Al igual que al represor Alfredo Astiz, la libertad que recuperó después de que el gobierno español no pidiera su extradición por genocidio, terrorismo y torturas, le duró poco. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez fue arrestado el lunes por la noche por orden de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano. Lo mismo ocurrió con cinco torturadores del centro clandestino de detención La Perla. Todos están acusados de la desaparición y asesinato de cuatro personas, hechos que no fueron investigados antes. “Esto es el inicio de lo que esperamos sea el camino de la lucha contra la impunidad. Lo único que queremos es la verdad y la justicia”, afirmó Claudio Orosz, abogado de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Córdoba.
En marzo de este año, Garzón de Lascano rechazó un pedido de la fiscal Graciela López de Filoñuk para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el indulto en incidentes que se habían derivado del Juicio por la Verdad. La fiscal había respaldado un reclamo realizado por diferentes organismos de derechos humanos, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), HIJOS y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La jueza no estuvo de acuerdo con el planteo, pero dejó abierta la posibilidad de que se iniciaran acciones penales por delitos cometidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 o por casos que no se hubiesen incluido en la causa Menéndez, cerrada luego del indulto que benefició al máximo represor cordobés.
En base a la resolución de la jueza, el viernes pasado la fiscal impulsó una denuncia por las desapariciones de Osvaldo Raúl Cardozo, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas e Ilda Flora Palacios. Ellos fueron secuestrados en noviembre de 1977 y llevados a La Perla, el mayor centro clandestino de la provincia, por el que se estima que pasaron al menos 2200 personas entre 1976 y fines de 1979.
El 15 de diciembre de 1977 los cuerpos de Cardozo, Brandalisis, Lajas y Palacios aparecieron en la intersección de la avenida Colón (en ese entonces Ejército Argentino) y Sagrada Familia. La versión oficial fue que habían muerto en un enfrentamiento después de que no se detuvieron ante una voz de alto en un control vehicular. Los cuatro fueron enterrados en el cementerio San Vicente y en la causa figuran sus certificados de defunción. El Equipo Argentino de Antropología Forense, que está trabajando en Córdoba desde hace meses, recuperó restos que podrían pertenecerles, pero aún no pudieron ser identificados.
Silvia Lajas, hermana de una de las víctimas, aseguró ayer que la detención de Menéndez le provocó “alegría por conocer que está preso y tristeza y odio por revivir de nuevo ese episodio”.
“Ahora vamos a seguir con todas las causas que quedaron excluidas de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las que tratan de hechos anteriores al 24 de marzo de ‘76, o las referidas al tramo de las desapariciones forzadas que van del ‘87 (cuando se sancionó la Obediencia Debida) al 2003. Todo esto, más allá de que planteamos la anulación de las leyes ante la Cámara Federal”, explicó a Página/12 María Elba Martínez, abogada del Serpaj.
El coronel César Emilio Anadón, que fue jefe del destacamento de Inteligencia 141 y de La Perla, fue arrestado ayer junto a Menéndez, quien, como jefe del Tercer Cuerpo, fue responsable de los crímenes que se cometieron durante la última dictadura no sólo en Córdoba, sino también en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero.
Los otros detenidos fueron Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone. Los tres primeros eran sargentos e integraron el grupo Comando de Operaciones Especiales de La Perla, donde actuaron como torturadores y secuestradores. El mismo roltuvo Lardone, quien era miembro de la patota desde su puesto de personal civil de inteligencia.
Los acusados, que fueron alojados en la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, serán interrogados hoy por la jueza. La fiscal solicitó que fueran trasladados a un lugar de detención ordinario, aunque se estima que los mayores de 70, Menéndez incluido, quedarán presos en su domicilio.
No sólo los organismos de derechos humanos celebraron la detención de “Cachorro”. Ayer se reunió en Córdoba la Mesa de Diálogo local y López de Filoñuk concurrió como representante de la Justicia Federal. Fue recibida de pie y con aplausos por sus compañeros, entre los que había rectores de universidades, representantes de periodistas, de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados.
Si bien en este caso las detenciones no se basaron en la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sí funcionó como disparador la anulación de las normas por el Congreso, que también provocó la apertura en Buenos Aires de las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. La fiscal, además, se reservó la posibilidad de impugnar las leyes de impunidad por la vía judicial, ya que se prevé que los represores atacarán la validez de la medida legislativa.
“Menéndez siempre representó los intereses de ciertas elites pero ya estaba muy desprestigiado. Lo que falta ahora es avanzar en la estructura administrativa y los cuadros importantes de inteligencia”, afirmó Martínez en referencia a los pasos a seguir en el caso. Orosz señaló que el actual arresto de Menéndez es “distinto a la situación de un pedido de extradición que depende exclusivamente de voluntades políticas, ya que se trata de un proceso judicial” y que “este proceso va a garantizar el derecho de defensa de los imputados, cosa que ellos no le dieron a sus víctimas”.