”Si me condenaban, cualquiera que hubiera escrito o hablado sobre el argentinazo del 19 y el 20 de diciembre, podría haber sido castigado”. Raúl Dargoltz, historiador, periodista y dramaturgo santiagueño, está emocionado y aliviado. Hay una buena noticia que, dice, en realidad le cabe a todo el mundo e implica un precedente crucial para la tantas veces silenciada provincia de Santiago del Estero. El juez correccional Raúl J. E. García lo absolvió ayer en un juicio oral por calumnias e injurias que le había iniciado un ex vocero del gobierno provincial de Carlos Mujica por el relato que hizo de la pueblada del 16 de diciembre de 1993 en su libro El Santiagueñazo. El fallo resalta que los funcionarios, en su condición de hombres públicos, están expuestos a las críticas de la sociedad, y que la crónica de hechos no puede ofender su honor.
Dargoltz, de 56 años, es profesor de Historia Social Regional de la Universidad de Santiago del Estero e investigador del Conicet. El juicio que le inició Miguel Brevetta Rodríguez, uno de los hombres más influyentes del gobierno de Mujica, llegó a sacudir a la comunidad científica internacional. La acusación, se interpretó, hacía peligrar la posibilidad de contar e investigar la historia contemporánea. El año pasado intelectuales de todo el mundo exigieron el sobreseimiento y la Asociación Periodistas pidió respaldo al World Press Freedom Committee.
El final del juicio contra Dargoltz, el 26 de febrero, coincidió con la revelación de las amenazas sufridas por el periodista santiagueño Julio Rodríguez, corresponsal de Clarín, y su hijo. El historiador remarcó esos episodios y alertó sobre el peligro de un fallo desfavorable “para la prensa en general” y para su provincia “donde muy pocos se animan a hablar y a escribir”. “Hablo con la verdad, que no teme ni ofende”, aseguró.
En su libro sobre el santiagueñazo, Dargoltz narra uno de los mayores estallidos sociales sufridos por la Argentina. Cuenta cómo se incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de los tres poderes, además de las casas de funcionarios y políticos que el pueblo acusaba de corruptos. Parte del relato surge de boca de ciudadanos que vivieron los hechos de cerca. Entre ellos, se describe cómo fue el saqueo de la vivienda de Brevetta Rodríguez: la gente se llevaba cajas de champán y hasta salía exhibiendo vibradores. El texto describe al ex funcionario como “uno de los personajes más odiados de santiago” y lo comparaba con Rasputín. Esto irritó al acusador que, sin embargo, perdió la batalla.
En su alegato en defensa de Dargoltz, el abogado Damián Loreti recordó algunos principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como que los funcionarios están “sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo por sanciones civiles. Brevetta, sostuvo el abogado, tampoco probó que hubiera real malicia. El fallo del juez García siguió esa misma línea de razonamiento. La “condición de hombre público –dice– amerita que el ciudadano pueda expresar su oposición o su opinión sobre la función que cumple, que no es otra cosa que el ejercicio de la libertad”. “Ni siquiera dar a publicidad por los periódicos la existencia de dos vibradores puede afectar su honor”, añadió. El relato, argumenta, no hace más que transcribir los episodios. Y agrega que tanto el delito de injurias como el de calumnias protegen “el honor de la persona, no del funcionario”. Lo que el pueblo diga de sus dirigentes, sostiene, no puede agraviarlos.