La jueza federal María Servini de Cubría no tiene voluntad de investigar los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Así lo señaló la Sala I de la Cámara Federal, en una dura resolución en la que decidió que la magistrada no se hiciera cargo de esa causa. El sumario “ha quedado envuelto en un enredo de planteos efectuados por la señora jueza”, aseguraron los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. Para desprenderse del expediente, ella había invocado la condición de brigadier de su marido, cosa que nunca antes le había impedido tramitar casos relacionados con el terrorismo de Estado, sobre todo en relación con las apropiaciones de hijos de desaparecidos.
Los camaristas no aceptaron los argumentos que había esgrimido Servini de Cubría para rechazar la causa que la Cámara ordenó reabrir –junto con la de la ESMA– después de que el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La jueza había afirmado al excusarse que su esposo, Juan Cubría, es amigo del ex jefe de la Fuerza Aérea Omar Graffigna “desde la época de la escuela primaria en la ciudad de Rosario” y que, como brigadier retirado, “mantiene permanente relación con los brigadieres que se hallan en su misma condición, al igual que los que se encuentran en actividad”. Esta circunstancia, advirtió, hacía que ella tuviera “un estado de ánimo propio incompatible con la ecuanimidad y serenidad atinente a (su) augusta misión”.
“Mi vida ha girado en torno del ámbito militar”, afirmó en ese escrito Servini de Cubría. Las expresiones de la jueza provocaron que los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieran su apartamiento en una causa en la que se investiga la sustracción del hijo de una mujer desaparecida que estuvo detenida en un centro clandestino perteneciente a la Fuerza Aérea.
Cavallo y Vigliani aseguraron en la resolución que firmaron ayer que la magistrada no había dado “un solo fundamento objetivo y serio que permita justificar” su decisión de rechazar el caso. Y aunque consideraron que su excusación resultaba “huérfana de sustento”, explicaron que “no habrá de conferírsele una nueva oportunidad para la subsanación de tamaña omisión” debido a que es “inequívoca la voluntad de excluirse del conocimiento de la causa”.
Los jueces de la Sala I convocaron a un plenario de la Cámara para evaluar la conducta de Servini de Cubría y allí se resolvió sortear el expediente, que recayó en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Por el momento el caso quedará en manos de Juan José Galeano, ya que su colega está de licencia por razones de salud. El juez que detuvo a los militares reclamados por Baltasar Garzón se incorporaría a su trabajo a fines de la próxima semana. Al parecer éste será el fin del peregrinaje de la investigación sobre los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército.
Cuando la Cámara impulsó la reapertura de las causas ESMA y Primer Cuerpo, Servini de Cubría salió sorteada para intervenir en la de la ESMA pero se excusó con el argumento de que uno de los posibles acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, había sido empleado suyo. Esa investigación, entonces, recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien se hizo cargo de ella pero le envió a Servini de Cubría “por compensación” la del Primer Cuerpo, que le había tocado a él. La jueza también rechazó este expediente. Primero dijo que no tenía el mismo volumen que la de la ESMA y luego sacó a relucir la profesión de su marido. En el ínterin, la documentación volvió al juzgado de Torres y luego fue al del juez Norberto Oyarbide.
El pleno de la Cámara, en una clara señal de que tiene interés en el avance de la investigación, sacó del turno al Juzgado Nº 3 a cargo de Canicoba Corral. Esto quiere decir que por el momento allí no se recibirán nuevas causas. En un gesto inédito, decidió que esos expedientes vayan al despacho de Servini de Cubría. El enojo con la jueza en los tribunales de Comodoro Py era evidente. “Lo que pasó es gravísimo. Prácticamente incurrió en la no persecución de la causa”, aseguró un juez a Página/12.
En el expediente que ahora quedó a cargo de Canicoba Corral –y momentáneamente de Galeano– los fiscales Freiler y Delgado habían pedido la detención de 38 represores, entre ellos los coroneles Alberto Pedro Barda y Alberto Durán Sáenz y el general Jorge Olivera Rovere.