El oficialismo acusó al juez federal Claudio Bonadio de formar parte de una “estrategia de golpismo activo” en colaboración con algunos medios de comunicación y sectores políticos opositores, un día después de que el magistrado ordenara un allanamiento judicial a oficinas de una empresa de turismo vinculada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Es un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad, con una sola estrategia: establecer una instalación mediática alevosa, pergeñada y articulada desde el arco opositor”, manifestó ayer por la mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Otros dirigentes de primera línea se sumaron al repudio, entre ellos el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el titular de Diputados, Julián Domínguez, y la jefa de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara baja, Juliana Di Tullio.

“Hay jueces que hostigan permamentemente al Gobierno o a funcionarios del Gobierno”, aseguró Capitanich en referencia a los sucesos del jueves, a los que caracterizó como “un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional con denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”. Un día antes, por orden de Bonadio, se realizó un allanamiento a las oficinas porteñas de Hotesur SA, empresa que administra un hotel que es propiedad de Fernández de Kirchner, en la localidad santacruceña de El Calafate, luego de una denuncia presentada por la diputada del FA-Unen Margarita Stolbizer.

“La actividad hotelera es una de las actividades que se utilizan para el lavado de dinero, el delito a través del cual se encubren los dineros mal habidos, por ejemplo de la corrupción. Podría estar existiendo esta maniobra atento que Lázaro Báez es el empresario más beneficiado con las obras públicas concedidas por la propia Presidenta y por su marido”, dijo Stolbizer, quien basó su denuncia en investigaciones periodísticas, según aseguró en una entrevista radial.

“Hotesur forma parte de las sociedades activas que presentaron las declaraciones juradas y la documentación se encuentra en análisis” en la Inspección Nacional de Justicia, informó ayer por la mañana Capitanich. “Por lo tanto, con el simple requerimiento de esta información, no se necesita ningún allanamiento judicial porque la operatoria de la empresa es clara y transparente”, agregó.

El jefe de Gabinete concluyó que la decisión de Bonadio se inscribe en “una estrategia” que consiste en “establecer una instalación mediática alevosa, pergeñada y articulada desde el arco opositor”. Además, relacionó este tema con la “actitud violatoria de la Constitución nacional y sediciosa” que mantiene la oposición “al negarse al tratamiento de la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema” (ver página 2).

Ambas maniobras aparecen enmarcadas en un “golpismo activo” que se lleva a cabo con participación “del Poder Judicial”, de una “pata comunicacional” y otra “de la oposición política”, señaló el jefe de Gabinete, para quien estos tres sectores articulan “una operación mediática de relevancia”. En ese sentido, afirmó que la medida tomada por Bonadio es innecesaria por cuanto dichos “requerimientos judiciales se pueden hacer a través de la solicitud formal respectiva” y “no hace falta un allanamiento, que es una actitud ulterior, en tanto y en cuanto no se contesta el requerimiento judicial”. Así, “la estrategia de allanamientos es una clara persecución política, un hostigamiento de carácter judicial” que “forma parte de un golpismo activo del Poder Judicial en aras de una estrategia política”.

Otros dirigentes oficialistas respaldaron el mensaje de Capitanich. Fue el caso del gobernador Urribarri, quien calificó el allanamiento como “un apriete liso y llano” en el marco de “un avance de sectores de la Justicia” que “bailan al ritmo que les marcan los espacios opositores, con el fin de ensuciar la imagen de la Presidenta”. En el mismo sentido se manifestó Julián Domínguez al hablar de un “ensañamiento y persecución judicial i-nexplicable” cuyo “propósito perseguido es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública”.

Di Tullio, en tanto, fue más allá y acusó a la oposición de recurrir “a su juez para intentar voltear a Cristina” y vinculó a Bonadío con el massismo: “Lo que ocurrió ayer (por el jueves) con un juez federal, que tiene claro alineamiento con el Frente Renovador, desenmascara a quienes están detrás de esta persecución y amenazan permanentemente a la democracia, las instituciones y al pueblo argentino –dijo la jefa de la bancada oficialista en la Cámara baja–. No quieren que Cristina termine su mandato. Ese es su único objetivo”. También relacionó el episodio con otras situaciones conflictivas: “Están armando saqueos, embestidas judiciales falsas, corridas cambiarias para generar un clima de zozobra en la gente. La impotencia e inoperancia de la oposición y todos sus esfuerzos para generar caos lo único que hace es demostrarle al pueblo argentino quiénes son y de qué son capaces: no les importa la gente, quieren el poder a como dé lugar y no precisamente a través de los votos”.

Rossi dijo que el allanamiento a Hotesur es “inexplicable y no tiene razón de ser”, más allá de estar “asociada a una fuerte propagandización por parte de los medios de comunicación opositores”. Para el ministro de Defensa, “la acción judicial de un determinado juez” termina siendo “tapa de los dos principales medios de comunicación de la Argentina”, por lo que “es imposible que no se analice la conexión que pudiese existir con cada una de esas acciones”.

El bloque de diputados del FpV denunció en un comunicado “una clara búsqueda de ensuciar la imagen de la Presidenta, sin ningún tipo de justificación más que generar una persecución que tiene como único fin hacer ruido en los medios de comunicación”. Los legisladores oficialistas acusaron a la oposición de “rebajar a la política como instrumento de decisión en materia social, tratando de imponer los intereses de los grupos económicos por sobre los del pueblo” en maniobras que “van en contramano del fortalecimiento de la democracia y de la vida de los argentinos”.