Ayer al mediodía el dictador Antonio Domingo Bussi supo oficialmente que sus días de gracia se terminaron. En ese momento un funcionario judicial de Tucumán, provincia en la que fue elegido gobernador a pesar de sus crímenes, le notificó que quedaba detenido por “homicidio calificado con ensañamiento y alevosía, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, agravada”. El juez Jorge Parache lo arrestó por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. El represor se quedará sin asumir como intendente de San Miguel de Tucumán.
Bussi llegó antes de las ocho de la mañana a los tribunales federales de San Miguel de Tucumán, donde había sido citado por la desaparición de Vargas Aignasse. Una vez ante Parache presentó un escrito en el que reclamaba ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (el mismo planteo lo hizo hace un par de días directamente ante el Consufa) e insistía con el arcaico argumento de que las desapariciones y torturas cometidas durante el terrorismo de Estado fueron producto de “una guerra contra la agresión marxista-leninista”. Estaba acompañado de su hijo Ricardito, los dirigentes de Fuerza Republicana, Pablo Calvetti y Javier Morof, apoderado del partido, y Héctor D’Amico, su yerno. Aunque estaba rodeado de abogados –y como desafío al proceso judicial– no designó defensor, pero le fue asignado uno oficial. “Es que no se puede prestar a este circo político”, intentó explicar Calvetti, quien acusó al presidente Néstor Kirchner y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, de ser los artífices de la detención.
Al margen del escrito que dejó en el juzgado, Bussi se negó a declarar y no respondió a las preguntas referidas a la desaparición de Vargas Aignasse. El ex senador fue secuestrado el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Fue visto en la Jefatura de Policía, donde funcionó un centro clandestino de detención y en el penal de Villa Urquiza. De allí prometieron liberarlo pero lo sacaron de noche en un camión con destino desconocido. El hijo del ex legislador, Gerónimo Vargas Aignasse, perdió ante Bussi por 17 votos la intendencia de San Miguel de Tucumán.
“Estuve cerca de él y sentí el mal olor del miedo, porque es un cobarde y nunca estuvo en un combate. Hedía a miedo. Ahora se viene la hora de
cicatrizar las heridas del pasado. Ahora se cierra el capítulo pero con justicia, no con impunidad”, dijo a Página/12 Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del desaparecido, quien, patrocinado por el abogado Juan Robles, pidió la reapertura de la causa después de que el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Al mediodía Parache comunicó su decisión de que el represor quedara detenido, tal como lo había reclamado el fiscal Emilio Ferrer. Bussi fue llevado a la alcaldía de los tribunales, a una pequeña celda con barrotes. Allí esperó a que se fueran algunos de los manifestantes que estaban en la puerta de los tribunales y luego fue conducido al Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid –lo que queda del Regimiento 19 de Infantería, del que fue jefe– donde cumplirá el arresto.
Miembros de organismos de derechos humanos se congregaron para presenciar el hecho histórico que significa ver a Bussi detenido en Tucumán. Ni siquiera en la década del 80, antes de que se sancionaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, había estado preso. Sólo estuvo en esa condición hace tres meses, cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo arrestó a pedido de su par español Baltasar Garzón, quien lo había procesado por genocidio, terrorismo y torturas.
Los manifestantes colgaron banderas de repudio a Bussi en el edificio que queda frente a los tribunales, donde funcionó la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán y donde el 24 de marzo a la madrugada irrumpió una patota y fusiló a Francisco Isauro Arancibia, fundador de la Ctera. El represor fue sacado, custodiado por policías, por una puerta lateral, pero Calvetti ligó el huevazo que estaba reservado para él.
Parache citó a Bussi la semana pasada, tras decretar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hoy deberá presentarse ante el juez el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien está preso en Córdoba por las desapariciones y asesinatos de cuatro personas que estuvieron secuestradas en La Perla. Mañana está citado el represor Arturo González Naya y para la semana que viene están previstos los interrogatorios de Antonio Arreche, Juan Sirnio, Marcos Hidalgo y Luis Oviedo.
La intendencia
Bussi quedó detenido a 15 días de la fecha prevista para su asunción como intendente. Sus seguidores, que planean realizar hoy una marcha de protesta, no podrán revivir aquella que hicieron enarbolando escobas por las calles tucumanas cuando su líder fue elegido gobernador. El represor iba a barrer con la corrupción. La figura no se podrá aplicar después de que se descubrieron las cuentas en Suiza y mientras Bussi está esperando ser sometido a un juicio oral por peculado, es decir, la sustracción de fondos públicos por quien tiene que custodiarlos. Este proceso podía haber complicado que el dictador se convirtiera en intendente, pero su detención lo impedirá definitivamente.
Los bussistas reclaman una nueva elección para definir quién ocupará el cargo, pero según la Carta Orgánica municipal es el Concejo Deliberante —de mayoría peronista– el que debe elegir entre sus miembros al nuevo intendente.
Los seguidores de Fuerza Republicana aprovecharon que el arresto se produjo a pocos días de la fallida asunción a la intendencia (cargo que de cualquier manera no le hubiera otorgado fueros) y cerca de las elecciones provinciales del 26 de octubre para presentar el hecho como una persecución política. Pero cualquier fecha les hubiera venido mal. Como a los represores Alfredo Astiz y Menéndez, entre otros más de treinta que están detenidos, a Bussi se le acabó el tiempo de gracia que pasó en libertad gracias a las leyes de impunidad.