Mientras las AFJP continúan presionando para eludir la quita del 75 por ciento del valor nominal de los bonos en default en las cuentas de las afiliados, el Gobierno sube la apuesta. Esta semana, según adelantó la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma previsional, que implicará una menor participación de las Administradoras en el manejo de los aportes. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya le presentó al presidente Néstor Kirchner las principales características que tendría el nuevo régimen, que seguirá siendo mixto, tal como afirmó el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
El corazón del sistema que el Gobierno quiere impulsar está basado en el modelo sueco, adelantado por Página/12 la semana pasada, en el cual el Estado recupera el rol central en una materia que no debería haber abandonado, como la previsional. Las AFJP pasarían a tener un papel de complemento en el nuevo régimen. Por lo pronto, se permitirá el regreso al sistema de reparto de afiliados de esas compañías privadas dedicadas a (des)manejar el dinero previsional de los trabajadores. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a calmar a las fieras de la city, precisando que esa reforma en estudio no implicará “una reestatización”.
Si bien se presentará que el renovado sistema mixto incluirá jubilación de capitalización y de reparto, las cuentas individuales en las Administradoras dejarán de ser el eje principal del régimen. En el proyecto, además, se precisará que, ante las diversas irregularidades detectadas en el manejo del dinero previsional de los trabajadores por parte de las AFJP, se aumentará el control y presencia del Estado en la fiscalización de las Administradoras. Para alejar los fantasmas que esas compañías, controladas por bancos, aspiran a instalar sobre el futuro de las jubilaciones, Rial explicó que “aquellos trabajadores que actualmente están en el sistema de capitalización y reparto, y que se jubilan ahora, van a recibir un haber similar: no hay diferencia”. Y agregó: que “ni el sistema está en default ni va a dejar de percibir su haber jubilatorio, lo que hay que hacer es perfeccionarlo. El ministro de Trabajo (Carlos Tomada) mantuvo varias reuniones (con el presidente Néstor Kirchner), y en el transcurso de la semana que viene van a impulsar el proyecto de ley de modificación del sistema” de jubilación, dijo Rial. La funcionaria aseguró que será analizado “juntamente con el Ministerio de Economía” para atender la “parte económica” de las modificaciones que se impulsen.
Rial aseguró que “desde el año pasado se ha realizado un estudio con recursos aportados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para hacer un diagnóstico. Esto nos permitió decir que el sistema no está en su mejor situación”, dijo. Se refiere a lo que se denominó el “Libro Blanco”, compendio de medidas para reconstruir el régimen de jubilación, aunque algunas de las iniciativas incluidas en ese documento recibieron críticas de legisladores vinculados con la materia como así también de especialistas previsionales. La secretaria de Trabajo apuntó que las modificaciones deben proporcionar “una mayor participación del afiliado (al régimen de capitalización privado), porque se le requiere su consentimiento cuando ingresa pero luego se le cambian las condiciones del contrato”. “Hay que darle la posibilidad al trabajador, que optó por el sistema de capitalización, que vuelva al régimen de reparto si es que allí piensa que va a estar más protegido y que va a ser más segura su jubilación”, dijo.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que la quita de un 75 por ciento en la deuda pública en manos privadas propuesta por el Gobierno “no empeora ni afecta la situación de los futuros jubilados, y sí a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)”. Y afirmó que “nunca estamos planteando una reestatización en ninguna materia y sí, en cambio, revisar sistemas defuncionamiento y las reglas de control” de las privatizaciones, incluida el área previsional. “No digo que el sistema de reparto sea maravilloso, pero el actual sistema tiene debilidades que hay que corregir”, agregó. En el caso del funcionamiento de las AFJP, Fernández aseguró que el desempeño de las Administradoras “ha sido negativo” por “la especulación exacerbada de sus inversiones y los préstamos a las provincias”. Fernández reconoció que existió una “supuesta obligación” por parte de las AFJP de hacerse de bonos como “consecuencia del megacanje, pero hay otros títulos provinciales que las Administradoras aprovecharon a comprar a cambio de una tasa de interés altísima”. Por último, el jefe de Gabinete afirmó que “nadie puede dudar que el sistema de las AFJP, que se han quedado con el 30 por ciento de los aportes de sus afiliados, se ha excedido enormemente” en el cobro de estos cargos.
En tanto, el director ejecutivo de la ANSeS, Sergio Massa, volvió a cargar sobre las AFJP y las consecuencias que pueden tener sus ejecutivos por haber rechazado la pesificación de los préstamos garantizados, decisión que implicó volver a contar con bonos en default en las cuentas de los afiliados. Con excepción de la Administradora del Banco Nación, el resto se negó a recibir esos instrumentos financieros, lo que provocará una caída en el valor de las cuotas de los afiliados por la pésima decisión asumida. Por ese motivo, Massa apuntó que es “absolutamente” posible hacerles juicio a las AFJP por la pérdida de ahorros, aunque evitó pronunciarse sobre las reformas al sistema previsional que evalúa el Gobierno y sólo dijo que “es voluntad exclusiva del Presidente” ese eventual cambio. Massa coincidió de esta manera con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien afirmó la semana última que era posible que los afiliados hagan juicio “por mal manejo de fondos” a las AFJP. El director del organismo previsional criticó que “las AFJP aumentaron su renta en un promedio de un 110 por ciento” durante su gestión, pese a que ahora tendrían problemas para pagar a quienes decidieron adherir al sistema privado, diseñado en 1994 por el entonces titular de Hacienda, Domingo Cavallo.