Eduardo Moliné O’Connor intenta mostrar las garras. En un descargo plagado de frases irónicas que presentó ayer ante el Senado, que conduce su juicio político, se dijo víctima de una “intolerable herejía jurídica” y una “ejecución política”. Pidió ampliar oralmente su defensa, reclamó más plazos, producción de pruebas y que declaren como testigos desde el presidente Néstor Kirchner hasta el candidato a la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Recusó, además, a los senadores Jorge Yoma y Miguel Pichetto, denostó al diputado Ricardo Falú y cuestionó la facultad de la Cámara alta de suspenderlo en el cargo y de privarlo de percibir su sueldo. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne hoy y rechazaría los planteos. Podría, sí, convocarlo a declarar en la sesión de mañana o de la semana próxima, cuando también se debatiría la suspensión.
Aunque la semana pasada buscó sin éxito el apoyo de sus colegas de la Corte para evitar su posible suspensión, Moliné anunció en la presentación escrita, que hizo a través de sus abogados, que recurrirá al propio alto tribunal para que resuelva todos aquellos temas que los senadores desestimen. “Con que sólo rechacen las recusaciones radicaremos un recurso extraordinario a la Corte”, dijo ayer Gregorio Badeni, que defiende al juez junto con Eduardo Aguirre Obarrio. El descargo también advierte que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los argumentos de Moliné se refieren a los diez cargos que formuló en su contra la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside Falú (PJ), y que convergieron en una acusación por “mal desempeño” vinculada a los fallos en tres casos: “Meller” (que habilitó el pago estatal por guías telefónicas por una suma que llegaría 400 millones en bonos), “Macri” (un expediente por contrabando de autos que terminó en el sobreseimiento del Grupo Macri) y “Magariños” (la sanción disciplinaria de la Corte a un juez por sus opiniones como profesor universitario).
Los abogados de Su Señoría dijeron que “las sentencias de Moliné son justas” y que es una persona “honorable”. Las primeras páginas las dedicaron a criticar a Falú y las declaraciones, que llamaron “cantinelas”, con que sembró la sospecha de “un acuerdo espurio entre senadores menemistas, radicales y provinciales”. En ese punto, imprimieron un tono pasional al descargo: “Como (Falú) no tiene pruebas (...) siempre sale con algún artilugio distinto”, dijeron.
Los letrados pidieron la “nulidad de la acusación” de los diputados, a los que una vez más acusaron de ignorantes y “dogmáticos”. Los cargos tienen “graves e insanables vicios”, advirtieron. Para ellos se “eligió” a Moliné y no a los otros supremos (Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano) que firmaron los mismos fallos por los que él está en el banquillo. Eso, dicen, viola el principio de igualdad ante la ley y es “discriminación”. Objetan también que los legisladores hayan negado la ampliación de pruebas y dieran plazos “exiguos” de siete días para contestar los cargos. Así, señalan, se afectó “el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso”. También creen que hubo “abuso de facultades” al juzgar al magistrado por el contenido de sus sentencias, sin señalar “algún delito”, lo que vulnera “la independencia de poderes”.
En el escrito aparece el mismo planteo que Moliné le hizo a sus compañeros cortesanos: dice que es inconstitucional el artículo del Reglamento del Senado con que permitiría su “suspensión preventiva” e impugna el inciso que habilita la “suspensión del pago de haberes”, que rondan los 12 mil pesos mensuales. Esto, dicen los abogados, “afecta gravemente la efectividad de la defensa al exponer al juez a la renuncia por la supresión de sus ingresos y la necesidad de afrontar sus gastos durante el curso de su defensa”. Es posible que, tarde o temprano, el máximo tribunal deba expedirse sobre este tema.
Moliné pidió profundizar su defensa personalmente en una sesión del Senado y reclamó que se amplíen las pruebas. Como lo hizo en su descargoante los diputados, volvió a culpar al Gobierno y pidió que sean citados, entre otros, Kirchner, para que hable “sobre su conocimiento de los casos “Macri”, “Meller” y “Magariños”, así como sobre las expresiones que emitió (sobre Moliné) y sobre los criterios que utilizó para la integración del Superior Tribunal de Santa Cruz”. Su listado de 36 posibles testigos incluye al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, por sus declaraciones, a Zaffaroni, para que opine como penalista en el caso “Macri”, a Rodolfo Barra por su papel en el caso “Meller” y a Falú.
El texto del supremo concluye que “en las condiciones actuales no es posible tener un juicio justo”: se “mediatizaron” las opiniones de la Comisión de Juicio Político, advierte, y protesta por “el impulso que el propio gobierno ha dado al juicio a través de cadena nacional”. “La vaguedad de la acusación impide todo tipo de defensa”.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina de Kirchner, tiene previsto reunirse hoy a la tarde. Rechazarían las recusaciones contra Yoma y Pichetto y el resto de los planteos, con excepción del pedido de Moliné de presentarse en el recinto. La fecha de la convocatoria podría ser mañana mismo o la semana próxima. En la misma sesión los senadores podrían definir si suspenden o no al tenista.