Hace un año, la asamblea de Palermo Viejo recuperó un antiguo mercado municipal abandonado y comenzó a hacer ahí sus actividades. Los vecinos arreglaron el edificio, que estaba en muy mal estado, en un trabajo conjunto con el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza. Ahora que está de punta en blanco, acaban de presentar dos proyectos que aspiran a rescatar su valor como espacio público y evitar su privatización: pidieron que sea declarado patrimonio histórico y elaboraron un plan para convertirlo en un centro de “economía solidaria”, donde comercializar y exponer la producción de empresas autogestionadas, la de otras asambleas y de grupos de obreros desocupados no sólo de Capital Federal sino de otras provincias.
Los vecinos autoconvocados hicieron un estudio minucioso sobre el pasado del lugar que decidieron ocupar. “Fue construido en 1914 por el municipio para abaratar los precios de los bienes de consumo doméstico para los sectores populares de la zona, entonces conocida como El Maldonado. Era el centro del barrio”, cuenta Laura Martin, historiadora e integrante de la asamblea desde que surgió en diciembre de 2001. El predio tiene una nave central, con su entrada sobre Bonpland 1660, donde funcionó un mercado en el que subsisten sólo tres puestos. Ese bloque está rodeado por una callecita empedrada en forma de “u” que ingresa al corazón de la manzana.
En la parte trasera estuvieron durante años las oficinas administrativas, pero llevaban por lo menos una década sin uso cuando los caceroleros decidieron ingresar. Ahí, al fondo, trasladaron los plenarios que antes hacían en una esquina del barrio y se propusieron reacondicionar el lugar. Un asambleísta arquitecto hizo un diagnóstico edilicio. Después nació un fuerte vínculo con piqueteros del MTD, que hicieron el principal trabajo de albañilería y la construcción de una puerta de hierro, labrada y con vidrios. “Interactuar con ellos nos permitía dar trabajo a desocupados, con recaudación de la asamblea, y a la vez aprender de sus experiencias de autogestión”, dice Mariel, una de las vecinas.
Aunque intentaron desalojarlos, los asambleístas de Palermo se defendieron argumentando que el mercado es un espacio público, el único en la zona (entre las calles Dorrego, Córdoba, Juan B. Justo y Santa Fe). Tras idas y vueltas, firmaron un convenio con las autoridades porteñas para utilizarlo. Esto los diferenció de otras asambleas, que tuvieron pleitos judiciales y sufrieron represión policial al ocupar inmuebles privados.
“El planteo que llevamos a la Dirección de Patrimonio porteño intenta amparar a este lugar de cualquier inclemencia política y a fortalecerlo como espacio de sociabilidad local, como lo fue en sus orígenes”, dice Laura. El otro pilar de la propuesta asamblearia es político. Surgió entre debates de un grupo de asambleas que se identifican como “autónomas” (en relación a los partidos políticos), cuando buscaban “formas de reconstruir el tejido social y los lazos productivos y de enfrentar la crisis activamente, no sólo desde la protesta sino gestionando lo público”, teoriza Mariel. “La preocupación por el desempleo era muy fuerte. Primero organizamos una feria artesanal en las callecitas. Después avanzamos en pensar más formas de generar trabajo de manera solidaria, sin explotación y con un reparto equitativo de la ganancia”, agrega Inés Fernández.
El proyecto de “economía solidaria” presentado días atrás ante el gobierno porteño impulsa, dice el texto, la creación de un espacio físico “para promover y comercializar” la producción –que abarca desde rubros alimenticios, textiles hasta editoriales– de diversas organizaciones sociales. Participan el Movimiento de Empresas Recuperadas, la Federación de Emprendimientos de Economía Solidaria, varias cooperativas, la Fundación Naturaleza Viva (productores orgánicos), el MTD-Matanza, la Sociedad Obrera de desocupados de Santiago del Estero, el Mercado 20 de Diciembre de Rosario y más de 15 asambleas, entre otros. Uno de los ejes del plan para un “mercado social” es el “comercio justo”: “Aquel –traducen los vecinos– en el que los precios están determinados por el acuerdo al que llegan productores y consumidores, y que reconoce el valor del trabajo de producción y distribución de los artículos, como las posibilidades de pago de los vecinos”.