Extrañamente, a pesar de la prédica y de las acciones del gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina aparece hoy como un país más corrupto que cuando gobernaba Carlos Menem, y con un sector público mucho más tramposo respecto del breve e inoperante período de Fernando de la Rúa. Este es, al menos, el corolario que lanzó ayer Transparency International (TI), una organización con sede en Berlín que se creó diez años atrás y que es representada en Buenos Aires por la ONG Poder Ciudadano (PC). El país recibió como nota unos magros 2,5 puntos sobre diez posibles, en una medición que abarca el período 2001-2003, mientras que el año pasado había podido ostentar 2,8 y el anteaño 3,5. Además, figura en el puesto 92 entre 133 naciones incluidas en el relevamiento. En mediciones previas no estuvo tan lejos de los mejores, pero también había muchos menos países en la tabla.
“Yo no voy a salir a decir que no hay corrupción”, se atajó Manuel Garrido, jefe de la Oficina Anticorrupción, cuando lo consultó este diario. Sin embargo, ligó el preocupante resultado del informe al “período de explosión social que vivió el país, con una aguda percepción de desintegración y degradación”. Algo parecido sostuvo el propio Mario Rejtman Farra, presidente de PC, al presentar los resultados de TI, adjudicando el deterioro “al bajo nivel de institucionalidad” que soportó el país a causa de la crisis política y económica, con lo que quiso indicar que los guarismos divulgados conciernen a un período previo a la asunción de Kirchner.
Lo que en realidad pretende medir el índice no es la corrupción en sí -por ejemplo, cuántas coimas se pagan o el número de licitaciones fraguadas– sino la percepción que se tiene de ella en determinados círculos. Los encuestados son, en general, empresarios, altos ejecutivos, banqueros y analistas de riesgo, residentes o no en el país en cuestión. No se trata, por ende, de la percepción del ciudadano común ni de intelectuales. Salvo excepcionalmente, no se toma la opinión de académicos ni de periodistas.
También tienen un perfil muy marcado las instituciones que efectúan el relevamiento, y cuyos hallazgos son a su vez reprocesados por TI en un complejo enjuague estadístico. La Argentina, por caso, fue relevada por doce entidades, entre ellas el Banco Mundial, la auditora PricewaterhouseCoopers, la Intelligence Unit de la revista conservadora británica The Economist, la estadounidense Universidad de Columbia, etcétera. De hecho, el alemán Peter Eigen, presidente de Transparency, tuvo larga actuación en el Banco Mundial y, según confió en una reciente visita a la Argentina, guarda mucho mejor concepto de Augusto Pinochet que de Raúl Alfonsín.
La corrupción que se mide en el relevamiento bajo comentario es sólo la que se refiere al Estado y consiste en el aprovechamiento de cargos públicos en beneficio privado. Las preguntas atañen en general a los pagos irregulares a funcionarios, políticos y jueces para hacer negocios en cada país. Por definición, entonces, un mayor grado de intervención y regulación estatal en la economía genera condiciones para que se perciba más corrupción. Del mismo modo, en una economía privatizada y desregulada, aunque los usuarios sean víctimas de toda clase de abusos e irregularidades, estos hechos no serían contemplados como actos de corrupción.
Si se le cree a Poder Ciudadano, “la Argentina sigue estancada en un pozo de corrupción estructural en todos los niveles de gobierno y en todas las ramas del poder”. Más aún: “La Argentina sigue capturada por una red corrupta de políticos, empresarios, jueces, policías y sindicalistas, que han puesto al Estado al servicio de sus negocios o interesesparticulares”. (Curiosamente, Martha Oyhanarte, que fue gran impulsora de PC, hoy milita en el Gobierno.)
Ante semejante diagnóstico, Garrido señaló a Página/12 que la O.A. efectuó más de 800 denuncias de ilícitos, y que este mismo hecho refuerza en la opinión pública la percepción de que hay mucha corrupción. Pero agregó que la escasez de sentencias judiciales propaga asimismo la sensación de impunidad. Casos célebres que nunca se fallan, como los de IBM-Banco Nación, IBM-DGI o los que involucran a María Julia Alsogaray o Claudia Bello, entre otros, agravarían el descreimiento. Garrido también se quejó porque el proyecto de ley de acceso a la información, ya con media sanción de Diputados, “está parado en Senadores”, mientras espera turno la legislación sobre la gestión de intereses ante el Estado (lobby). Una novedad es que la O.A. acaba de elevar a manos de Gustavo Beliz, ministro de Justicia, el proyecto para la protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción.
De acuerdo al relevamiento de TI, hay en este mundo una significativa correlación entre ingreso per cápita y transparencia. Así como Finlandia figura como el país más blanco, con un puntaje de 9,7 y Europa promedia 5,5, América Latina saca 3,4. Nueve de cada diez países subdesarrollados obtienen menos de 5 puntos, y la mitad, menos de 3. Entre los vecinos, Chile es el virtuoso, con 7,4 puntos, seguido por los uruguayos, con 5,5. Brasil consigue 3,9 y México 3,6. Peor aún que la Argentina andan Venezuela (2,4), Bolivia (2,3) y el imbatible Paraguay (1,6). Pero no hay que darse por vencidos.