Finalmente, después de un año y nueve meses en prisión, Emilio Alí saldrá en libertad por vía de un indulto de la Legislatura bonaerense que cuenta con el aval del presidente Eduardo Duhalde. La Cámara de Diputados de la provincia sancionará el próximo jueves el proyecto de ley que sacará a Alí de la cárcel de Gorina. La libertad del piquetero, castigado por encabezar un pedido de comida a un supermercado, es uno de los principales reclamos de las organizaciones de desocupados. Su concreción fue planteada como un punto inamovible en las negociaciones que Luis D’Elía (de la Federación de Tierra y Vivienda) y Juan Carlos Alderete (de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa) mantienen con el Gobierno. Los piqueteros ya consensuaron con Duhalde el texto de un futuro convenio sobre los planes de empleo, pero para firmarlo ponen como condición que Alí esté en la calle.
Fuentes cercanas al Presidente confirmaron a Página/12 que la decisión de garantizar los votos que se necesitarán en el recinto (donde el PJ tiene mayoría y quórum propio desde las elecciones de octubre) ya está tomada. La intención es que el mismo jueves la Cámara de Senadores complete la sanción de la ley y que el gobernador Felipe Solá la promulgue de manera inmediata.
El proyecto de indulto fue redactado por D’Elía y Alejandro Mosquera. De acuerdo a la Constitución bonaerense, en la provincia es el Poder Legislativo quien tiene la facultad de indultar. El Ejecutivo, en cambio, puede conmutar penas. Esa posibilidad fue evaluada en las conversaciones entre los piqueteros y el Gobierno, pero la conmutación quedó descartada porque uno de sus requisitos es que exista un sentencia firme, cosa que no ocurre en este caso ya que el expediente está apelado ante la Cámara de Casación.
Alí tiene 26 años. El pedido de comida por el que fue juzgado ocurrió el 5 de mayo del 2000, en la sucursal marplatense de Casa Tía. Ese día, en el marco del paro general contra la reforma laboral y el modelo económico decretado por la CTA y la CGT Rebelde, el dirigente junto a un centenar de desocupados ocupó el local en reclamo de alimentos.
El Tribunal Oral número 2 de Mar del Plata de esa ciudad, integrado por Reinaldo Fortunato, Enrique Aníbal Ferraris y Rodolfo Guimarey consideró que Alí había incurrido en los delitos de “coacción y extorsión” y el 28 de abril del año pasado lo condenó a cinco años y medio de prisión. La sentencia fue entendida por el todo el abanico de la protesta social y por todos los organismos de derechos humanos como una muestra de la judicialización del conflicto social.
Alí suele contar que tiene una familia numerosa y marginal. Tuvo 16 hermanos y casi todos se dedicaron a robar. El no era el mayor, pero apenas entró en la adolescencia quedó a cargo de la casa. Su problema principal por esos días era la policía; no lo dejaban tranquilo, lo habían marcado por los antecedentes de sus hermanos y se dedicaban a acosarlo. Escapando de la Bonaerense, un día se metió a una charla de derechos humanos, y allí se quedó.
Empezó así en la actividad política y social. En el ‘97, con sus vecinos, organizó un piquete de desocupados, posiblemente el primero en la ciudad. Tres años más tarde encabezó el episodio por el que hoy está preso.
El reclamo por su libertad fue el leit motiv de las marchas y actos de desocupados que se hicieron desde esa fecha en adelante. Si finalmente el jueves se concreta el indulto, lo que seguirá es la firma del acuerdo entre el gobierno y los desocupados de la CTA y la Corriente. Los piqueteros quieren que ese día la figura de Alí esté en el escenario donde se firme el convenio.