El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer un estudio sobre computadoras de la Procuración para saber si desde allí se pudo haber espiado al fiscal César Troncoso, en el marco de un sumario que se le sigue por su actuación en causas de violencia de género, en especial en un caso denunciado por Página/12 en el cual dos menores fueron abusadas –una de ellas terminó embarazada– por un grupo de policías que se las pasaban unos a otros. Ayer, la orden que tenían los peritos era presentarse en la Procuración y, en caso de ser autorizados, hacer el estudio. Los peritos constataron que desde ese lugar no se puede acceder a las computadoras de los fiscales.

El juez quiere saber también si ese acceso es posible desde el sistema FiscalNet, una especie de nube de la Procuración. Esa parte no se pudo hacer porque ese sistema funciona en otro edificio. La Procuración ya hizo saber que no tiene problemas en que ese estudio se haga, por lo que Canicoba lo mandaría hacer el lunes.

La medida de ayer fue difundida como una allanamiento a la Procuración en una causa en el que la instrucción está delegada en el fiscal Guillermo Marijuán, enfrentado a la Procuración. La denuncia partió del fiscal Troncoso, quien sostiene que lo espían. En verdad, lo que sucede es que existe un sumario contra Troncoso iniciado por una grave denuncia de la jueza Wilma López y del Ministerio de Seguridad.

El caso se conoció a raíz de la publicación en este diario. Un grupo de policías reclutó a dos hermanitas, menores de edad, en situación de calle, a quienes supuestamente abusaban en distintos lugares. Hasta el momento se pudo identificar a ocho de los uniformados, que fueron procesados, con procesamiento confirmado por la Cámara. En su momento, la jueza cuestionó al fiscal Troncoso por su inacción en el caso y porque sostuvo que se trataba de un caso social. Eso provocó su desplazamiento y la causa tomó un nuevo impulso de la mano del fiscal Fernando Fiszer. La jueza procesó a los uniformados, medida confirmada luego por la Cámara. Hoy el caso está elevado a juicio, con un Tribunal Oral ya actuando y a punto de fijarse la fecha de la iniciación. En 2012, a la denuncia de la jueza López se sumó la del Ministerio de Seguridad, que sostuvo que Troncoso se negó a investigar e intentó cerrar la causa.

De manera sorpresiva, Troncoso presentó este año una denuncia que aseguraba que era espiado. Es que a raíz de la imputación de la jueza López y el Ministerio de Seguridad, la Procuración designó al titular de la Procuraduría de Trata de Personas, Marcelo Colombo, para que encabece un sumario. En el marco de esas actuaciones, Colombo dio intervención al Programa de Género del Ministerio Público, a cargo de Romina Pzellinsky. Ese programa fue creado de acuerdo con un convenio firmado con la Corte para hacer un seguimiento de las causas por violencia de género. El sumario contra Troncoso está a punto de concluir: falta el dictamen de Colombo. Troncoso denunció un supuesto espionaje de Pzellinsky. Ayer quedó claro que desde la Procuración no se puede acceder a las computadoras de los fiscales, pero Canicoba Corral, por pedido de Marijuán, quiere saber si el sistema FiscalNet, una especie de nube, permite acceder a las causas. Por lo que se sabe, FiscalNet no permite ver las causas en sí, sino el movimiento de los expedientes, así como los dictámenes de las fiscalías. Esto le permite, por ejemplo, al Programa de Género hacer un seguimiento de si las causas están avanzando o no. Justamente, 250 organizaciones sociales sacaron una solicitada esta semana respaldando a Pzellinsky en su labor y en la supervisión de los casos de violencia de género.

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