El empresario Vicente Ma-ssot volvió a declarar ayer como imputado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El director del diario La Nueva Provincia se negó a responder preguntas de los fiscales, volvió a centrar todas las responsabilidades en sus familiares muertos e insistió en que no pisó Bahía Blanca en 1976, el año de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Massot se retiró en un patrullero en medio de un descomunal operativo de seguridad de Prefectura, la fuerza que a fines de 1975 resolvió “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales que luego serían secuestrados, torturados y asesinados.

La definición de la situación procesal de Massot está ahora en manos del juez federal subrogante Alvaro Coleffi, quien ayer a primera hora, en una extraña coincidencia, se enteró por LU2, la radio de Ma-ssot, que fue denunciado penalmente por supuesta filtración de información en una causa por narcotráfico. La denuncia la presentó su colega Santiago Martínez, que en su momento había desestimado la imputación contra los directivos de La Nueva Provincia (LNP), y quedó en manos de la jueza subrogante Ana Araujo, hija de un marino procesado como jefe de un grupo de tareas y de cuyo arresto domiciliario es responsable.

Massot entró al juzgado a las siete con su abogado Rubén Diskin. En la calle había un centenar de prefectos pertrechados con cascos, escudos y chalecos antibala. Dos horas después, Coleffi informó a las partes que se acababa de enterar por LU2 de la denuncia en su contra, pero ni Diskin ni los fiscales José Nebbia y Miguel Pala-zzani entendieron que fuera causal de recusación. Desde el primer piso donde se hizo la audiencia se veían fotos de Heinrich y Loyola y se escuchaban los cantos de militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

Cuando Palazzani le preguntó sobre la relación con el general Carlos Suárez Mason, el imputado aclaró que haría uso de su derecho a no responder preguntas de fiscales. Más tarde admitió el dato que dio durante una entrevista para el Instituto Gino Germani: en plena dictadura ofició de correo entre el comandante del V Cuerpo, general Osvaldo Azpitarte, y el del Primer Cuerpo, Suárez Mason, un íntimo amigo de la familia.

La estrategia de Massot, indagado por primera vez a fines de abril, volvió a centrarse en responsabilizar a su mamá, Diana Julio, y a su hermano Federico, directora y vice de LNP en los ’70, ambos fallecidos. “Mamá manejaba”, “mamá escribía”, “mamá decidía”. A pesar de los recibos de sueldo con su firma durante varios meses de 1976, secuestrados en el allanamiento al diario, declaró que durante ese año no fue a Bahía Blanca. Afirmó que comenzó a escribir editoriales a mediados de 1978, un lustro después de su debut como secretario de redacción de la revista Cabildo.

Lejos del personaje menor que intentó pintar en su primera declaración, antes de conocer las actas ante escribano en las que aparece negociando mano a mano con Heinrich y Loyola en los momentos más álgidos del conflicto con los gráficos, Massot admitió ayer que se paseaba armado por los pasillos de la empresa y se limitó a aclarar que no hacía ostentación de armas en las reuniones con los delegados, a quienes en los editoriales criminalizaban y denunciaban como un “soviet” infiltrado en sus filas.

Entre las nuevas pruebas que le exhibió ayer Coleffi estuvieron los testimonios sobre la lucha de los gráficos en 1975 para que LNP respetara el convenio colectivo y las amenazas a Heinrich y Loyola, relatadas en los últimos meses por ex compañeros y familiares durante el juicio oral a marinos y prefectos, del que el diario desinforma sistemáticamente. Massot se limitó a decir que las acusaciones eran “infamias”. La indagatoria concluyó poco después del mediodía. El columnista de La Nación, de traje y anteojos negros, salió del juzgado escoltado por policías y prefectos.

El dato sugerente del día no lo aportó Massot en la indagatoria sino minutos antes desde su radio: una denuncia penal contra el primer juez de Bahía Blanca que se animó a avanzar sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado. En los últimos meses, Coleffi no sólo ordenó allanar LNP e indagar a Ma-ssot; también pidió la extradición del ex capellán Aldo Vara y procesó al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo mientras estaba prófugo. La denuncia en su contra la presentó el subrogante Martínez, un desestimador serial que no encontró pruebas para indagar a Vara ni a Massot y que rechazó la imputación de los fiscales por delitos sexuales como parte constitutiva de la represión ilegal. La Cámara Federal local ya dejó trascender su decisión de no asignar más causas de lesa humanidad a Coleffi. Si el fiscal Antonio Castaño decidiera impulsar la denuncia penal, el expediente quedaría en manos de la jueza Araujo, hija del capitán de navío Ricardo César Araujo, con procesamiento firme por comandar un grupo de tareas de la Armada en la base de Puerto Belgrano.