“Estamos ante un hecho ilícito de una envergadura tal que permite aseverar que ha causado un perjuicio al sistema financiero nacional y a la economía en general”, concluyó la jueza María Servini de Cubría al procesar y dictar la prisión preventiva del banquero Carlos Rohm, vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), como organizador de una asociación ilícita que mediante distintas operaciones incurrió en delito de subversión económica. La magistrada estableció que esa entidad, que supo servir al menemismo y terminó siendo investigada en los casos de corrupción más resonantes de la década pasada, fue el eje de “una operatoria financiera de carácter marginal”, y sus maniobras son atribuibles a Carlos Rohm, que fue embargado en 200 millones de pesos y seguirá detenido en dependencias de la Gendarmería, a su hermano José “Puchi” Rohm que está prófugo, y a tres de sus socios: el gerente del BGN Rufino Basavilbaso de Alvear, su contador Adrian Couce y Carlos Félix Pando Casado, este último también con pedido de captura. La causa se originó en junio pasado por una denuncia de legisladoras del ARI.
“Siento una enorme paz porque cuando la justicia llega uno siente que todo tiene sentido”, expresó ante Página/12 la diputada Elisa Carrió, presidenta de ese bloque parlamentario. Agregó que está “feliz” porque considera que es “el inicio del camino con la primera prisión preventiva de un banquero en los últimos diez años”. Y aunque aclaró que “todavía falta mucho”, se alegró porque “ahora les toca a ellos”. La jueza citó a indagatoria a 27 personas que integran el grupo Rohm.
La investigación determinó que el 80 por ciento de las empresas vinculadas al BGN son las denominadas “fantasma”, algunas con sede en Panamá, creadas al solo efecto de hacer sospechosos movimientos de dinero que redundaron en presunta fuga de capitales, en algunos casos, y supuesta evasión fiscal en otros. Esto pudo ser comprobado a través de las escuchas encargadas por el juzgado.
“Se está abriendo un camino de esclarecimiento de los hechos que llevaron a la Argentina a este desastre económico”, opinó la diputada del ARI Graciela Ocaña. Esta legisladora se constituyó en querellante junto a Marcela Rodríguez, realizó una investigación propia del caso, que incluyó una búsqueda de información en Uruguay, y aportó valiosa documentación al expediente. “Por primera vez en muchos años está preso uno de los responsables de la fuga de capitales y los malos negocios que hizo el Estado nacional, y eso reafirma la confianza del pueblo en la Justicia”, destacó Ocaña.
La magistrada indicó que los procesados “han incurrido en delitos para enriquecerse” a través de operatorias que ubicó en un sistema financiero “marginal” y precisó que Carlos Rohm es la “cabeza” visible del BNG, la Compañía General de Negocios (CGN) y el Banco Comercial del Uruguay, que tenían manuales de instrucciones tendientes a evitar quedar en evidencia. Servini de Cubría afirmó ayer, en la puerta de su despacho, que el perjuicio económico podría ser “muy superior” al embargo fijado a los imputados. En la causa quedó probado que el Banco Central (BCRA) ignoró los grandes movimientos de dinero, en incluso otorgó en diciembre un redescuento de 35 millones al BGN. Esto en sí mismo no sería cuestionable pero cabe aún indagar si la entidad beneficiada con ese préstamo presentó sus balances de manera regular y cumplió con los requisitos, según explicó a este diario uno de los investigadores del caso. De todos modos, el ex presidente del BCRA Roque Maccarone está citado a indagatoria.
Según la denuncia de los legisladores del ARI, que aportaron el informe minoritario de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero, existía una “mecánica habitual” de los bancos por la que se había creado un “sistema financiero paralelo” que servía para lavar dinero, evadir tributos y fugar capitales, lo que produjo el colapso del sistema. Pero en esta etapa de la investigación aún no han sido acreditados esos delitos enforma específica. Y si bien por ahora fue puesto bajo la lupa el BGN la jueza y su equipo apuntan a otras importantes entidades bancarias.
Todo comenzó a fines de enero, cuando Servini de Cubría allanó el BGN en el marco de la causa en la que investigaba el BCCI y al magnate Gaith Pharaon y encontró elementos que comprometían a los Rohm, por lo que dispuso sus detenciones.
Operatoria “liqui-liqui”
Entre los documentos secuestrados apareció un instructivo que habla de operaciones no reales (liqui-liqui), que “denota la existencia o elaboración de una ficción, basada en este tipo de operatoria con títulos, tendiente a blanquear fondos cuyo origen hasta este momento no ha podido demostrarse”. El tercero interviniente en la operatoria es San Luis Finantial Investment Co., poseedora del 20,34 por ciento de las acciones del Banco Comercial de Uruguay y del cien por cien de la Compañía General de Negocios (CGN). En una minuta dirigida por el empleado Adrián Couce al gerente del área comercial Norberto Echegoyen, fechada el 12 de mayo de 1997, consta la forma en que deben realizarse las “liquidaciones a nombre de CGN por operaciones no reales ‘liqui-liqui’”. CGN los emite en el siguiente contexto: “Las operaciones se hacen por cuenta y orden de terceros que liquidan fondos entre sí y lo único que se registra es el movimiento de bonos en cuentas de orden”. Y aclara qué hay que contestar ante eventuales pericias o consultas oficiales.
Uruguay más perjudicado
“Nos encontramos, también, ante una maniobra de ocultamiento, con la finalidad de posicionar liquidez de la economía nacional en el sistema financiero de Uruguay, utilizando un sistema paralelo y marginal, lo cual comprometió hasta tal punto el patrimonio del BGN que procedió a la venta de las empresas del propio grupo a través de triangulaciones al Banco Comercial de Uruguay”, describió Servini. La fuente consultada explicó que esa entidad es fundamental en la economía del vecino país, a tal punto que, como recuerda la resolución, intervino el presidente Jorge Batlle. Las autoridades del Banco Central del Uruguay denunciaron también a los Rohm y al Banco Comercial, requirieron el desplazamiento de las autoridades de esa entidad e intervinieron la CGN. El hecho “puso en riesgo la confiabilidad en el sistema financiero uruguayo”, destacó la jueza.