ámbito siniestro del campo de concentración, que en ese momento el torturador ocuparía el lugar del padre, que el niño sería objeto de apropiación, y que ella misma (la madre) sería eliminada para borrar toda huella del alumbramiento y de la verdadera filiación del niño”.
En su escrito, Baigún y Pedroncini se quejaron por no haber sido recibidos por el juez Urso. Y recordaron que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por la demora en cumplir con celeridad los pasos procesales necesarios para elevar la causa a juicio oral, claramente señalados por la Cámara Federal”.