Las Ligas Agrarias llegaron a nuclear a más de 20 mil familias en el nordeste argentino. Fue uno de los movimientos sociales más importantes, una herramienta de organización entre pequeños y medianos agricultores que en los años ’60 enfrentaba la lógica de los monopolios, comercializadores y latifundios. A partir de 1975, sufrieron persecuciones que se incrementaron con el golpe de 1976. La Unidad Fiscal que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y desaparición de seis de sus dirigentes y militantes y a la vez intenta un camino documental para reconstruir en términos históricos la represión sobre la organización. La semana pasada, el RUV (Registro Unico de la Verdad), HIJOS de Chaco y la Comisión Provincial por la Memoria entregaron documentación a víctimas y sus familias.

“Entendemos que la reparación –dice el fiscal Diego Vigay–, además del juzgamiento de los responsables, debe contener la recuperación de la memoria histórica, con una especial participación de los familiares de las víctimas, a quienes tantas veces se les negó la información sobre el paradero de sus seres queridos, y quienes en distintas circunstancias fueran vilipendiados por ser familiares y en muchos casos incluso siguen buscando a sus seres queridos en la actualidad.”

Las Ligas Agrarias nuclearon uno de los nudos de la represión en el norte argentino. En el movimiento confluyeron dirigentes y militantes de bases campesinas, pero también integrantes de distintas organizaciones armadas y movimientos de curas y de monjas comprometidos con la opción por los pobres. Entre ellos estuvo Alice Domon, la monja francesa que trabajó en el pueblo correntino de Perugorría y años después fue asesinada en la Escuela de Mecánica de la Armada.

“El primer cabildo abierto del agro chaqueño se realizó el 14 de noviembre de 1970 en Roque Sáenz Peña, zona algodonera por excelencia”, señala un informe de la fiscalía. “Bajo el lema ‘Grita lo que sientes’, cinco mil productores se reunieron para discutir sus reivindicaciones y la necesidad de una organización; a medida que las ligas aumentaron su convocatoria, se promovieron protestas masivas y huelgas rurales, y entre ellos empezó a gestarse un discurso antimonopólico y antiimperialista”.

Una de las movilizaciones más importantes de esa evolución fue la del 31 de enero de 1972: unos diez mil productores de Chaco y de Santa Fe se desplazaron sobre Resistencia.

“Luego del 24 de marzo de 1976 el movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado”, explica un informe de la fiscalía. “Tanto sus principales dirigentes como las bases fueron perseguidos, muchos asesinados y desaparecidos en un contexto en el que la dictadura iba a restablecer los privilegios de monopolios y latifundios.”

A lo largo de este año, la fiscalía reconstruyó parte de esa historia de represión. Con el RUV e HIJOS tomó fuentes testimoniales de sobrevivientes y de familiares de los desaparecidos y también documentación oficial de los expedientes de la Ley 20.840. Con esa información, se organizó la base de la causa. En el expediente se investigan tres homicidios: el de Juan Sokol, producido durante la tortura en la alcaldía de Sáenz Peña, y los de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli, que fueron asesinados y luego se encubrieron los crímenes con la figura del enfrentamiento. También investigan las desapariciones forzadas de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas. En el expediente se abrieron y derivaron a Buenos Aires las averiguaciones por los secuestros de dos integrantes de Montoneros retornados durante la Contraofensiva de 1980: Hugo Vocouber y Luis Fleitas.

Uno de los datos que surgió en la investigación es que, si bien no puede determinarse cuándo comenzó la persecución contra las Ligas Agrarias, puede advertirse que a partir de los últimos meses de 1975 hubo un incremento de la represión. Existieron “arrestos masivos” y “torturas contra los detenidos”. Uno de los casos emblemáticos de esa época es la detención de Osvaldo Lovey, ocurrida en abril de 1975. Lovey en ese momento era subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia. A partir de marzo de 1976, los niveles de represión aumentaron. Hubo dirigentes que tuvieron que esconderse en el monte. Entre ellos, se mencionan los caso de Oscar Mato, Carlos Píccoli, Carlos Orianski, Armando Molinas, Remo Vernika e Irmina Kleiner. La persecución se extendió durante años: Píccoli fue asesinado en 1979 cuando había regresado al país y a la provincia.

“El fin del operativo era eliminar este foco de resistencia y militancia rural que en esa época luchaba por un mejor precio del algodón –dice el informe de la fiscalía–, también pretendieron establecer reformas que aún no se pudieron establecer. La lucha agraria le costó mucha sangre a esta organización que fue diezmada en poco tiempo.”