José Miguel Coggiola era un empleado de la empresa Mackentor cuando la mañana del 25 de abril de 1977, al abrir la puerta de su oficina, en Montevideo y Lavalle, lo tomaron por la espalda “y me pusieron un revólver en la nuca”. Así, encañonado, lo obligaron a esperar a sus compañeros. Ahora, con 74 años, este hombre todavía no puede creer lo que les sucedió: “Nos vendaron a todos y nos llevaron a la Federal, ahí en la calle Moreno. Al otro día nos subieron a un avión y nos trajeron a Córdoba, al campo de La Ribera. Estuvimos como tres meses”.

Así arrancó la pesadilla para todos los trabajadores y directivos de esta empresa constructora –en total 23 personas secuestradas, torturadas y cautivas– que tenía oficinas, depósitos, plantas y obradores en Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan; y la principal particularidad de Mackentor –entre otras– era que su dueño, Natalio “Talo” Kejner, había concebido un sistema propio para desarrollarla: él tenía el 51 por ciento de las acciones, en tanto que todos los que trabajaban eran propietarios del 49 restante. Eso, creía Kejner, motivaba a que todos hicieran sus labores con más empeño, ya que cada uno estaba haciendo crecer su propio patrimonio. Una idea subversiva para la dictadura. La otra, y más importante, era que la empresa gozaba de prosperidad: el monto de sus negocios era de varios millones de dólares y participaba en las licitaciones de las obras públicas de mayor envergadura del país. De hecho, estaban construyendo un gasoducto que uniría las ciudades de San Francisco y Villa María, en Córdoba.

El represor Luciano Benjamín Menéndez la tenía en su mira. Con la falaz acusación de que “colaboraban con la guerrilla” –algo que nunca pudieron confirmar ni en los Consejos de Guerra dictatoriales–, allanó y secuestró a todos los ejecutivos y trabajadores, y los torturó en los campos de concentración de La Ribera, La Perla y la cárcel UP-1. La empresa fue intervenida por los militares golpistas que, tres días después de la detención masiva, blanqueó la invasión en el juzgado federal cordobés de Adolfo Zamboni Ledesma: un juez que convalidó el accionar del terrorismo de Estado de modo consuetudinario.

El apellido-excusa para el supuesto lazo con los Montoneros y el ERP era el del abogado Gustavo Roca, quien había sido síndico de Mackentor y uno de sus socios fundadores, aunque ya no pertenecía a la firma cuando fue intervenida por los militares y estaba exiliado en España. Roca tenía una historia personal que quemaba en la ideología del terrorismo de Estado: junto a Eduardo Luis Duhalde viajó a Chile para patrocinar a los jóvenes militantes que habían logrado fugarse de la cárcel de Trelew el 22 de agosto de 1972; además haber sido amigo personal de Ernesto “Che” Guevara, en su juventud, y del hijo de Deodoro Roca, uno de los líderes de la Reforma Universitaria cordobesa. Roca partió al exilio luego de que cuatro de sus socios y también abogados de Mackentor, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Roberto Sanjurjo y Carlos Altamira, fueran secuestrados y desaparecidos en 1976.

“Durante los interrogatorios nos volvían locos preguntándonos dónde estaba la plata, dónde están las armas –declaró ante el tribunal José Miguel Coggiola, quien entonces tenía 37 años–. Nos decían que estábamos metidos con el ERP y los Montoneros. A mí y al señor (Enzo) Manassero –uno de los ejecutivos– nos picanearon.”

Aún conmocionado por el recuerdo del dolor y la injusticia, el testigo recordó: “Como yo gritaba mucho por la picana, me decían ‘no seas maricón que te estamos dando a un 30 por ciento de lo que les damos a los que sabemos que hay que castigarlos’. Con 30 o lo que sea, yo me desmayé, perdí la noción del tiempo...”.

A Coggiola y una veintena de compañeros de trabajo los mantuvieron cautivos más de tres meses en el campo de La Ribera hasta que los pasaron a la cárcel penitenciaria UP-1. El hombre recordó, con cierto amargo humor, que “los tipos me acusaban, en los Consejos de Guerra que me hicieron, de tener una estrella roja de cinco puntas del ERP en mi armario de la oficina. Yo no lo podía creer: era la estrella del arbolito de Navidad que teníamos en el local... Cuando les decía eso, me preguntaban que por qué no ponía una de seis. Y yo les contestaba porque ésa es la estrella judía (la de David) y ellos me contestaban ‘¡ah, entonces sos racista!’”. Otra de las “pruebas” que tenían contra Coggiola era un casete del grupo Quilapayún, que habían encontrado en su escritorio. “Para ellos, era música subversiva. Les dije que lo había comprado en la calle, en Buenos Aires. Para defenderme, mi hermana fue y compró uno con boleta y todo en Córdoba. Yo ya estaba en la cárcel cuando un compañero viene y me dice ‘che, están descargando a unos tipos de unos camiones. Son los dueños de las disquerías que vendían esa música. Te van a hacer cagar’. Esa, señor juez, era la mentalidad del señor Menéndez: porque vendían esa música, que después supe que Pinochet también perseguía (era el grupo apadrinado por Víctor Jara), los metió presos”.

A los 89 años espera justicia

Pero los secuestros, la tortura y el saqueo de la empresa de Natalio “Talo” Kejner no terminó con la dictadura. En realidad, Mackentor era un poderoso grupo económico compuesto por tres empresas, Mackentor, Horsen y Empresas del Interior: Edilsa.

En su declaración por videoconferencia desde México, donde vive, el empresario que está casi ciego detalló –a través de un escrito que leyó su hijo Camilo– cómo, ya en democracia, pidió que se lo resarciera por los daños sufridos por su familia y empleados –él estaba en Venezuela cuando el asalto a su empresa–; además de las pérdidas materiales: la mayor parte de sus negocios pasó a la empresa privada Supercemento, de estrecha vinculación con los militares –de allí que se compare el caso con lo ocurrido con la familia Graiver de Papel Prensa–, aunque no tuvo mejor suerte.

La entonces jueza Federal Cristina Garzón de Lascano consideró que la causa había prescripto y lo condenó a pagar costas por más de 2,3 millones de pesos-dólares. Eso motivó el pedido de quiebra de la empresa, y la enorme desazón de un hombre que, a sus casi 90, todavía no se repone de la injusticia.

“También hubo, en la persecución llevada a cabo por Menéndez –declaró Kejner–, una motivación económica. Mackentor en esos días era la burguesía nacional argentina que quería crecer económicamente e invertir en el país. Entre otros logros resultantes de esa estrategia se obtuvo una patente de última generación para fabricar tubos para conductos de alta presión, y se instaló la única fábrica de estos insumos en el país. Mackentor quebró el monopolio en la venta de esos insumos esenciales que tenían los importadores de la época, y con el desarrollo de empresas como Mackentor se desarrollaba y cambiaba el país, y eso afectaba los negocios. Esas fueron las motivaciones centrales que tuvo Menéndez para iniciar esta brutal persecución y robo. Hoy tengo 89 años, mi salud es cada vez peor, he perdido la vista y sólo me queda la esperanza de un acto de justicia después de 37 de injusticia (...), que de una vez por todas se haga justicia y que los responsables, estén donde estén, no salgan impunes. Una sentencia judicial veraz al menos logrará honrar a los muertos.”

Otra de las declaraciones claves en este caso fue la del periodista e investigador Fabián García, quien está escribiendo un libro sobre el caso. Su testimonio dejó al descubierto los súbitos beneficios que obtuvo la empresa Supercemento, que se quedó con los negocios de la firma intervenida, y señaló el paralelismo del caso Mackentor con Papel Prensa. “Ambos son grupos a los cuales, sin la intervención del Estado, no les hubiera sido posible realizar tamaña operación, ya sea de traspaso de Papel Prensa (a Clarín, La Nación y La Razón) o, en ese momento, probablemente, de rescisión del contrato de la obra que Mackentor tenía, el segundo acueducto Villa María-San Francisco.” Según Fabián García, “para tener una noción del monto que movía el acueducto, era de unos siete millones y medio de dólares de entonces”. La obra fue “traspasada de Obras Sanitarias de la Nación a Supercemento, que se había quedado ya con la fábrica de caños de Mackentor”.

El resultado inmediato de este testimonio derivó en el pedido de comparecencia en este juicio a los responsables de la firma Supercemento; pedido que fue avalado de inmediato tanto por la fiscalía de Facundo Trotta como por el Tribunal Oral Federal Nro. 1 en pleno.