Un centenar de hábeas corpus “preventivos” inundaron la Justicia tucumana entre ayer y el martes para repudiar la decisión de Casación sobre 30 represores condenados hace un año por delitos de lesa humanidad: unos 17 fueron puestos en libertad y otros 13, beneficiados con la prisión domiciliaria. Testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención tucumanos que funcionaron durante la última dictadura en la Jefatura de Policía y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero también abogados y ciudadanos que se solidarizaron con la causa, le advirtieron a la Justicia que “tan solo por el hecho de que estos genocidas estén en la calle, cada ciudadano es una posible víctima suya”. La campaña fue acompañada con un hábeas corpus colectivo, de idéntico fin, presentado por un grupo de organizaciones de derechos humanos y una campaña de afiches callejeros de alerta sobre “los genocidas sueltos”.

“Venimos a interponer esta acción de hábeas corpus preventivo en favor de querellantes, víctimas, familiares de víctimas y de todas aquellas personas que depusieron como testigos a lo largo del debate oral y público conocido como ‘Megacausa Jefatura II/Arsenales’, en virtud de la amenaza actual e inminente de secuestro y desaparición que sufrimos al haberse retrotraído la situación de libertad de los condenados al estado en que se encontraban previo al inicio del juicio oral”, plantea el documento colectivo presentado el miércoles por Madres de Plaza de Mayo de Tucumán, Hijos, Familiares, la Asociación de ex Presos Políticos local, la Fundación Memorias e Identidades, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el colectivo de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompañó el espíritu del centenar de medidas individuales presentadas con el mismo objetivo.

“Están en la calle. Toda la población corre riesgo”, explicó la abogada de la APDH de Tucumán, Alejandra García Aráoz, el espíritu de la campaña. Julia Vitar, abogada e integrante de Hijos, completó: “La idea era llamar la atención a la Justicia sobre el riesgo tanto físico como psicológico que significa para los más de 400 testigos que declararon en la megacausa de Arsenales II la sentencia de Casación que excarceló a 17 y benefició con domiciliaria a otros 13 condenados en el juicio por esa megacausa hasta que la sentencia quede firme”.

Antes de comenzar el juicio por más de 200 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la Jefatura de Policía de Tucumán y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, como se lo conoció al centro clandestino de detención más grande de la región noreste del país, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dio lugar a una medida cautelar presentada por la fiscalía y las querellas y mandó a prisión a todos los acusados. Un año después, en diciembre de 2013, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron a 37 de ellos: la mayoría de los ex policías juzgados recibieron perpetua, una pena que no aplicaron a ninguno de los militares retirados que cumplieron tareas de Inteligencia en Arsenal. Para ellos, hubo penas de entre 16 y 20 años de prisión. En marzo, la sentencia fue apelada por todas las partes.

Sin embargo, gracias a la Cámara de Casación, 30 de ellos no pisarán una cárcel común hasta tanto la condena quede firme. En fallo dividido, la sala III de la Cámara de Casación Penal integrada por Esteban Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa decidió que la situación de los condenados volviera al estado anterior al inicio del juicio en cuestión, ya que falló en contra de la medida cautelar que había aceptado el TOF.

“Entendemos que el tribunal podría haber evitado esta situación si en los fundamentos de su fallo expresaba los motivos, que sobran, para que todos los condenados fueran a cárcel común aun en período de apelaciones. La mayoría de ellos es investigado por otras causas, sin embargo ahora están libres. Los jueces no lo hicieron”, determinó Vitar. El mismo día que presentaron los hábeas corpus, el tribunal federal rechazó el pedido de las querellas para que resuelva la situación, tarea que las partes acusadoras consideraron le correspondía. Según calculan las organizaciones de derechos humanos, podrían pasar cuatro años hasta que la condena quede firme. “Presentamos las apelaciones en marzo, pero la Casación aún no se puso a estudiar el material de la cuestión de fondo”, concluyó la abogada.