Los abogados de los trabajadores de Brukman denunciaron que la Policía Federal está filmando y fotografiando a quienes participan del acampe en la esquina de la fábrica. Las imágenes son tomadas desde el interior de un micro que la Infantería estaciona en la puerta de la textil y desde los techos de la estación de servicio de la esquina de Jujuy y México. Así, se realizan tareas de inteligencia sobre los que se acercan a la carpa y también a los que van a un centro cultural recientemente inaugurado frente a la textil. Dice el informe del policía que realizó esas funciones de espía, en una declaración a la que accedió este diario: “En el denominado ‘Centro Cultural’, las personas que concurren, en su gran mayoría activistas de izquierda, charlan distintos temas de tinte político, fundamentalmente aquellos relacionados con protestas sociales”, lo que indica que la Federal, además de tomar imágenes, escucha las conversaciones mantenidas en el interior del local.
Las fotos, junto con otras informaciones reunidas por la policía, son parte de un expediente judicial radicado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 36. Se hicieron por orden de ese juzgado, en la misma causa en la que los camaristas Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo –funcionarios que vienen de la época de la dictadura– ordenaron en abril el desalojo de los obreros que mantenían abierta la textil.
Las tareas denunciadas se produjeron en un contexto que para los abogados defensores no es menos preocupante. El juez Roberto Ponce, siguiendo la recomendación de los camaristas Bonorino Peró y Piombo, procesó el lunes pasado por usurpación a seis de los trabajadores que participaron de la toma. “El juez ve como si fueran delincuentes a los trabajadores que frenaron el cierre de una fábrica abandonada por sus dueños”, planteó la abogada Ivana Dal Bianco, del Ceprodh.
Hasta antes del procesamiento, la Justicia había considerado la toma de Brukman como un conflicto de origen laboral, no como un delito.
La causa por usurpación se inició el año pasado, luego de que en el mes de marzo un desalojo fuera revertido por los vecinos y militantes que se reunieron en la vereda de la fábrica para repudiar la llegada de la policía. En esa oportunidad, la Federal se llevó detenidos a seis operarios que permanecían dentro de la fábrica, pero luego fue desbordada por la cantidad de manifestantes que se reunió en su puerta y tuvo que retirarse. Los trabajadores volvieron a ingresar.
La empresa presentó cargos contra los detenidos. En marzo de este año, el juez Enrique Velásquez los benefició con la falta de mérito: consideró que la toma era pacífica y que había respondido al abandono patronal. Los camaristas Piombo y Bonorino Peró revocaron ese fallo. “Recomendaron además que se investigara penalmente a quienes se solidarizaron con el conflicto”, señaló la abogada Dal Bianco.
Ese consejo fue expresado por escrito como parte del fallo: “Corresponde recomendar que se amplíen las declaraciones de aquellas personas que en su tiempo trataron directamente con los imputados para que precisen el nombre y apellido de sus interlocutores en cada una de las circunstancias que describen y se recaben de las cadenas de información televisiva y escrita las imágenes y notas que fueron difundidas públicamente que contribuyan a identificar y determinar a todos los partícipes de tales hechos”, escribieron los jueces.
Las fotografías y la vigilancia fueron ordenadas con el argumento de que es necesario “conocer en qué condiciones se encuentra la fábrica” para que los empresarios tomen posesión del inmueble.
“Sabemos cómo actúa la policía en la Argentina y nos preocupa que le den un amparo jurídico para que haga estas tareas ilegales. Una cosa es que garanticen el vallado en el edificio y otra que fotografíen a los asistentes a la carpa y escuchen lo que se habla en un centro cultural”, dijo Dal Bianco. Los informes policiales subrayan la presencia de “activistas de partidos de izquierda” del “MST, el Partido Obrero y el PTS” en el acampamento. “Reciben diariamente la visita de alumnos de la Facultad de Psicología”, observan en él los policías, entre otros detalles.
La fábrica está inactiva desde el desalojo, hace seis meses. Una jueza en lo comercial, Matilde Ballerini, debe decidir en los próximos días si dicta la quiebra de la empresa (lo que facilitaría su expropiación y traspaso a los trabajadores) o su continuidad (lo que inclinaría la balanza para una toma de posesión por parte de la empresa). Con deudas por 5 millones de pesos, todavía no está claro si los empresarios llegaron a un acuerdo con los acreedores para evitar la quiebra. Esa definición debía adoptarse en septiembre, cuando el juzgado otorgó una prórroga. El plazo vence el 17 de octubre.