El fiscal Luis Comparatore revisará el expediente sobre la operación de contraofensiva, en la que se investiga la desaparición de quince personas en 1980, antes de proponer las medidas de prueba contra el juez Claudio Bonadío por el arresto de los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía. Mientras arranca la causa judicial que impulsó la Cámara Federal, la situación del magistrado también se complicó en el Consejo de la Magistratura, donde dos de sus miembros impulsaron su juicio político.
El juez Norberto Oyarbide, que quedó a cargo de la causa contra Bonadío, casi invitó ayer por radio a Vaca Narvaja y Perdía a presentarse como querellantes. “Se abre la posibilidad para el señor (Mario) Firmenich y los otros que estuvieron detenidos por orden del doctor Bonadío de que se presenten en esta investigación y que lo hagan eventualmente en el rol de querellantes”, aseguró. Los ex dirigentes montoneros aún están disfrutando de su reciente liberación y en los próximos días decidirán si participan activamente en la denuncia.
Oyarbide le dio ayer intervención a Comparatore para que formule el requerimiento, paso necesario para que se considere que una investigación está formalmente abierta. Pero el fiscal pidió antes ver el expediente completo sobre la contraofensiva. Por el volumen de la causa –en la que hay veinte militares presos–, Comparatore tendrá que ir al despacho de Jorge Ballestero para leerla. Ese juez quedó a cargo de la investigación después de que la Cámara apartó a Bonadío. Luego de analizar la documentación, Comparatore pediría las medidas de prueba. Según la Cámara, Bonadío podría haber cometido privación ilegítima de la libertad o prevaricato, es decir, fallar contra derecho intencionalmente.
Los consejeros Eduardo Orio y Beinusz Szmukler enviaron ayer una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Fayt, en la que pidieron que “se tomen las medidas necesarias a fin de investigar la conducta del doctor Claudio Bonadío”. Los consejeros destacaron que “atento a la trascendencia del hecho y a la gravedad de las imputaciones formuladas por el tribunal, que se dieron a conocer por los medios periodísticos, solicitamos se realice la investigación por la presunta comisión de delito y/o mal desempeño”, concluyeron Orio y Szmukler.
Bonadío había arrestado a Vaca Narvaja y Perdía al estimar que eran partícipes necesarios de la desaparición de trece militantes montoneros que regresaron al país en 1980, dentro de la operación de contraofensiva. El juez había considerado que los líderes de la organización fueron responsables por haber creado un “riesgo especial” para sus compañeros por no haber tomado los recaudos necesarios para evitar que fueran secuestrados cuando volvieran al país.
En la dura crítica al juez que firmaron el lunes, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi señalaron que “es difícil de comprender el modo en que ciudadanos particulares, a través de una toma de decisión individual, pudieran prestar un auxilio imprescindible para que los integrantes de la asociación ilícita realizaran los actos delictivos que se les imputan”. Para los jueces, aceptar que “la determinación de regresar a la Argentina durante el período de terrorismo de Estado” es un “aporte indispensable para el ejercicio de la represión ilegal por parte de agentes estatales” es igual a “atribuir responsabilidad penal al vendedor de un costoso automóvil por los delitos de los que pudiera resultar víctima su comprador por la utilización del rodado”.