El texto del proyecto con el que se pretende aprobar el ingreso de tropas norteamericanas para que participaran del ejercicio militar “Aguila III” generó desconfianzas tanto en el oficialismo como en la oposición. No estaba claro el concepto de inmunidad que se pretendía otorgarles a los efectivos. La presencia en la Cámara de Diputados del canciller Rafael Bielsa y del ministro José Pampuro, anteayer, no ayudó. Fueron lo suficientemente ambiguos como para que las dudas se profundizaran. Hecho que terminó por generar disgustos en la Rosada, sobre todo con el canciller. Todo indica que para comenzar a resolver el dilema fue necesario que terciara el presidente Néstor Kirchner, quien aseguró –a través del jefe de Gabinete, Alberto Fernández y del titular del bloque, José María Díaz Bancalari– que “no está de acuerdo en aceptar la inmunidad plena” para las tropas extranjeras.
Durante la reunión de Bielsa y Pampuro con los integrantes de las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, señalaron que la mejor forma de garantizar una inmunidad funcional para los efectivos militares –esto es un manto protector contra posibles incidentes que surjan de la actividad– era a través de la incorporación al proyecto de ley de un párrafo que hace referencia al artículo 37, inciso 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Con esto, sobre todo Bielsa, consideraba que se superaba el conflicto que se había generado en el seno de la Cámara baja.
Sin embargo, la propuesta profundizó la desconfianza porque lo que no dijo el canciller era que dicho inciso se referenciaba en el 31 del mismo convenio, donde además de la inmunidad civil y administrativa se les otorgaba a las tropas inmunidad penal. Esto es una protección absoluta.
Los argumentos de Bielsa no lograron convencer ni siquiera a los propios. Tan es así que el propio presidente de la Comisión de Defensa, el duhaldista Jorge Villaverde, terminó firmando el despacho en disidencia. Los kirchneristas del bloque también hicieron oír su oposición: “No estamos dispuestos a levantar la mano para no contradecir a nuestro presidente cuando estamos seguro de que se trata de un error”, indicó un legislador cercano al patagónico.
Así, era imposible que el proyecto pudiera ver la luz.
La ambigüedad y la poca claridad en las explicaciones de los ministros, sobre todo la frase que pronunció el canciller cuando dijo que “se estaba frente a una cuestión de política de relaciones bilaterales”, provocó la aparición de versiones que indicaban que la inmunidad absoluta, en particular para las tropas de Estados Unidos, era una suerte de “canje” por el apoyo de Washington a la Argentina para llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Análisis que no sólo fue compartido por la diputada radical, Margarita Stolbizer, quien aseguró que el proyecto “debe ser parte del acuerdo celebrado con el FMI”. También avalaron esta tesis diputados y hasta senadores justicialistas que reconocieron a este diario la fuerte presión que estuvo realizando la embajada norteamericana en este sentido.
Esto generó las iras del Ejecutivo que –según fuentes de gobierno– tuvo como centro al canciller.
A primera hora de la tarde de ayer, Kirchner reunió en su despacho a Fernández y a Díaz Bancalari. Les aseguró que no estaba dispuesto a otorgar inmunidad total para las fuerzas norteamericanas y les ordenó que dieran una conferencia de prensa. Ambos, ministro y legislador, acataron la orden sin chistar. De esta forma, Bancalari debió olvidarse de su intención de votar el proyecto sin miramientos, tal como había asegurado a sus compañeros durante la tarde del miércoles a partir del argumento de “somos el bloque oficialista y acompañamos las iniciativas del Ejecutivo”. Para resolver el intríngulis, el diputado kirchnerista Gerardo Conte Grand propuso ayer una modificación al texto original que está siendo estudiada por el bloque. El legislador porteño sostiene que para limitar la inmunidad exclusivamente a los actos que se produzcan durante el desarrollo de los ejercicios bélicos debe recurrirse al artículo 37 de la Convención de Viena, pero exclusivamente al inciso tercero. “De este modo, todo acto o delito que provocase un daño a ciudadanos argentinos, ajenos al ejercicio, será juzgado bajo la ley argentina y por los jueces argentinos”, indicó el diputado.
A partir de ahora el bloque justicialista no sólo debe abocarse a la tarea de encontrar el texto de ley que lime las asperezas, sino que también lo debe hacer el radicalismo que en este tema está fracturado tanto como sus colegas oficialistas.