Lun 29.09.2003

EL PAíS  › JULIO BARBARO, TITULAR DEL COMFER

“Hoy el riesgo no es el Estado sino el mercado”

El titular del Comité Federal de Radiodifusión fija las pautas para el futuro de los medios: la relación entre los privados y los públicos, los límites a la inversión extranjera, los peligros que plantea la concentración y la necesidad del control social.

Por Washington Uranga y Natalia Aruguete

Control social de los medios de comunicación, incorporación al sistema legal de aquellos emisores que hoy están al margen de las normas, nacionalización y desconcentración del escenario comunicacional. Estas son las premisas que, según el titular del Comfer, Julio Bárbaro, regirán la política comunicacional que pretende impulsar el Gobierno en el mediano plazo. La iniciativa contempla la sanción de una ley de radiodifusión que sustituya la 22.285/80 que, con excepción de las modificaciones desreguladoras y mercadocéntricas impuestas por el gobierno de Carlos Menem, conserva el sesgo de la última dictadura militar. Dos recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –favorables a una mutual y una cooperativa–, declarando la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que excluye a las entidades sin fines de lucro del acceso a las licencias de radiodifusión, pueden sentar precedentes para que la presión social imponga tiempos más cortos que los oficiales, atados a los vaivenes de la política.
–¿Cómo evalúa los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22.285?
–En principio, creo que es un acto de justicia. Esto está fuera de discusión. Pero la pregunta es ¿cuál es su capacidad de alterar el mapa de poder de los medios? Hoy, muy poco. Tiene alta penetración en los cables y nula o pequeña en radios y televisión, porque dado que el espectro es limitado, la habilitación a posteriori del reparto es una forma de dejarlos afuera. Se habilita a futuro, pero nada más que eso. Es un fallo justo pero éstos son sus límites. Un tema que se debe debatir es que si la cooperativa ingresa como tal ¿contra quiénes competirá? ¿Contra el monstruo grande de la concentración? No. Es una competencia complicada contra el pequeño competidor de al lado.
–¿Cómo se puede pensar un nuevo diseño político-comunicacional que modifique el escenario actual?
–El cambio reside en que las cooperativas y las mutuales van a participar en igualdad de condiciones en las licitaciones que se abran de acá en más. Existen estructuras comunitarias muy sólidas que son básicas para la comunicación en zonas humildes y desprotegidas. Pero en una sociedad que tiene casi 500 radios legales y 5000 ilegales, la preocupación más grande no es la de las cooperativas, sino la de incorporar la marginalidad al sistema, convertirlos en monotributistas, contribuyentes posibles. A partir de esta incorporación de la marginalidad se puede tener la capacidad de penalizar y castigar al que realmente es ilegal. Hoy, el que está afuera no puede entrar porque los costos y los trámites son superiores a sus posibilidades. ¿Cuál es el lugar del Estado si hay más afuera que adentro?
–¿Qué condiciones jurídico-legales se deberían dar para generar una entrada en igualdad de condiciones, con las características que usted propone?
–Nosotros nos planteamos, primero, que los medios deben ser de capitales nacionales o estatales. En esto, la cooperativa y la mutual son importantes porque son estructuras que no se desnacionalizan. Segundo: la ley de bienes culturales establece un límite del 30 por ciento a la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación. Tercero: hay que poner un tope a la concentración. Hoy el riesgo no es el Estado, sino el mercado. La debilidad del Estado hace que el mercado se pueda quedar con un porcentual de la audiencia en forma monopólica. El otro aspecto es consolidar la estructura media e incorporar la estructura baja. Intentamos que en un proyecto de ley esto esté claramente definido.
–¿Qué medidas se han tomado hasta ahora en relación con esta propuesta?
–Se avanzó bastante. Se definió que los capitales mexicanos (grupo CIE) no pueden seguir teniendo nueve radios.
–¿Cuál fue el resultado de las conversaciones con el grupo mexicano CIE?
–Se firmó un acuerdo en el que se les dio un plazo para que vendan las radios que poseen en Capital Federal. (N. de R.: La ley no permite tener más de una emisora en el mismo área de cobertura). Las licitaciones de las radios vencen en el 2008 y sería suicida para ellos no aceptar cuando se acerca el vencimiento. Todavía nos cuesta llegar a un acuerdo con ARPA (Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas) y con las radios comerciales para construir un proceso de incorporación de las marginales. Es lógica la reacción de las radios comerciales. Pero se van logrando puntos de acuerdo. Lo que cambió es la transparencia en la gestión del Comfer, como reflejo también de una sociedad que transparenta todos sus actos.
–Los medios con poder de mercado monopólico, ¿están de acuerdo en sentarse a discutir un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que modifique la estructura de mercado actual?
–Sí. Porque hay una situación distinta a la de hace unos años. Antes había un poder económico sólido, soberbio y no endeudado, contra un Estado débil. Hoy, hay un Estado exitoso y fuerte y un poder económico endeudado y al borde de la disolución. En la estructura de mercado actual, nadie recuperaría ni el 10 por ciento de lo que invirtió en medios de comunicación. Esto hace que la relación Estado-sector privado se haya invertido. Es el privado el que necesita del Estado y no viceversa. Cuando el poder económico era tan grande, sentían que no necesitaban de la ley.
–¿Qué etapas se deberían cumplir para que se sancione un nuevo proyecto de ley de radiodifusión?
–Cuando nos planteamos trabajar la ley de radiodifusión vinieron las elecciones y el acuerdo con el FMI. Entonces vimos que era meterse en algo en un momento en el que la sociedad no soportaba un conflicto más. ¡No el Gobierno, la sociedad! Hubo que decir: “Esperemos al año que viene”. Se está dialogando con los distintos sectores sociales. Las estructuras están aportando los elementos necesarios para un proyecto de ley. La ley debe ser el resultado de esa madurez de la sociedad. Al principio, creí que el proyecto podía surgir del Parlamento. Ahora, estoy convencido de que tiene que salir del Poder Ejecutivo.
–¿Por qué?
–Porque el Parlamento es demasiado agresivo en su visión sobre los medios y los ve como un poder económico muy grande cuando ya no lo son. El sector de los medios es “perdidoso” en un 90 por ciento. Y esto es grave. Hay que ser más contemplativo que agresivo. Son más las cosas que los medios piden que las que se les puede sacar.
–¿En qué aspectos son agresivos los legisladores?
–La idea de una ley de radiodifusión en el Parlamento es la vieja idea de sacar y poner. Esto no es posible porque si los medios no son rentables se van a convertir en una estructura de lobby para un interés rentable, lo que es mucho peor.
–¿Qué medidas se deben tomar en relación con el sistema de medios estatales?
–Esa pregunta hoy no tiene respuesta. Este gobierno, por la forma en que asumió, aún no pudo lograr una política de medios del Estado clara y lógica. Los medios oficiales no tienen que ser tantos. Estoy en contra del decreto de Duhalde (1214/03), que propone darle una radio FM a cada Intendencia (y un canal de televisión a cada gobierno provincial). Los pocos medios que tenga el Estado no deben ser competitivos con los medios privados. Eso es irracional. Los medios estatales deben aportar aquello que no es rentable: cubrir el espacio que no es rentable para los privados. Ese es el lugar del Estado. El Canal 7 tiene que tener un manejo educativo y cultural con lenguaje televisivo. Cuando el Estado calme susurgencias en otros aspectos, debe ponerse a discutir cuál es la política de medios.
–¿Por qué no está de acuerdo con el decreto de Duhalde?
–Porque creo que parte del error es creer que un medio del Estado puede competir con un privado. El medio es como el arte: nunca es oficialista. No se inventó el arte oficialista ni se inventó el medio oficialista. Si no podemos resolver con claridad y transparencia de Radio Ciudad y Radio Nacional, (este decreto) llevaría a reproducir esto mismo en el interior del país. Además, se convertirían en cuevas de ñoquis. Hay casos de radios en intendencias que las alquilan y la publicidad se regala. Con lo que son las estructuras provinciales hoy, si se les agrega un canal a cada uno, el feudo cierra perfecto.
–La cuestión es cómo se garantiza un servicio público con lógica de Estado y no de Gobierno...
–En las gobernaciones es imposible. Somos un sistema federal. El problema no es que no tienen micrófono para decir. Es que no tienen nada que decir. Además, los gobiernos provinciales deben pensar su relación con los medios libres.
–Sin caer en la frase “ahora competimos”, ¿cómo se hace para que los medios estatales no tengan un rol subsidiario de los medios privados?
–No es el lugar del Estado competir con los canales de aire comerciales. El rol del Estado es cubrir todo el país. Que la información llegue a la totalidad de la sociedad no es negocio. El medio público debe generar programas que no estén convocados por el rating. Al no tener necesidad publicitaria, no tienen necesidad de buscar rating. Que no exploten la decadencia de la sociedad, sino que inciten a su mejoría. La calidad y el rating son dos cosas que en los últimos años han sido opuestas. Aquí hay que pensar en la responsabilidad del medio como una estructura educativa e informativa, mientras que los medios privados ven esto como una estructura de negocios. En este aspecto, el medio público no debe ser competitivo.
–¿Hay posibilidades de pensar en un mecanismo de control ciudadano del sistema de medios?
–Sí. Tiene que haber un sistema de control del sistema público y del privado. La lógica es crear un Consejo donde las radios, la televisión, algunas ONG, las universidades y el Estado puedan reunirse una vez por mes y mirar lo que generan los medios. Se está pensando en una instancia de debate donde llegue la inquietud de la gente y que la comunidad tome conciencia de la producción de los programas. Se trata de una estructura donde la sociedad tenga la posibilidad de castigar un programa. No sería un Estado el censor sino la sociedad debatiendo y estableciendo un nivel debajo del cual no se puede pegar. Esto es como en el box: debajo del cinturón no se pega. A mí no me molesta la diferencia ideológica, lo que sí me molesta y me agrede es la mediocridad del individuo.

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