El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de 16 represores que durante la última dictadura participaron o fueron responsables de secuestros y torturas en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Se trata de militares, policías y agentes de inteligencia que estaban con prisión preventiva antes de que se sancionaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El magistrado consideró que los acusados tenían que recuperar la situación que tenían antes de que se beneficiaran con esas normas, ya que éstas fueron anuladas por el Congreso.
La causa sobre los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo –que abarcó la Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa- fue reabierta por la Cámara Federal después de que los diputados y senadores anularon las leyes de impunidad. El tribunal también reimpulsó el expediente sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el que el juez federal Sergio Torres arrestó a quince marinos, incluido Alfredo Astiz.
Al igual que su colega, Canicoba Corral estimó que, como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron anuladas, los acusados que estaban en prisión en 1986 debían ahora volver allí. Como se considera que estos represores tienen su situación procesal resuelta, se estima que en un mediano plazo podrían estar en condiciones de afrontar un juicio oral, aunque aún resta que la Corte Suprema se expida sobre la validez de las leyes de impunidad. Más adelante, el juez tendrá que investigar a quienes están imputados en la causa pero no fueron procesados durante la década del `80.
Ayer, Canicoba Corral ordenó el arresto de:
- El coronel Pedro Durán Sáenz: fue subjefe del grupo Regimiento 7 de Infantería de La Plata y jefe del centro clandestino de detención El Vesubio. Alemania pidió su extradición por su responsabilidad en el homicidio de la ciudadana de ese país Elizabeth Kaesemann.
- Coronel Alberto Barda: fue jefe de la subzona 15 y por lo tanto responsable de los centros que funcionaron en Mar del Plata, como la Base Aérea, Base Naval, Comisaría 4, Destacamento de Batán, la Escuela de Suboficiales de Infantería del Mar y el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA).
- General de Brigada Héctor Gamen: subjefe de la zona 11, que abarcaba La Plata y parte de la provincia de Buenos Aires.
- Teniente coronel Guillermo Minicucci: fue jefe de los centros clandestinos El Olimpo y El Banco. Se encontraba bajo prisión preventiva por cometer 105 delitos cuando fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida.
- Brigadier Hipólito Mariani: jefe de la subzona 16 con jurisdicción en los partidos de Merlo, Moreno y Morón y por lo tanto responsable de los centros de detención Comisaría de Morón, Brigada Aérea El Palomar, Mansión Seré y Hospital Posadas.
- Brigadier César Comes: fue jefe del área 160 y como tal responsable de los centros Mansión Seré, Hospital Posadas y Comisaría tercera de Morón.
El juez también reclamó la detención del ex agente de inteligencia Eduardo Ruffo y José Néstor Maidana, del Servicio Penitenciario Federal. Además, actualizó la orden captura de Carlos Augusto Rolón, Pedro Godoy, Eduardo Angel Cruz y Eduardo Forese, quienes estaban prófugos antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todos ellos fueron integrantes de los grupos de tareas de distintos campos de concentración.
La lista de los represores a los que el juez ordenó arrestar y embargó por cuatro millones de pesos se completó con los fallecidos Carlos Otto Paladino, quien fue jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y Roberto Roualdes, que fue jefe de Operaciones de la Capital Federal y los ex policías Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro, que estánpresos por la desaparición de Claudia Victoria Poblete y sus padres. Los acusados –que figuraban en el pedido de arresto de 38 represores que hizo el fiscal Eduardo Freiler en esta causa– comenzarán a presentarse hoy ante el juez, quien les notificará que, nuevamente, están procesados.
En este mismo expediente Canicoba Corral ordenó la semana pasada el arresto de cuatro policías que operaron en la provincia de La Pampa y que serán asistidos por la defensora oficial Silvia Otero Rella.
El juez dispuso además publicar edictos para que los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo conozcan la existencia del proceso y tengan oportunidad de constituirse en querellantes.