Los fiscales de Bahía Blanca Antonio Castaño y Hugo Cañón trabajan en la apelación, ante la Corte Suprema, de la extradición del represor Alfredo Astiz. “Todavía no hay certeza jurídica en el país que permita asegurar que vaya a ser juzgado en la Argentina por el crimen de las monjas francesas”, explicó Cañón. Mientras tanto, el juez federal Sergio Torres analiza la participación de El Angel Rubio en la desaparición de las religiosas Alice Domon y Leonie Duquet, ya que el ex marino aún no fue procesado aquí por ese delito.
Cañón y Castaño representan en el trámite de extradición al Estado francés. Como aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre las leyes de impunidad, los fiscales insistirán con el reclamo de Francia, donde Astiz fue condenado en ausencia en 1990 por el secuestro de Domon y Duquet.
El juez Alcindo Alvarez Canale, que rechazó el pedido para que Astiz termine en una cárcel parisina, justificó su decisión apelando a que ésta no implicaba “impunidad ni que deje de ser juzgado por los hechos que se le imputan, ya que está sometido a proceso en la causa 14.217 que tramita el juzgado Federal 12, donde ya fue indagado por los hechos que versa el pedido extraditorio”. El juez se opuso a la extradición porque ya se había pronunciado en contra de la solicitud en dos oportunidades y, según afirmó, la “nueva ley, en su artículo 37, establece la imposibilidad de solicitar una nueva extradición por el mismo país en iguales circunstancias”.
Mientras se opone al juzgamiento de Astiz en el exterior, el juez analiza la posibilidad de iniciar acciones sobre quienes se manifestaron contra el ex marino el sábado en Bahía Blanca. Alvarez Canale pidió a los canales locales de televisión los videos con las escenas de lanzamiento de huevos, incidentes con efectivos de Prefectura y la rotura de un vidrio en la puerta de los tribunales.
Astiz fue arrestado el martes pasado por pedido de Alvarez Canale y Torres, quien investiga los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esta causa fue reabierta por la Cámara Federal después de que el Congreso anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El juez retrotrajo las situaciones de los imputados a la que tenían antes de la sanción de las leyes de impunidad. En ese entonces, Astiz estaba procesado por cinco secuestros. Por el caso de las monjas francesas y los familiares de desaparecidos que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, el ex marino sólo había sido indagado.
En este momento, Torres –que resolvió que el lugar de detención de Astiz sea la base naval de Zárate– tiene a estudio el caso y deberá resolver la situación procesal del represor sobre el crimen que consumó al infiltrarse en las reuniones de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. El represor se presentó ante ellos bajo el nombre de Gustavo Niño y guió al grupo de tareas de la ESMA que el 8 de diciembre secuestró a siete personas que estaban reunidas en la iglesia, entre ellas Domon. Ese día y el siguiente se concretaron otras cuatro desapariciones, incluidas la de Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.