Por Roberto Gargarella y Maristella Svampa

No es extraño que el derecho abandone su promesa de igual consideración y comience a tratar a determinados grupos como subclases. Ello puede producirse a veces por el egoísmo de algunos, otras por enemistades manifiestas y normalmente por la mera desidia de quienes toman decisiones. Las desventajas que afectan a partes importantes de la población pasan a convertirse en desventajas jurídicas, que el sistema institucional implícita o explícitamente acepta. Las víctimas del derecho no sólo tienen la facultad sino el deber de ponerse de pie frente a tales padecimientos, impidiendo que el Gobierno se consolide como una fábrica generadora de indebidas desigualdades. Actuando de ese modo, los desplazados por el derecho hacen su parte en la tarea conjunta de mantener a salvo el emprendimiento cooperativo del que formamos parte. Quienes no sufrimos padecimientos semejantes, agraviamos nuestros deberes de civilidad cuando los dejamos solos, forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen.
En esta tarea de responsabilidad colectiva de preservar un sistema de gobierno decente, los jueces pueden jugar un papel extraordinario, dado el lugar institucional en el que fueron situados. En términos constitucionales, su obligación es escuchar a quienes el sistema político excluye o maltrata, y su misión es brindarles un debido amparo. Los jueces repugnan el deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse en verdugos de los mismos a quienes deben resguardo.
Eso es lo que viene ocurriendo cuando los jueces se enfrentan a los líderes de la protesta social y prestamente arremeten contra ellos, para someterlos a proceso judicial, en lugar de escudarlos. Es lo que ocurrió de modo pionero en el caso “Alí” cuando se quiso dar una sanción ejemplar a quien solicitaba comida frente a un supermercado. Es lo que ocurrió en “Nattera-Gatti” cuando, con prepotencia y sin cuidado argumentativo alguno, se desplazó el derecho a la protesta en nombre del derecho al libre tránsito. Es lo que ocurrió en un fallo notable, “Schiffrin”, cuando la Cámara Nacional de Apelación Penal sugirió que toda expresión cívica más allá del sufragio podía ser vista como sediciosa.
Casos como el de Pepino Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi resultan paradigmáticos. Pepino ostenta el record de causas judiciales iniciadas a partir de los cortes: 52 federales y 16 provinciales. En abril, Pepino Fernández fue detenido por orden de la justicia federal en Buenos Aires, en la puerta del Congreso y luego de participar de una reunión con diputados. Se lo castigó entonces por la interrupción del tránsito, reduciendo sin mayores contemplaciones ni reflexión la “cuestión social” a un hecho policial.
Pepino estuvo preso en la cárcel de la ciudad de Salta, junto con otros tres dirigentes, durante 40 días. Según la abogada salteña Mara Puntano, pese a que estaba detenido por las mismas causas y con los mismos antecedentes que los otros 3 detenidos, la Cámara Federal resolvió otorgarle sólo a él excarcelación condicionada a una caución personal y real. La caución personal exigía que se comprometiera a no volver a cortar rutas, mientras que la caución real le exigía pagar $10.000. Fernández respondió diciendo que no iba a pagar la caución, sino a “esperar en la cárcel hasta que se haga justicia y no comprometer a nadie con ayuda alguna”. Finalmente, la Cámara resolvió liberarlo sin caución alguna. Elprocesamiento continúa, pesando sobre su libertad como una permanente amenaza.
No está de más recordar que la UTD de Mosconi es una de las organizaciones piqueteras más destacadas por su intensa labor comunitaria y el desarrollo de emprendimientos productivos. Desde los primeros cortes de ruta las acciones de la UTD se encaminaron a recrear un escenario de vida laboral, perdido luego de la privatización de YPF, a través de la transformación de los planes sociales en proyectos productivos. Estos incluyen obra pública –construcción y refacción de escuelas, erradicación de ranchos y letrinas, espacios recreativos–, huertas comunitarias, ladrilleras, talleres de carpintería y herrería, y una compactadora de plástico. Representante cabal de este movimiento, Pepino Fernández continúa procesado y no sería extraño que la justicia federal salteña resuelva su encarcelamiento.
En circunstancias en que el derecho pierde su rumbo y es apropiado por sólo algunos, no servimos al mismo obedeciéndolo ciegamente. Lo honramos, más bien, desafiándolo. Es asombroso que los esfuerzos de tantos sean leídos como levantamientos frente al orden, en lugar de reconocerse como un tributo al derecho que no todos pagamos conforme a nuestros deberes.