EL PAíS
› LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LOS ARCHIVOS DE LA BONAERENSE
Un modus operandi que sobrevive
Organismos de derechos humanos recibieron de la Comisión de la Memoria los archivos de la Policía Bonaerense que muestran el seguimiento a militantes sociales desde los ‘50 hasta fines de los ‘90.
› Por Victoria Ginzberg
La foto muestra a un hombre de sobretodo y sombrero parado al lado de un cartel que saluda a la “gloriosa Unión Soviética, abanderada de la paz y la independencia de los pueblos”. Corresponde a un acto organizado por el Partido Comunista el 1º de mayo de 1956 y fue entregada en ese entonces a un juez por un ciudadano que la acompañó con sus propios comentarios. “Es inconcebible que se permita en territorio nacional un cartel así. Las autoridades revolucionarias que lo permitieron son negligentes o simpatizan con el perón-comunismo”, dice el epígrafe. La imagen terminó en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), que siguió produciendo y acumulando información hasta que fue disuelta en 1998. Su archivo registra medio siglo de represión política en la Argentina y fue presentado ayer al público por la Comisión provincial por la Memoria, que entregó a distintos organismos de derechos humanos los papeles en los que quedó plasmado el espionaje del que fueron víctimas.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recibieron una carpeta con el seguimiento que, sobre esas organizaciones, realizó la Policía Bonaerense. Allí figuran volantes, artículos periodísticos e informes de inteligencia, como, por ejemplo, el que habla de una reunión en una casa particular en La Plata, en 1981, donde se trató “una probable fusión del movimiento de madres y familiares de desaparecidos con la APDH”.
El acto de apertura del archivo se realizó en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, en el mismo edificio en que funcionó la Dipba y en el que en 1998 se encontró en archivo oculto detrás de una pared simulada. Allí, Laura Conte, viuda de Augusto Conte, protagonizó el momento más conmovedor de la ceremonia cuando le fue entregada la carpeta con los datos de su esposo, quien fue diputado por la democracia cristiana y fundador del CELS.
Laura no podía hablar por la emoción. Después de un largo silencio que se interrumpió por el aplauso del auditorio, agradeció: “Soy Madre de Plaza de Mayo y lo soy porque Augusto Conte fue un Padre de Plaza de Mayo, soy militante del CELS porque Augusto fue su fundador y estoy en la Comisión por la Memoria porque trato de copiar a Augusto. Este testimonio que hoy me entregan es la búsqueda de Augusto padre a Augusto hijo”, dijo entre lágrimas en referencia a su esposo y su hijo desaparecido.
El legajo sobre la “averiguación de los antecedentes” de Conte tiene cerca de veinte páginas y tiene datos que se remontan al año 1946. En uno de los párrafos finales se señala que Conte y Emilio Mignone “son las cabezas visibles de una nueva entidad del universo de solidaridad marxista internacional: el CELS”.
El archivo contiene 410 mil legajos de hechos y personas y más de tres millones de folios que abarcan desde fines de la década de 1940 hasta 1998. La información correspondiente a la época de la última dictadura está bajo secuestro de la Cámara Federal de La Plata, que la utiliza en el Juicio por la Verdad. La Universidad Nacional de La Plata, junto con la Comisión por la Memoria, está actualmente digitalizando la documentación. La información estaba clasificada por “factores”: político, sindical, estudiantil, comunal, religioso o “delincuente subversivo”. Los datos provenían del “trabajo de campo” de los agentes de la Bonaerense y de otros servicios de inteligencia. Hay partes sobre eventos puntuales –como una marcha por el aniversario de La Noche de los Lápices– organizaciones o personas. También hay carpetas en las que se analizan tendencias político-ideológicas como “Comunismo en Argentina”, “El movimiento estudiantil: la Federación Universitaria Argentina”, “Retorno de Perón” o “PRT La Verdad”. Además, hay informes relacionados con el asesinato de José Luis Cabezas y el atentado contra la AMIA. “El postulado parte de la base de saber quién es quién, es decir, tener registrado a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”, dice una de las autojustificaciones de la Dipba que se encontró entre los papeles.
“Hay que tener en cuenta que parte de esta información es falsa. Hay fragmentos de verdad mezclados con difamación”, explicó Patricia Funes, de la Comisión por la Memoria. También en representación del organismo, el fiscal Hugo Cañón se pronunció en el acto contra las dos decisiones que la Corte Suprema tomó el martes en temas de derechos humanos. “Hemos venido de un período de gran impunidad y estamos ante un punto de inflexión. Aún está pendiente una clara definición de la Corte Suprema, que no muestra síntomas de incorporarse a ese punto de inflexión. En cambio, da una muestra de no promover la verdad y la justicia”, dijo Cañón, en mención a que el tribunal remitió el expediente sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a la Cámara de Casación y a que aceptó la negativa de una joven, hija de desaparecidos, a someterse a un análisis de ADN que develaría su verdadera identidad.
En la ceremonia, en la que estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, también se entregó copia del espionaje sufrido por el movimiento obrero a representantes de la CTA, la Asociación Judicial y los Ferroviarios. Rosa Bru, la mamá del estudiante de periodismo que desapareció en La Plata el 17 de agosto de 1993, recibió la información que la Dipba elaboró sobre ella y la lucha contra la policía del gatillo fácil.
Tito Cossa estuvo como símbolo de los hombres y mujeres de la cultura que fueron perseguidos. Una muestra de la represión en ese ámbito es una carpeta elaborada durante la dictadura en la que figuran los “nombres de autores de obras teatrales con antecedentes ideológicos desfavorables”. En ese documento también se señalan a los “actores que participaron en el filme subversivo La Patagonia Rebelde” y los del “film disolvente La Tregua”.
“¿Por qué, si los fascistas consideran tan peligrosa la cultura, los gobiernos le dan tan poca importancia?, se preguntó Cossa al aceptar los documentos.
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