El gobierno de Mauricio Macri dispuso de 313 millones de pesos para la construcción de un renovado Centro de Exposiciones y Convenciones junto a la Facultad de Derecho de la UBA. Mientras la construcción avanza, envió un proyecto a la Legislatura porteña para concesionárselo a un privado por 30 años. Una reunión en la Legislatura terminó en una discusión entre la jefa de bloque PRO, Carmen Polledo, que defendía la concesión privada porque deberá invertir 12 millones en renovar las alfombras y las butacas, y los legisladores opositores Aníbal Ibarra y Gabriela Alegre. Ambos argumentaron en favor de la posibilidad de que el Estado sea el que administre el Centro de Convenciones, algo que el proyecto que presentó Macri no contempla debido a “las especiales características del mercado de turismo de reuniones”.

Por la ley 4923, la Legislatura autorizó la construcción de un nuevo Centro de Convenciones en Alcorta y Pueyrredón. La ley era de doble lectura, esto significa que tuvo dos votaciones: una el 22 de octubre de 2013 y otra el 24 de abril de este año. El gobierno de Macri llamó a la licitación para la remodelación luego de la primera votación, es decir, antes de que la ley estuviera aprobada definitivamente. El presupuesto oficial para esa construcción era de 253 millones de pesos. El Ministerio de Desarrollo Urbano las adjudicó en enero de 2014 a dos empresas, Criba S.A. y Mejores Hospitales S.A., por 313 millones de pesos. Costó un 24 por ciento más de lo previsto y fue adjudicada antes de que la ley estuviera sancionada.

El nuevo Centro de Convenciones está en construcción y tiene un avance del 25 por ciento. Los macristas estiman que estará terminado a fines de 2015. Pero el gobierno de Macri volvió a la carga con otro proyecto de ley que envió a la Legislatura para que, luego de que el Estado reforme el Centro de Convenciones, lo usufructúe un privado por un período de hasta 30 años. El proyecto no especifica cuál será el canon que pagará ni qué contraprestaciones le dará al Estado porteño. Algo similar ya ocurrió con el edificio de El Dorrego: el gobierno PRO le recortó un millón de pesos al presupuesto destinado a las villas para ponerlo en condiciones, para luego entregárselo a un grupo de privados, entre los que se encuentra el actor y emprendedor Adrián Suar.

La jefa de bloque PRO se mostró enfática al defender esta cláusula: sostuvo que el privado debe poder “recuperar su inversión” y que es necesaria una expertise para manejar un Centro de Convenciones. En los pasillos de la Legislatura se comenta que ella sabe de lo que habla: su marido es Fernando Polledo Olivera, presidente de Costa Salguero S.A., una subconcesionaria del predio que administra la empresa Telemetrix por un canon que les hace perder a los vecinos más de ocho millones por año. Costa Salguero es donde el PRO instala su bunker en cada elección y también donde Macri decidió casarse con Juliana Awada.

Cuando los opositores le preguntaron cuánto iba a invertir el privado, Polledo respondió que alrededor de 12 millones. La legisladora Alegre advirtió que es menos del 4 por ciento de lo que invertirá el Estado.

“Queda claro que Macri no cree que el Estado pueda gestionar de forma eficiente un centro de estas características. Insiste en su convicción privatista y neoliberal”, sostuvo Alegre. “En cambio, el gobierno nacional ha dado muestras claras de que puede gestionar con eficiencia y eficacia, por ejemplo, un lugar como Tecnópolis”, remarcó. “Ya no resulta una novedad que Macri decida ceder a empresarios privados un monumental negocio sin necesidad de realizar grandes inversiones ni riesgo alguno y entregando valiosos espacios de la Ciudad”, indicó.

Por su parte, Ibarra afirmó que “si el Estado porteño no puede gestionar un Centro de Convenciones, el gobierno debiera dedicarse a otra cosa”. “Gestionan teatros tan complejos como el Colón o el San Martín, la Usina del Arte y muchísimas otras instituciones, y ahora dicen que no están capacitados para un Centro de Convenciones –advirtió Ibarra–. Es una excusa para privatizarlo, con el agravante de que lo hacen después de que se gastaran 313 millones de dinero público en la construcción”. La concesión de los terrenos a una empresa privada también será una ley de doble lectura. El PRO necesita 40 votos para poder aprobarla.