- Ricardo Falú, diputado del PJ por Tucumán: “Bussi representa el emblema de lo contra natura en la democracia. Ha violado en los tiempos de la dictadura, como cruel genocida, todas las normas. Y luego se ha servido de la democracia para encontrar la impunidad en un cargo público. Desde el punto de vista de lo judicial, es devolver calma a la justicia como virtud. Y es un generoso aporte de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Institucionalmente significa reanimar a la Justicia como poder, dándole a cada uno lo suyo, y para Bussi lo suyo no es otra cosa que la cárcel. Creo además que desde lo sociológico, aunque al principio va a agrandar las antinomias que existen en mi provincia, con el tiempo va a ayudar a terminar con esas profundas fracturas que existen desde hace más de 20 años. Esto sólo se va a lograr con la salida de Bussi del concierto político y público. Se ha dado un gran paso para deshacerse de esta persona a la que, si tengo que dar mi opinión personal, considero un personaje satánico”.

- Horacio Pernassetti, presidente del bloque de diputados de la UCR: “Es absolutamente positiva esta detención. Más allá de que se tome muchos años después, nunca puede dejar de ser positivo que se haga justicia en este país. De esta forma el señor general Bussi va a tener la posibilidad que le da la democracia de ejercer su derecho a la defensa, el mismo derecho que él les negó a tantas personas. Que haya llegado a ser electo es producto de que la Constitución, que es la que establece los requisitos para ser candidato, dice que un procesado no está impedido. Para eso es necesario que exista una condena o que la persona esté detenida. Ahora Bussi tendrá que dar sus explicaciones a la Justicia”.

- Marcela Bordenave, diputada del ARI: “Creo que esta detención es parte de la búsqueda de la verdad y la justicia y todo lo que se haga en ese sentido me parece positivo. Lo que Bussi perseguía con esta elección era una legitimación de él mismo y de toda una política de impunidad que no puede continuar en un país que quiere fortalecer sus instituciones y su sistema democrático. Lamentablemente no existe una ley nacional a la que todas las provincias deban adherir, que impida que sean electos funcionarios con antecedentes como represores. Pero además estaban las leyes del perdón, y ahora que se han anulado se puede plantear una república en serio. Debe existir una condena, para que la condena social no sea la única. Deberá haber un juicio, y si la Justicia se equivoca, seguramente se utilizarán todas las herramientas hasta llegar a la Corte Suprema o a instancias internacionales”.