El suboficial naval Carlos Galián, jefe de los guardias que custodiaban a los secuestrados de la ESMA, murió el jueves en el Hospital Naval. Jujeño de ojos achinados, conocido en cautiverio por su nombre de cobertura, Pedro Bolita, Galián supo acompañar a las víctimas en los vuelos de la muerte y se encargó junto con el fallecido prefecto Héctor Febres de sacar de la ESMA a varios niños nacidos en cautiverio. Juzgado desde fines de 2012 en el megajuicio de la ESMA, gozó de arresto domiciliario hasta febrero, cuando H.I.J.O.S. lo filmó mientras entraba y salía de su casa de Ciudadela. Recién entonces el Tribunal Oral Federal 5 le revocó el beneficio. Pese a la resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe alojar a represores procesados o condenados en unidades militares, incluidas las que prestan servicios de salud, pasó sus últimas semanas en el Hospital Naval, al que concurre todas las semanas Alfredo Astiz. Murió sin condena y sin aportar información. Tenía 71 años.

Galián gozó de impunidad durante casi 35 años. El 22 de marzo de 2010, por orden del juez Sergio Torres, fue detenido en su casa de Magallanes al 700 en Ciudadela. Si bien había testimonios sobre Pedro Bolita desde los años de la dictadura, fue tras una investigación de los secretarios de Torres y del fiscal Eduardo Taiano, que analizaron legajos y citaron a sobrevivientes para hacer reconocimientos, que se lo pudo identificar. Galián se negó a declarar ante el juez, que ordenó su detención en el penal de Ezeiza, aunque alegando problemas de salud logró el arresto hogareño. También guardó silencio en enero de 2013, en el juicio oral.

Emilio Assales, suboficial de la Armada, fue secuestrado el 11 de enero de 1977. Luego de un mes en cautiverio le inyectaron un somnífero que tardó en hacerle efecto. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra. Lo subieron a un camión y lo trasladaron hasta el área militar del Aeroparque. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron por el número que le habían asignado. Entonces se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero ir al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste, pibe –le respondió Pedro Bolita.

Galián también era juzgado por haber retirado a niños nacidos en cautiverio. Sara Solarz de Osatinsky declaró que fue el encargado, a mediados de 1977, de llevarse al hijo recién nacido de Ana de Castro y a la hija de María del Carmen Moyano de Poblete, ambas desaparecidas. El 7 de septiembre de 1977, junto con Febres, se llevó al hijo de Cecilia Viñas, que fue apropiado por Jorge Vildoza. En enero de 1978 retiró de la ESMA a la hija de Susana Siver de Reinhold y al niño que dio a luz Liliana Pereya. En marzo de 1978 se llevó a Juan Cabandié, que recuperó su identidad.

En febrero último, cuando H.I.J.O.S. probó que Galián violaba el arresto domiciliario y atendía un quiosco en la esquina de su casa, el TOF 5 le revocó el beneficio. Como debía hacerse diálisis tres veces por semana, ordenó que quedara detenido en el Hospital Naval. Defensa advirtió entonces a los jueces que desde 2013, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del hospital Cosme Argerich, estaba prohibido el alojamiento de imputados por delitos de lesa humanidad en unidades militares. El ministro Agustín Rossi les recordó además que existía un convenio con el hospital Posadas para atender allí a los represores cuando no hubiera cupo en hospitales penitenciarios. El administrador del Posadas, consultado por el tribunal, respondió que tenía todas las plazas ocupadas. En el ínterin se le descubrió a Galián un cáncer que lo fulminó en pocos días. El último aporte involuntario a sus compañeros, derivación de la discusión sobre el lugar donde debía estar detenido, fue una reunión del tribunal con los defensores de los marinos que aducen problemas de salud. Pese a la resolución de Defensa que lo prohíbe expresamente, el TOF 5 dictó una medida cautelar para que una docena de represores de la ESMA se siga atendiendo en el Hospital Naval.