El 27 de enero, nueve días después de la muerte del fiscal, la jueza Fabiana Palmaghini sugirió a la fiscal Viviana Fein la concreción de veinte medidas de prueba. La 17ª decía, tal como la difundió la Corte Suprema de Justicia: “A fin de conocer la eventual existencia de información que podría resultar de interés para esta investigación, estimo pertinente determinar si el fallecido Natalio Alberto Nisman contaba con cajas de seguridad en entidad bancaria alguna. A ese objeto considero de utilidad incorporar copias de las declaraciones juradas patrimoniales por dicho funcionario ante la AFIP y/o la Procuración General de la Nación”. Razonable, dado que en la caja fuerte que Nisman tenía en su casa se encontró una cantidad llamativa de dinero, en dólares y pesos, y bonos, pero tardío. Además pasaron otros ocho días hasta que Palmaghini, a solicitud de Fein, ordenó allanar la sucursal 75ª del Banco Ciudad, en la esquina de Corrientes y Uruguay, abrir la caja de seguridad que poseía allí el fiscal y “secuestrar todo elemento de interés para la investigación”. Llegaron tarde: antes pasó por allí la madre de Nisman y locadora con él de la caja de seguridad, Sara Garfunkel, quien vació su contenido. Entre las cosas que retiró había dos maletines que su hijo había guardado allí en el mes de octubre. La señora Garfunkel también vació la cuenta que compartía con su hijo en la sucursal 17ª del mismo banco, en Callao y Juncal. En cuanto regresó de España, Nisman abrió otra caja de seguridad, en una cueva financiera que atiende con discreción en una galería de la calle Florida. Dejó a sus custodios en la puerta y entró para cerrar el trato. Más tarde, la custodia llevó a Sara Garfunkel, quien firmó como cotitular de la caja. Luego de la muerte, los titulares de la cueva esperaban un allanamiento, que nunca llegó. En cambio la madre fue sola, igual que a las dos sucursales del Banco Ciudad, y se llevó todo lo que había. El fastidio de la viuda, Sandra Arroyo Delgado, es comprensible. Tal vez si Palmaghini hubiera sido más discreta y Fein más veloz, otro hubiera podido ser el resultado. Pero también Arroyo demoró mucho más de lo razonable para designar los peritos de parte que en representación de las hijas que tuvo con Nisman controlarán las pruebas de la causa. Por esa razón, pasaron tres semanas antes de que se comenzaran a investigar los teléfonos y las computadoras del fiscal, tiempo precioso en los primeros días de toda investigación penal.