Por I.H. y V.G.

“Hace falta un poco de tregua”, repetían ayer los más menemistas de la Corte Suprema. Con este espíritu, el Alto Tribunal evitó ayer fallar contra el corralito, como en realidad tenía previsto, en varios expedientes que en los últimos días inquietaron al Gobierno. Utilizando un procedimiento poco usual, los ministros informaron públicamente que los temas se habían tratado en el acuerdo ordinario pero que la resolución había sido postergada debido a una presentación de la ombudsman porteña Alicia Oliveira y a otra del Banco Central.
Las resoluciones que desde el fin de semana intentaba apurar el titular de la Corte, Julio Nazareno, apuntaban a avalar una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y que habilitaría a todos los porteños a sacar sus ahorros capturados en el banco, a liberar el corralito de 247 millones que reclama la provincia de San Luis y declarar inválido el artículo 12 del decreto 214, que dispuso suspender por 180 días los juicios contra las restricciones bancarias. También figuraba en los planes revertir un fallo propio y liberar al camarista Claudio Kiper de la obligación, que le había impuesto, de devolver más de 200 mil dólares al banco.
Alerta a la embestida de la Corte que se aproximaba, y que implicaba una amenaza para la estabilidad financiera, el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov envió sus propias señales de preocupación: al anunciar las nuevas medidas el lunes a la tarde, dijo que confiaba en que los supremos “finalmente fallen preservando la sustentabilidad del conjunto de la sociedad y del sistema financiero”. La actitud de Remes fue evidentemente opuesta a la de otros funcionarios que, en un principio, intentaron minimizar los alcances de los inminentes fallos del alto tribunal.
En el acuerdo ordinario, dice un comunicado, “la Corte Suprema no adoptó decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la provincia de San Luis y por la señora defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pues con respecto al primer caso consideró necesario estudiar una presentación realizada a último momento por el Banco Central de la República Argentina, mediante la cual informó sobre la situación de los recursos del sistema financiero; y con respecto al asunto planteado por la señora defensora también estimó que es necesario considerar un último escrito presentado por dicha representante, por el cual realizó ciertas manifestaciones con respecto a los alcances y el modo de efectivizar la medida cautelar que oportunamente solicitó”.
Lo que la Corte no explicita en esas líneas, es que lo que el BCRA argumentó es que no hay dinero y lo que Oliveira pidió, es una audiencia “en la que participen la Asociación de Bancos y el Banco Central” para que se garantice “la restitución ordenada” de los ahorros “sin afectar la operatoria bancaria”. Algunas voces en tribunales ya evaluaban que ese tipo de convocatoria, según la jurisprudencia de la propia Corte, debe convocar el juez de primera instancia que instruye la causa.
Al margen de los argumentos oficiales del tribunal, hay otras dos cuestiones en juego. No todos los ministros que firmaron el primer fallo donde declararon la inconstitucionalidad del corralito, aplicable sólo “caso Smith”, estaban dispuestos esta vez a suscribir una decisión mucho más violenta por sus alcances sociales, políticos y económicos. Por otro lado, los supremos están atentos a la marcha del juicio político y a cualquier posibilidad de diálogo. Allegados a los menemistas describen el asunto así: “los jueces no quieren generar conflictos innecesarios con el Poder Ejecutivo en este momento”. Es decir, la Corte maneja sus propios tiempos para dar las sorpresas y no está todo dicho.
La Corte, en suma, no se expidió pero sí lo hizo en durísimos términos el juez porteño Roberto Gallardo. En su fallo, compara las “restricción de garantías y derechos” que impone el corralito con la dictadura militar, al fallar a favor de una jubilada de 69 años que necesita dinero para comprar medicamentos.