La titular del Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, Romina Pzellinsky, consideró que la denuncia en su contra por supuesto espionaje presentada por el fiscal Augusto Troncoso es “una maniobra de defensa porque está bajo un sumario administrativo por mal desempeño en causas de violencia de género”. En una entrevista con Página/12, la abogada detalló que desde el Programa –creado en 2012 por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó–, se hizo una “auditoría” de la actuación de Troncoso en esos expedientes y encontraron “que tiene un patrón metódico de no impulsar la acción, desestimar las denuncias y archivarlas”. Puntualmente, “no produce prueba y descree de los testimonios de las víctimas, incluso en casos de denuncias de hechos graves, como situaciones de privación de la libertad y coacciones”. Y aclaró que está “completamente habilitada” para monitorear el desempeño en esas causas, saliendo así al cruce de las acusaciones de Troncoso, que dieron origen a una causa que investiga el fiscal Guillermo Marijuán, con una amplia repercusión mediática, que paradójicamente minimizó las razones por las que el denunciante está denunciado. Ayer, más de 250 personalidades, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ONG especializadas en género salieron a respaldar a Pzellinsky y la tarea que viene llevando adelante desde el Programa, frente a lo que consideraron una “deliberada operación de desinformación y tergiversación” difundida los últimos días (ver aparte).

Pzellinsky precisó a este diario que uno de los argumentos del fiscal para no investigar denuncias de violencia de género es que se trataría de “una problemática de familia” en la que no tiene que intervenir el fuero penal, aun cuando las víctimas denunciaban delitos, una vieja postura de los sectores más conservadores de la Justicia, que es violatoria de tratados internacionales suscriptos por Argentina, como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

–¿Por qué el fiscal Troncoso dice que usted realizó espionaje sobre su trabajo? –le preguntó Página/12.

–Es falsa la acusación. Troncoso me acusa de que me entrometí de manera indebida en el sistema Fiscalnet de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal. Pero yo, como funcionarios de otros organismos de la Procuración, en el marco de nuestras funciones, tenemos acceso para poder monitorear las causas. En nuestro caso, en expedientes de violencia de género. No hubo ningún espionaje. El acceso a sus expedientes fue parte de una auditoría sobre su actuación, en el marco del sumario administrativo por mal desempeño en causas de violencia de género. Estamos luchando contra las resistencias de un sistema de Justicia donde está muy arraigada una mirada patriarcal. Troncoso es un ejemplo.

El fiscal Marijuán impulsó la apertura de una causa para investigar si la Procuración, a través de Pzellinsky, espió a Troncoso mediante el sistema Fiscalnet. La denuncia original la hizo Troncoso mismo, quien dice que desde el Programa de Género accedieron a las causas de su fiscalía.

–¿Cómo se inició el sumario administrativo por mal desempeño del fiscal?

–Troncoso fue denunciado por primera vez en 2011 por su actuación en causas que involucraban violencia de género por la jueza Wilma López y luego, en 2012, por el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Nilda Garré. Uno de los casos más paradigmáticos de su actuación fue el intento de archivo de una causa en la que ocho miembros de la Policía Federal estaban acusados de violar y explotar sexualmente a dos hermanas de 13 y 15 años, en dependencias de la Policía Montada. Troncoso consideró que no había delito sino “una situación de índole social” en la que “se pretende que la Justicia Penal resuelva situaciones de carencia”. A partir de esas denuncias contra el fiscal, la querella pidió su recusación. Y fue separado de la causa. Entonces, otro fiscal, Fernando Fiszer, instruyó el expediente, que fue elevado a juicio y está en un tribunal oral a la espera de que se realice el juicio. En virtud de las denuncias que había sobre Troncoso, la procuradora decidió en 2013 iniciarle un sumario administrativo por mal desempeño en causas de violencia de género y designó a Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría contra la Trata, como fiscal sumariante. En el marco de ese sumario se realizó una auditoría de su actuación y se da intervención al Programa para que dictamine si cumplía con los estándares internacionales para investigar. Encontramos que tiene un patrón metódico de no impulsar la acción, desestimar las denuncias y archivarlas.

–¿Cómo se traduce ese accionar en las causas?

–No produce prueba y descree de los testimonios de las víctimas, incluso en casos de denuncias de hechos graves, como situaciones de privación de la libertad y coacciones.

–Más allá del monitoreo de la actuación del fiscal Troncoso, ¿cuál es la función del Programa?

–Desde su creación, el Programa ha tenido una fuerte intervención en apoyar a las fiscalías en la investigación de las causas de violencia de género. El 4 de diciembre de 2012 la Procuración firmó un convenio con la Corte Suprema para optimizar el acceso a la Justicia de las mujeres que realizan denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. El convenio lo firmaron la jueza Elena Highton de Nolasco y la procuradora Gils Carbó. Como parte de ese convenio, diariamente nos envían copia de los legajos que son derivados desde la OVD a la Justicia Penal y que fueron evaluados como de riesgo alto o altísimo en relación a la situación de la víctima frente a su agresor, y realizamos su seguimiento. En estos dos años tuvimos intervención en 260 expedientes, presentando escritos, sugiriendo criterios de actuación tendientes a optimizar la investigación y evitar la revictimización. El Programa, además, interviene a pedido de las fiscalías, ya sea para dictaminar en diversas causas, como para participar en audiencias de suspensión de juicio a prueba y audiencias de debate: hemos tenido intervención en unos 170 casos a través de esta modalidad. La creación del Programa logró un fuerte impacto en la reducción de los índices de impunidad y en el cumplimiento de los estándares internacionales de investigación con debida diligencia en las causas de violencia de género. Hemos planteado entre otras directivas que se unifiquen las causas en las que el imputado es el mismo, que antes quedaban dispersas; que se intente individualizar testigos como vecinos que hayan escuchado situaciones de maltrato o los docentes de los hijos, para que toda la prueba no recaiga en la víctima, como solía suceder históricamente en el fuero penal. También que se tenga en cuenta el contexto de violencia de género en el que se dan los hechos, se pida si hay causas anteriores, si hubo intervenciones de la Justicia Civil. Trabajamos junto a la Dirección de Orientación, Protección y Actuación a Víctimas, que tiene un equipo interdisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales. También llevamos adelante instancias de formación, con empleados de fiscalías, gendarmes y policías. Hicimos encuentros de trabajo entre fiscales correccionales y criminales de instrucción con la OVD, para mejorar la articulación.

Entre otras acciones, el Programa que lidera Pzellinsky llevó adelante junto con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y la Defensoría General de la Nación, un relevamiento de 700 expedientes de violencia de género que tramitaban en el fuero civil y en el penal de distintos puntos del país. Además, entrevistaron a informantes clave y a las víctimas, denunciantes.

–¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación?

–Tenemos datos preliminares: comprobamos que todavía existen muchos estereotipos en los operadores de la Justicia. Por ejemplo, cuando hay denuncias de abuso sexual por parte de mujeres, se descree de su testimonio y se las pericia para ver si fabulan, o se las cita reiteradas veces para que declaren, revictimizándolas, algo que no sucede cuando se denuncia un robo.