Con la tardía excepción del Senador Adolfo Rodríguez Saá, el resto de los partidos opositores con representación parlamentaria le dieron la espalda a una medida que muchos de ellos venían reclamando, con un argumento pueril: el debate sobre la ley de Inteligencia sería una excusa para desviar la atención de lo único que importa, que es la muerte del fiscal Nisman, que el hijo de José Luis Romero comparó con el caso Mateotti, el diputado socialista secuestrado y asesinado por el fascismo luego de denunciar fraude electoral. En realidad a un mes del hecho no es posible superar la calificación de muerte dudosa que aún lleva el expediente judicial. Las limitaciones de la investigación no se deben a que se hayan distraído esfuerzos para otra cosa. La lógica ha sido proscripta de estos razonamientos, porque nadie perdió tanto con su salida de escena como el Poder Ejecutivo, por primera vez golpeado en un tema central, como su política de Derechos Humanos y los esfuerzos por esclarecer los atentados de dos décadas atrás, cosa que ningún otro gobierno siquiera intentó. Al anunciar quienes reemplazarán a Nisman, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mencionó “el duelo que a todos nos agobia ante la muerte de nuestro colega, que no sólo nos conmovió en un plano personal y afectivo sino también institucional, ya sea que esta pérdida haya sido el resultado de su propia decisión o de una acción criminal”. Por grande que sea esa conmoción, es absurdo suponer que pueda recurrirse a una reforma tan fundamental como la de los servicios de Inteligencia como mero elemento distractivo. Es cierto que el gobierno ha sido corresponsable de buena parte de los problemas que condujeron a la autonomización de los servicios y a su relación enfermiza con sectores de la justicia y del ministerio público fiscal. Pero es difícil imaginar mejor escenario para señalarlo que la discusión legislativa para la enmienda de esas desviaciones. En vez de eso, la oposición desertó del debate y a propuesta de Ernesto Sanz anunció que cuando pueda derogará esa ley que condena con los ojos cerrados. Serio, circunspecto, formal, a veces incluso solemne en su siempre atinada oratoria parlamentaria, de repente Sanz confiesa en forma brutal su peor secreto. Así, dijo que la Asignación Universal por Hijo se va por la canaleta de la droga y el juego y en abril de 2013 hizo votos para que la economía no mejorara antes de las elecciones de octubre. Ahora desdeñó la ley de Inteligencia como “una farsa”, que “no sirve absolutamente a ningún fin, es un engaño, y los engaños no se discuten ni se votan”. El próximo miércoles tampoco piensan asistir al plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que analizarán la media sanción del Senado. El peronismo podría haber dicho lo mismo en 1988, cuando Alfonsín impulsó la ley de defensa nacional, bajo la conmoción de los alzamientos carapintada y la ley de obediencia debida y en vísperas de la hiperinflación. La oposición radical hubiera tenido argumentos en 1991 para eludir el debate de la ley de Seguridad Interior, que a Menem le sirvió para que no se hablara sólo de la caída del salario real y el incremento de la deuda externa. Ni que hablar del interés que tenía Fernando de la Rúa en que las discusiones de diciembre de 2001 giraran sobre la ley de Inteligencia Nacional. Sin embargo, esos dos partidos fundamentales aportaron sus mejores cuadros e ideas para que esas tres leyes se convirtieran, junto con la reforma constitucional de 1994, en los pilares del consenso democrático, que hasta hoy han mantenido la estricta separación entre las tareas de defensa nacional, que competen a las Fuerzas Armadas, y las de seguridad interior, que quedan a cargo de las distintas policías. Esta es la primera vez que los partidos del arco democrático desertan de una discusión de fondo sobre los mismos temas que ocupan un lugar central en su discurso. Sin duda, la premura de una reforma que hubiera merecido la consulta a especialistas que la mejorarán, no era una invitación atractiva. Pero su rechazo revela un ánimo destructivo de cualquier iniciativa que provenga del gobierno, así coincida con sus propias posiciones, tal como también se vio en la negativa a completar la Corte Suprema de Justicia, en vez de servirse de la cláusula constitucional que requiere 2/3 del Senado, para exigir que el o los designados sean jueces de excelencia.

Quiénes sí participamos en ese debate desde sectores de la sociedad civil, ya se los llame ONGs u organizaciones libres del pueblo, conocemos tanto las limitaciones del proyecto original como las modificaciones que el oficialismo fue aceptando en etapas sucesivas:

- La nueva ley no permitirá a los organismos de inteligencia realizar investigaciones criminales y cumplir funciones policiales como auxiliares de la justicia, porque esto alimentó la relación promiscua de la Secretaría de Inteligencia (SI) con la justicia federal. De ahora en más sólo podrían hacerlo en un caso específico y fundado por un juez en una causa determinada, pero en ese caso se les aplicarán las mismas reglas procesales que a las policías, es decir que deberán declarar en juicio con su identidad pública sin necesidad de autorización especial alguna (artículo 3).

- La disolución de la Secretaría de Inteligencia no implicará el pase automático de todo su personal a la nueva Agencia Federal. Durante los 120 días que insumirá su creación (artículo 8) el secretario de Inteligencia podrá jubilar a los agentes cuyos servicios no sean necesarios, cualquiera sea su edad (artículo 28). También serán separados “aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los Derechos Humanos o violatorios del orden constitucional” y los mismos criterios se aplicarán al personal que ingrese (artículo 25).

- El mismo artículo 25 invierte el principio del secreto, “procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones”. Además las acciones de los ex agentes serán sometidas a supervisión para que no realicen tareas de Inteligencia. Tanto los funcionarios actuales como pasados que realicen acciones de Inteligencia por razones políticas, religiosas, sociales, culturales o acciones privadas, prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia, serán reprimidos con penas de 3 a 10 años y el doble de inhabilitación (artículo 23). La misma pena se aplicará a quien intercepte cualquier tipo de comunicación que no le estuviere dirigida (artículo 20) y de 2 a 6 años a quien no borrare o destruyere los resultados de las interceptaciones que le ordene la justicia (artículo 21).

- El mismo criterio regirá para el presupuesto de todos los organismos de Inteligencia (ya sean de la Agencia, de las policías o de las Fuerzas Armadas): las partidas serán públicas y estarán sometidas a las normas de la ley de administración financiera. Sólo podrán ser reservados los fondos cuya publicidad pueda afectar las tareas de Inteligencia. Pero aún esa parte estará sometida a controles en su rendición y con documentación respaldatoria, para lo cual la única excepción será que afecte la seguridad de la tarea y de las personas.

- También se reducen a tres las calificaciones de seguridad: secreto, confidencial y público. Eso no se definirá según la conveniencia de la AFI sino sólo si el conocimiento de documentos o materiales pudiera “afectar gravemente”, en el caso de los secretos, o en forma parcial para los confidenciales, “los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nacion”, como la soberanía territorial o el orden constitucional (artículo 11).

- El plazo para la desclasificación según los niveles de seguridad, no será menor a quince años. Hasta hoy no hay plazo alguno y todo es secreto para siempre. Además, toda persona que acredite un interés legítimo podrá pedir la desclasificación al Poder Ejecutivo, según plazos y vías administrativas a reglamentar. Además, el Poder Ejecutivo podrá desclasificar cualquier información que estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes.

- La Inteligencia militar que sólo puede ocuparse de cuestiones de defensa nacional y no de seguridad interior, queda subordinada a la nueva Agencia Federal, tal como ocurría con la ley vigente y había sido omitido en el primer proyecto del Poder Ejecutivo.

- Quedó diferenciada la Inteligencia Nacional, que corresponde a la Agencia Federal, de la Inteligencia criminal, del ministerio de Seguridad.

- Tampoco todo el personal abocado a las escuchas telefónicas pasará a la Procuración General, que podrá solicitar en comisión al personal necesario para garantizar el funcionamiento y traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta que cuente con personal propio calificado (artículo 24). Con el traspaso se pondrán en funcionamiento los equipos más modernos que realizan las grabaciones sin que personal humano pueda escuchar lo que se dice y que dejan constancia computarizada de cada paso del procedimiento, desde la solicitud judicial de intervención hasta la cantidad de CDs grabados con certificación de a quién se entregan. Este equipamiento existe desde hace tiempo pero los responsables de la SI alegaban dificultades técnicas para postergar su entrada en servicio y seguir utilizando el sistema tradicional, que no era tan hermético para los operadores.

- Los agentes de todos los organismos de Inteligencia, de cualquier grado o situación de revista deberán presentar su declaración jurada de la ley de ética pública, como cualquier otro funcionario. Para mayor transparencia, los mecanismos de control de la Comisión fiscalizadora del Congreso se basarán en la calificación de secreto, confidencial y público de cada finalidad (artículo 18).

Los puntos que aún convendría perfeccionar, en la ley o en la reglamentación serían la obligación de fundamentar por qué un gasto debe ser reservado y que haya libros de caja para el control y la permanencia en la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la producción de Inteligencia criminal sobre delitos federales complejos con medios propios de obtención y reunión de información. Aún con estos reparos la nueva ley será una profunda innovación que llevará luz a los rincones más oscuros del Estado.